A 10 días de que se llegue la fecha límite por parte del Gobierno del Estado para presentar el Presupuesto de Egresos 2026, la incertidumbre y posturas diferenciadas prevalecen en la clase política de Nuevo León.
En el transcurso de las dos semanas anteriores, alcaldes metropolitanos y rurales, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil desfilaron por el Congreso local para justificar sus respectivas solicitudes de alza de recursos.
Sin embargo, de entrada ya causó polémica la división de posturas entre alcaldes metropolitanos del PAN y PRI y el gobernador Samuel García, con la solicitud que los ediles lanzaron al pedir un aumento en participaciones del 20 al 30 por ciento.
“Una incorporación mayor a la repartición de recursos del 20 al 30 por ciento”, declaró Daniel Carrillo, alcalde de San Nicolás, el 31 de octubre pasado.
Al día siguiente, el gobernador respondió que a los municipios solo se les daría lo que les corresponde por ley.
“Se les va a dar lo que toca por ley, muy equilibrado, y vamos a apoyar a todos”, contestó.
En ese mismo tenor, 25 alcaldes de la zona rural exigieron un Presupuesto 2026 municipalista, modificar la fórmula de las participaciones, desaparecer el Sistema Estatal de Caminos, y que Agua y Drenaje de Monterrey no facture las obras que realicen los municipios.
Por su parte, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial de Nuevo León pidieron incrementar sus presupuestos en 12 y 37 por ciento, respectivamente, con el fin de construir nuevas sedes, así como contratar personal en distintas áreas.
Laura Perla Córdova, presidenta del PJENL, dijo que requieren un Presupuesto de cuatro mil 810 millones de pesos.
En tanto, Javier Flores, fiscal General, informó que el Presupuesto 2026 es de cinco mil 554 millones y otra partida de 760 millones de pesos, al considerar que la prioridad es la contratación de personal.
Los organismos electorales, más autónomos, y organizaciones de la sociedad civil también acudieron al Congreso para pedir un incremento de recursos.
En ese sentido, el Instituto Estatal Electoral pidió 932 millones; el Tribunal Estatal Electoral, 118 millones; la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 30 por ciento más; el Instituto Estatal de Transparencia, 15 por ciento más; y las organizaciones de la sociedad civil y cuerpos de auxilio pidieron recursos que vayan enfocados en la adquisición de más estaciones de monitoreo ambiental, así como la contratación y equipamiento de más bomberos.
Todas estas peticiones fueron ya cotejadas por parte de la Comisión de Presupuesto para enviarlas al gobernador.
De acuerdo con fuentes, se tiene contemplado que para el miércoles de esta semana el secretario General de Gobierno, Miguel Flores, y el tesorero estatal, Carlos Garza, se reúnan con diputados locales.
mrg
