Con 17 votos a favor, 14 en contra y una abstención, el Congreso local votó en contra de la iniciativa emitida por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, que pedía hasta 10 años de cárcel para los transportistas y concesionarios del transporte público y mercantil que incurrieran en irregularidades, como usar unidades pirata.
Esta norma también solicitaba que los corralones en Puebla y el servicio de arrastre fueran entregados mediante concesiones, ya que había acusaciones que señalaban que sus operadores también utilizaban grúas pirata para proveer este servicio.
Fue la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia quien solicitó que la reforma regresara a Comisiones para ser revisada, ya que a su parecer no estaba debidamente sustentada para ser aprobada en su totalidad.
Aunque la mayoría de la fracción de Morena, PES y PT votaron a favor de su aprobación, las bancadas del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Compromiso Por Puebla y PSI, así como el diputado independiente Marcelo García Almaguer, rechazaron darle su respaldo a la iniciativa.
La propuesta también incluía a los conductores de plataformas como Uber, Didi, Cabify, entre otras, que proveían servicios fuera de la aplicación.
Los acreedores a esta sanción serían sentenciados con 8 meses o hasta 10 años de cárcel, o una multa económica de hasta 43 mil pesos.
mpl
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