La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo la reforma a diversas disposiciones que permitían a los agentes del Ministerio Público (MP) del fuero común en Quintana Roo solicitar la intervención de comunicaciones y la geolocalización en tiempo real de telefonía móvil, pero de manera directa a los jueces.
Por mayoría de votos, el Pleno reiteró el criterio en el sentido de que solo corresponde al titular de cada Fiscalía General Estatal realizar este tipo de peticiones a la autoridad judicial.
Invalidación de reforma provoca tensión en el Pleno
La discusión del tema provocó el enojo de la ministra María Estela Ríos González, quien tomó como un insulto el comentario que realizó el ministro Giovanni Figueroa Mejía tras escuchar su exposición.
La ministra, quien se opuso al proyecto del ministro Arístides Guerrero García, dijo que el derecho y la constitución evolucionan y se tiene que atender a ciertas realidades, a ciertas condiciones históricas que se viven para resolver los problemas.
Por ello, comentó que estaba a favor de las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo, las cuales le permitían hacer solicitudes de manera directa a jueces.
“Y entonces atarnos a una discusión que tiene que ver con el pasado sirve como antecedente, pero no puede ser la base, no puede ser la base para determinar qué ese debe ser el modelo que debe respetarse, y si bien hablamos de que puede haber muchas fiscalías autónomas yo creo que tiene que obedecer a las necesidades de cada estado…”, expresó.
Por su parte, el ministro Giovanni Figueroa destacó que lo que estaba a discusión no es si la autoridad administrativa es la que decide o solicita, sino que es que esa solicitud debe estar centralizada.
“Un argumento al absurdo llevaría a que cualquier autoridad pueda hacerlo, si al final va a ser el juez quien va a decidir. Por otra parte voy a apoyar las consideraciones adicionales que señaló hace un momento el ministro presidente porque el artículo 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales regula esa facultad para solicitar la intervención de comunicaciones privadas, es decir, es atribución del Congreso de la Unión, no de las legislaturas locales, porque se trata de una técnica de investigación que involucra, que involucra el procedimiento penal”, añadió.
Al momento de votarse la propuesta, el ministro Giovanni Figueroa pidió nuevamente la palabra.
“Nada más me gustaría precisarle a la ministra Estela que el argumento al absurdo al que hice referencia en mi anterior intervención es una técnica argumentativa y no es una alusión personal, es cuanto ministro presidente”, declaró.
Sin pedir la palabra, la ministra interrumpió al presidente de la Corte Hugo Aguilar cuando estaba hablando, solo para responderle a Figueroa Martínez.
“Lo tomo como alusión personal porque entonces está diciendo que estoy argumentando al absurdo y no es así”, defendió.
-Muy bien, dijo el presidente de la Corte.
-Solamente con esa precisión, insistió Giovanni
-Y solamente con esa precisión la hago yo, reviró María Estela.
-Muy bien, respondió Giovanni.
Al final, el ministro presidente comentó que se aceptaban todas la precisiones.
PNMO
