Las denuncias de las voces de la comunidad de personas con discapacidad aumentaron, en el último día de audiencias públicas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque las promesas de incluirlos al mundo laboral son falsas y porque sufren burlas en las instituciones.
La activista Jessica Martínez Romero, quien padece disautonomía—condición en la que el sistema nervioso autónomo no funciona correctamente— y que ha sido medallista representando a México en Olimpiadas de Matemáticas, narró a ministras y ministros lo que enfrentó al trabajar en la prisión militar.
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¿Qué dijo la representante de los discapacitados?
“La Secretaría de la Defensa Nacional se rige por valores como disciplina en el altar, sin embargo, pese a tener miles de normas y reglamentos tan estrictos, no saben cómo tratar a una persona con discapacidad, especialmente a las discapacidades invisibles como la mía, la disautonomía”.
Contó que durante su trabajo en la prisión militar, donde impartía talleres para la reinserción de personas privadas de su libertad “la dejaron parada” varias veces en el exterior.
“Un día casi me desmayo, incluso manché mi pantalón porque no me permitieron entrar al baño a cambiarme”.
Esto la llevó a cancelar su taller y solicitar “un ajuste razonable” por su condición, pero aseguró que esto se volvió una barrera, porque le pidieron un certificado de incapacidad, “no de discapacidad”.
Su exposición arrancó los aplausos de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Sara Irene Herrerías Guerra.
Marco Antonio Hernández Hernández, subdirector de Agendas y Discriminación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), quien necesita hacer uso de silla de ruedas, criticó la “parálisis legislativa” que ha implicado la ausencia de personas con discapacidad en el diseño y la toma de decisiones sobre asuntos que les afectan.
Advirtió que no se ha logrado consolidar la garantía de este derecho por diversos factores, entre ellos, porque “el legislativo no ha querido o no ha podido resolver”.
Opiniones divididas
Lucía Porfío Dámaso, invidente e integrante de la asociación Inclusión con Equidad, fue una de varias personas que agradecieron a la ministra Lenia Batres Guadarrama por visibilizarlos. Pero dejó claro que, al igual que otros, tampoco comparte su proyecto.
“También quiero aprovechar desde esta iniciativa de la ministra Lenia que, a pesar de que no estoy a favor de la propuesta, la felicito porque se ha atrevido a mover algo”.
Cuestionan proyecto de Lenia Batres
Francisco Javier Munguía, de la organización Yo también A.C., cuestionó la propuesta de la ministra Batres que propone abandonar el criterio que ha permitido a la Corte invalidar leyes por falta de consulta.
Citó un informe de la organización Disability Rights International de 2019, titulado Crímenes de Lesa Humanidad, décadas de violencia y abuso en las instituciones para niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad, en el cual se documentan graves violaciones a los derechos humanos. El texto, indicó, refiere al albergue La Gran Familia, ubicado en Michoacán.
“Tras enlistar los hallazgos de este centro en Michoacán, les pregunto, ministras, ministros, pero particularmente a usted, ministra Batres, ¿en verdad el derecho a la consulta y participación de las personas con discapacidad debe ocurrir hasta después de cometidas todas estas atrocidades?”
La ministra Yasmín Esquivel fue la única de los togados que aplaudió.
Discriminación contra discapacitados
Edgar Emilio Arias Vital, integrante del Parlamento de Personas con Discapacidad 2025, habló de la discriminación que sufre este sector. Reprochó que las Ferias de Trabajo para personas con discapacidad no son efectivas, porque nunca les llaman.
“Cuando acudes a ella presencialmente y dejan sus datos… y así puede pasar un mes, seis meses o un año… tú sigues en espera de que te llamen, a veces no te dan explicación alguna de por qué no te han llamado y bloquean tu llamada.”
Intervención del presidente de la Corte
María Milagros Castro Rocha, del Movimiento de Personas con discapacidad del Estado de Sinaloa, dijo estar “alarmada” por el proyecto de Batres, porque se propone un cambio de criterio que en la práctica devalúa la consulta a las personas con discapacidad tratándolas como un mérito trámite opcional. Pidió a los ministros rechazarlo.
“¿Quién tiene la autoridad moral y vivencial para decidir qué es bueno para nosotros sin nosotros? Las intenciones no bastan, las leyes construidas desde un escritorio sin la experiencia de quienes vivimos la realidad día con día no solo fallan, discriminan… Si esta Suprema Corte valida este criterio estará enviando un mensaje devastador a más de 6 millones de mexicanas y mexicanos”.
Luego de tres días de audiencias públicas, las ministras y ministros agradecieron a los más de cien participantes por haber alzado la voz y denunciar que hay leyes que no favorecen a la comunidad de personas con discapacidad.
El presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, manifestó que buscarán la manera de encontrar criterio que los favorezca.
“Y tengan ustedes la plena seguridad que hay toda la buena fe, yo eso he encontrado en esta nueva composición de la Corte, hay toda la disposición de ir avanzando hacia una sociedad más justa, más digna, más igualitaria, más inclusiva, para todos y para todas. Yo estoy seguro de que con esa visión, con esa convicción, vamos a encontrar una solución favorable al tema que nos ocupa”, finalizó.
¿Qué se sabe del proyecto de Lenia?
El miércoles 22 de octubre, personas que han seguido las sesiones públicas, indicaron a MILENIO que, un día antes, la ministra Lenia Batres señaló que se invalidó una norma que favorecía a las personas con discapacidad, derivado de una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Electoral de Baja California.
Sin embargo, omitió indicar que el Congreso estatal tenía 12 meses para realizar la consulta. Tampoco dijo que gracias a la resolución de la Corte se llevó a cabo la consulta con todos los estándares internacionales.
En dicha consulta participaron más de mil 200 personas. La sentencia fue relevante porque permitió a los partidos políticos cumplir con su obligación de postular candidatos con alguna discapacidad en el pasado proceso electoral.
RM
