La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defendió el anteproyecto de presupuesto que aprobó para el ejercicio fiscal 2027 y que fue enviado al Órgano de Administración Judicial (OAJ), al señalar que fue elaborado bajo criterios de austeridad, racionalidad, eficiencia y transparencia.
La postura del máximo tribunal surgió después de los cuestionamientos de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien manifestó su desacuerdo con el aumento presupuestal solicitado y con la restitución de los seguros de gastos médicos mayores para parte del personal.
La Corte informó que durante los ejercicios fiscales 2025 y 2026 enfrentó reducciones importantes respecto de los recursos que originalmente había solicitado.
En 2025, la disminución fue de 12 por ciento, equivalente a 714.4 millones de pesos, mientras que en 2026 alcanzó 11.2 por ciento, es decir, 661 millones de pesos.
Como parte de las medidas de contención aplicadas durante 2026, la SCJN señaló que eliminó diversas prestaciones y apoyos para ministras, ministros y mandos superiores, entre ellos los gastos de telefonía móvil, además de reducir el gasto en gasolina.
También reportó la cancelación del ajuste salarial para todo el personal, la reducción de 83 plazas en áreas administrativas, equivalente a 10 por ciento de la plantilla de esas áreas, y la cancelación de recursos destinados a becas para trabajadores.
Para 2027, el anteproyecto contempla 6 mil 104.5 millones de pesos.
La Corte sostiene que el presupuesto propuesto busca garantizar las condiciones necesarias para que la institución pueda cumplir con sus funciones constitucionales y que alrededor de ocho de cada 10 pesos solicitados se destinarían a cubrir sueldos y prestaciones previstas en la legislación y en las Condiciones Generales de Trabajo.
La institución también aseguró que las remuneraciones contempladas cumplen con los artículos 94 y 127 de la Constitución y que ninguna supera la remuneración establecida para la persona titular de la Presidencia de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente.
Lenia Batres cuestiona aumento de 17.2% al presupuesto de la SCJN
La ministra Lenia Batres Guadarrama cuestionó el incremento presupuestal planteado por la Corte para 2027.
En un oficio dirigido a Néstor Vargas Solano, presidente del Órgano de Administración Judicial, señaló que el pleno aprobó solicitar 6 mil 104 millones 533 mil 140 pesos, cantidad que, de acuerdo con su cálculo, representa un incremento de 17.2 por ciento respecto del presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados para 2026.
Batres consideró cuestionable el aumento debido a que, desde su perspectiva, la Corte pudo funcionar durante este año con un presupuesto reducido y todavía existen áreas en las que podrían realizarse ajustes.
Entre ellas mencionó Protocolo, Atención a Ministros y Atención a Exministros, además de cuestionar los recursos relacionados con las pensiones de exministros y las plazas destinadas a ese propósito.
Según la ministra, la Dirección de Gestión Administrativa de la Corte calculó que estos conceptos representan más de 54 millones de pesos en un caso y 39 millones de pesos en otro.
Batres sostuvo que el incremento solicitado para 2027 prácticamente restituye los recursos que el Congreso redujo para 2026 y advirtió que, de aprobarse, podrían quedar sin efecto los esfuerzos de austeridad realizados previamente.
La ministra afirmó que su posición no busca afectar a los trabajadores, sino reducir gastos que considera susceptibles de ajuste para canalizar mayores recursos hacia las funciones sustantivas del Estado.
El punto de choque: los seguros de gastos médicos mayores
Uno de los principales desacuerdos se encuentra en la propuesta para restituir los seguros de gastos médicos mayores que habían sido eliminados.
La SCJN informó que, por seis votos contra tres, el pleno aprobó incluir una previsión presupuestaria para contratar este tipo de seguro para todo el personal de la institución, con excepción de ministras y ministros.
La Corte aclaró que la contratación estaría sujeta a la disponibilidad presupuestaria en caso de que el presupuesto sea aprobado por la Cámara de Diputados.
Sin embargo, la ministra Batres rechazó la medida y sostuvo que la prestación beneficiaría a más de 300 personas de mandos medios y superiores.
Considera que el artículo 22 de la Ley Federal de Austeridad Republicana prohíbe contratar con recursos públicos determinados seguros y prestaciones para servidores públicos.
Por ello, sostuvo que el seguro no constituye un derecho laboral de los trabajadores y, menos aún, de los mandos superiores, sino una prestación que estaría prohibida por la legislación de austeridad.
Batres afirmó que votó en contra tanto del presupuesto en su conjunto como de la restitución de los seguros médicos.
También solicitó retirar los recursos asignados al personal de su ponencia para el seguro de separación individualizada y el seguro de gastos médicos mayores, correspondientes a 95 personas, al señalar que ni ella ni ese personal han recibido dichas prestaciones desde su ingreso a la Corte.
Irving Espinosa también votó contra los seguros
La discusión no quedó limitada a la ministra Batres, sino que el ministro Irving Espinosa Betanzo informó que también votó en contra de restituir los seguros de gastos médicos mayores durante el análisis del anteproyecto presupuestal de 2027.
Explicó que su decisión responde a una convicción personal, pero también a una consideración de carácter público y constitucional sobre la forma en que deben ejercerse los recursos.
Espinosa sostuvo que el servicio público debe conducirse bajo principios de austeridad, responsabilidad y eficiencia en el uso del presupuesto.
El ministro consideró que el acceso a servicios privados de salud no debe financiarse mediante prestaciones adicionales con recursos públicos, particularmente cuando las personas servidoras públicas ya cuentan con los servicios de salud previstos en la ley.
Su posición, explicó, forma parte de su convicción de impulsar una justicia cercana, austera y sin privilegios, en la que el uso del dinero público sea congruente con los principios constitucionales.
Espinosa añadió que la transformación de la justicia también implica revisar la manera en que se administra el presupuesto de la Suprema Corte y garantizar que los recursos se destinen al cumplimiento de sus funciones.
¿Qué seguro de gastos médicos mayores está en debate?
El seguro que genera la controversia es un Seguro de Gastos Médicos Mayores (SGMM), un producto mediante el cual una aseguradora cubre determinados gastos derivados de enfermedades o accidentes hasta el límite de la suma asegurada establecida en la póliza.
Este tipo de seguro puede cubrir, dependiendo del plan contratado, conceptos como hospitalización, honorarios médicos, medicamentos, tratamientos, aparatos ortopédicos, atención de enfermería y estudios o auxiliares de diagnóstico.
Las condiciones y el costo de una póliza dependen de factores como la edad, sexo, plan contratado, zona geográfica, tabulador médico, deducible y coaseguro.
También pueden existir coberturas adicionales, con un costo extra, como maternidad, emergencias en el extranjero o tratamientos dentales.
En el caso de la SCJN, lo que está en discusión no es simplemente la existencia de un seguro médico, sino si debe utilizarse dinero público para contratar una cobertura privada de gastos médicos mayores para servidores públicos, después de que esta prestación había sido eliminada.
La propuesta aprobada por mayoría contempla al personal de la Suprema Corte, pero excluye a ministras y ministros, y quedaría condicionada a la disponibilidad presupuestaria y a la aprobación del presupuesto correspondiente.
Con información de Rubén Mosso
LG
