Este 2025 fue el primer año completo de Claudia Sheinbaum al frente del Ejecutivo federal, para iniciar el segundo sexenio de la llamada Cuarta Transformación.
Como Presidenta, una de sus facultades es enviar al Congreso de la Unión iniciativas de reformas constitucionales o, en su caso, retomar proyectos anteriores.
Te recomendamos
Esto derivó en dos intensos periodos legislativos en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, siendo un año donde se aprobaron más de 20 reformas.
Algunas de ellas causaron polémicas, fuertes discusiones en los recintos legislativos y protestas de la ciudadanía, mientras que otras fueron reconocidas por un amplio sector del país.
En MILENIO, te presentamos un recuento de las iniciativas más importantes.
Aumento de aranceles a China, Corea y otros países
Este año se avaló en fast track la reforma a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación para ajustar mil 463 fracciones arancelarias e imponer cuotas de entre cinco y 50 por ciento a productos de China, Corea del Sur, Brasil y otros países sin acuerdos comerciales con México.
El alza de aranceles impactará a 17 sectores industriales, principalmente autopartes, autos ligeros, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, juguetes, textil, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, aluminio, remolques, vidrio y cosméticos.
“La medida propuesta en la iniciativa se enfoca en un conjunto de países que mantienen una participación significativa en el flujo comercial hacia México, entre ellos China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica”, señala la minuta avalada.
El proyecto detalla que muchos de los productos que antes tenían un impuesto de importación de entre cinco y 25 por ciento, en lo sucesivo pagarán desde 20 hasta 35 por ciento, siendo este último el arancel predominante.
Ley Aduanera
Este año se aprobaron las reformas a la Ley Aduanera, con una modificación en su artículo primero transitorio que establece que la norma entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026.
Esta iniciativa busca endurecer las medidas de control fiscal y los trámites para la importación y exportación de mercancías, con el objetivo de combatir el tráfico de combustibles, la corrupción en el sector y las operaciones de la delincuencia organizada en el contrabando.
Además, pretende frenar la evasión y elusión fiscal derivada de la introducción de mercancías al país.
Ley de Amparo
Se avaló la reforma en materia de amparo, con cambios en la redacción enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de las propuestas hechas durante las audiencias públicas.
La reforma otorga mayor certeza jurídica, homologa plazos y garantiza un acceso efectivo a la justicia. Además, define los alcances del interés legítimo y reconoce que pueda ser individual o colectivo.
La suspensión del acto reclamado se mantiene como instrumento esencial de protección, pero se establecen límites en casos sensibles, como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, actividades sin concesión y deuda pública, y se mantiene en la protección al mínimo vital, salarios, alimentos y vivienda. Se protege a la persona sin permitir que la suspensión sirva para encubrir actividades ilícitas ni lesivas para el desarrollo del país.
Reforma contra extorsión
En el Senado, se aprobó por unanimidad la reforma al artículo 73 de la Constitución, busca fortalecer el combate al delito de extorsión, proyecto promovido por la Presidenta.
Esto responde a la disparidad normativa entre el Código Penal Federal y las leyes locales, situación que provoca que el combate a la extorsión sea deficiente y que la delincuencia organizada utilice las antinomias jurídicas para evadir la justicia.
De ahí que se busque establecer en la Constitución la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de extorsión y, con ello, evitar una indebida fragmentación jurídica que impacta en la procuración e impartición de justicia y provoca inseguridad para las víctimas.
Además, establece el tipo penal, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones, con el objetivo de prevenir, investigar y sancionar esta conducta e incorporar al marco legal los mecanismos efectivos para la atención de las víctimas, ofendidos y testigos.
Ley de Guardia Nacional
Este año también se aprobó la nueva ley de la Guardia Nacional que establece a esta corporación como una fuerza de seguridad pública, de carácter permanente, conformada por personal militar con formación policial.
Con esta nueva ley, se establecen las responsabilidades de la persona titular de la Secretaría de la Defensa Nacional para organizar, equipar, educar, adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar a la Guardia Nacional y a los elementos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como de implementar las políticas, programas y acciones que deriven de esta.
Asimismo, tendrá la facultad de proponer el informe anual de las actividades de la Guardia Nacional, nombrar a las personas titulares de las Coordinaciones Territoriales, Estatales y de Unidades Circunstanciales.
Autorizar la subscripción de los convenios de coordinación con las entidades federativas y municipios respecto a la participación de la Guardia Nacional, sus manuales de organización y funcionamiento, los programas operativos y estratégicos.
También los planes y programas de capacitación y profesionalización; organizar la distribución territorial de la Guardia Nacional y autorizar adecuaciones a la estructura orgánica de la misma a propuesta de la Comandancia o de la Fuerza de Seguridad Pública.
Ley Antimonopolio
Se avaló el dictamen a la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum para reformar la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
El objetivo de la iniciativa es crear la Comisión Nacional Antimonopolio, organismo que sustituirá a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), con facultades ampliadas para garantizar la libre concurrencia y combatir prácticas monopólicas en todos los sectores económicos del país.
Esta propuesta es parte de la reforma constitucional de simplificación orgánica publicada el 20 de diciembre de 2024, y plantea la transformación de Cofece en un organismo público descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Economía.
El nuevo ente tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, y contará con cinco comisionados propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
Extinguir al Coneval
El Congreso aprobó la iniciativa que extingue al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y transfiere sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que busca consolidar en una sola institución la generación de datos y la evaluación de la política social en México.
La reforma armoniza la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la Ley General de Contabilidad Gubernamental con lo dispuesto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución.
Su propósito central es optimizar recursos, eliminar duplicidades y fortalecer la coherencia técnica en la evaluación de las políticas sociales del país.
Se establece que el Inegi será responsable de:
- 1 Medir la pobreza en México
- 2 Emitir recomendaciones
- 3 Coordinarse con autoridades de los tres órdenes de gobierno
- 4 Actualizar lineamientos técnicos de medición de la pobreza
Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos
Esta ley origina la creación de la Ley Nacional para Eliminar los Trámites Burocráticos a través del mecanismo LlaveMX.
Entre otros aspectos, prevé suprimir, simplificar, digitalizar y homologar trámites de los tres órdenes de gobierno, a fin de reducir los costos burocráticos y los actos de corrupción.
Ley Federal de Protección al Consumidor
Se aprobaron reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor para que suscriptores cancelen servicios sin ser sometidos a penalidades.
El objetivo de la iniciativa es fortalecer la transparencia y los derechos de las personas usuarias en transacciones realizadas a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.
El dictamen establece nuevas obligaciones para los proveedores que ofrecen bienes y servicios en plataformas digitales, especialmente en aquellos casos donde existan cobros automáticos o suscripciones recurrentes.
Entre los puntos centrales del proyecto se dispone que:
- Información clara y accesible: El proveedor deberá informar de manera clara, destacada y accesible si el servicio contratado implica cobros automáticos recurrentes, especificando la periodicidad, monto y fecha de cobro.
- Consentimiento expreso: Cualquier cargo recurrente deberá contar con el consentimiento expreso e informado del consumidor, a fin de evitar cobros no autorizados.
- Notificación previa a la renovación: Se deberá notificar al menos con cinco días naturales de anticipación la renovación automática del servicio, otorgando al consumidor la posibilidad de cancelarlo sin penalización alguna.
- Cancelación inmediata: El proveedor tendrá la obligación de implementar un mecanismo que permita la cancelación inmediata de servicios, suscripciones o membresías, sin obstáculos innecesarios y sin contravenir las disposiciones contractuales.
Reforma contra abuso sexual
Esta reforma se aprobó bajo la premisa de que el abuso sexual lesiona la integridad corporal y psicológica de la víctima, ya que implica un contacto físico o una exposición forzada que puede generar daños permanentes, tanto físicos como emocionales.
Se establece en el Código Penal que el consentimiento no podrá presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima.
¿Cuál será el castigo?Sanciones
A quien cometa este delito se le impondrá una sanción de tres a siete años de prisión y multa de doscientas a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Además, se impondrá la obligación de acudir a talleres reeducativos con perspectiva de género y no violencia contra las mujeres y/o prestar servicio social en favor del Estado o de instituciones de beneficencia pública.
Las penas aumentarán una tercera parte cuando el delito se cometa con violencia física, psicológica o moral; por dos o más personas, en un lugar despoblado, solitario o poco accesible.
También cuando exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de confianza, sentimental, de parentesco por consanguinidad o afinidad, laboral, educativa, docente, de formación deportiva, artística o religiosa.
Creación de CURP biométrica
Para fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas con un enfoque tecnológico, interinstitucional y de derechos humanos, se aprobaron reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y la Ley General de Población.
Plantea crear la Plataforma Única de Identidad que integrará registros como el de personas desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros archivos administrativos con bases de datos que permitan realizar búsquedas en tiempo real a través de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
Te recomendamos
Se establece que la CURP biométrica, que incluirá huellas dactilares y fotografía, se convertirá en el documento de identificación nacional y tendrá un monitoreo en “tiempo real” para permitir búsquedas continuas y exhaustivas. Será utilizada tanto en formato físico como digital.
Además, se impone la obligación a autoridades de los tres niveles de gobierno, así como a particulares que administren bases de datos biométricos, de permitir el acceso a esta información a instancias como la Fiscalía General de la República, fiscalías estatales, el Centro Nacional de Inteligencia y cuerpos de seguridad, para facilitar las labores de búsqueda.
Ley de Telecomunicaciones
La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión plantea una reestructura profunda del marco regulatorio del sector.
Entre los cambios más significativos se encuentra la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que asumirá sus funciones como nueva autoridad reguladora.
Ley de Lavado de Dinero
La reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita busca fortalecer la legislación para prevenir e investigar el lavado de dinero, garantizar la estabilidad del sistema financiero, cumplir con estándares internacionales y proteger la integridad de la economía nacional.
Se busca prevenir que recursos ilícitos contaminen la sanidad del sistema financiero nacional, afectando la confianza de inversionistas y la solidez del mercado, así como cumplimiento de compromisos internacionales.
Además, afirmó, prevé medidas simplificadas para sectores de bajo riesgo, como algunas organizaciones sin fines de lucro y entidades públicas; incorpora reglas específicas y sistemas automatizados para el monitoreo de personas políticamente expuestas; y mejora los sistemas de cumplimiento, exigiendo capacitar al personal, realizar auditorías en entidades de riesgo alto, implementar sistemas automatizados de monitoreo y gestionar reportes electrónicos de operaciones sospechosas, incluyendo aquellas no concluidas.
También se actualizan definiciones de importancia como relación de negocios, amplían la lista de actividades vulnerables, como el desarrollo inmobiliario, los activos virtuales y los fideicomisos, y precisa obligaciones para notarios y corredores públicos en su colaboración antilavado.
Creación de Unidad de Anticorrupción y Transparencia
Se aprobó también la creación de una nueva área administrativa al interior de la Contraloría Interna, denominada Unidad de Anticorrupción y Transparencia, que será la responsable de auxiliar en dichas tareas.
El documento plantea adicionar dos incisos al artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Con ello, se busca armonizar a dicha ley con la legislación en la materia para otorgar expresamente facultades y estructura administrativa a la Contraloría Interna del Senado, y así garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales.
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
Se parobaron reformas a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que, entre otros objetivos, busca simplificar la carga fiscal en la exploración y extracción de petróleo y gas.
También establece un derecho ajustable único llamado Derecho Petrolero para el Bienestar, que fija tasas de 30 por ciento para el petróleo y 11.6264 por ciento para el gas.
A su vez, elimina de la Ley los Derechos de Utilidad Compartida, de Extracción de Hidrocarburos y de Exploración de Hidrocarburos.
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
Esta iniciativa realizó reformas a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para endurecer sanciones y reforzar el control del armamento en el país.
Además, se actualiza el marco legal y se permite que integrantes de empresas públicas y órganos autónomos como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otros, puedan portar armas en el desempeño de sus funciones de seguridad.
Los legisladores establecieron penas de hasta 45 años de prisión y multas superiores a 339 mil pesos a quienes introduzcan de forma ilegal a territorio mexicano armas, municiones, cargadores o explosivos de uso exclusivo del Ejército.
EL DATOEndurecen sanciones
Según el dictamen, las penas más altas se aplicarán a quienes trafiquen, comercialicen, adquieran o fabriquen ilegalmente armas, cuando estas conductas sean cometidas por servidores públicos, integrantes de corporaciones policiales, elementos de las Fuerzas Armadas o personal de seguridad privada.
Ley de Inteligencia
Se avaló este año la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública que prevé el acceso de las instituciones del Sistema Nacional de Investigación a Inteligencia a todas las bases de datos personales, biométricos, telefónicos, vehiculares, financieros, bancarios, entre otros, en poder del gobierno y de particulares.
Entre los objetivos del sistema, resaltan diseñar y ejecutar mecanismos de coordinación y colaboración para que la información contenida en registros, registros administrativos, bases de datos y demás fuentes de información sean consideradas de utilidad para las tareas de inteligencia en seguridad pública en posesión de las autoridades y de particulares.
Además, aprovechar las herramientas tecnológicas y científicas de inteligencia para consultar, acceder, procesar, sistematizar, analizar y utilizar la información en la creación de bases de datos y productos de inteligencia mediante el análisis criminal, para la prevención del fenómeno delictivo.
También contar con una plataforma de inteligencia a cargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), interconectada a los sistemas de inteligencia de las instituciones de seguridad pública del Estado mexicano, así como a los registros y bancos de información en posesión de cualquier otra institución pública.
En cuanto al CNI, podrá consultar, procesar, sistematizar, integrar, analizar y, en general, utilizar la información a la que tenga acceso a través de los mecanismos de coordinación y colaboración del Sistema Nacional. Asimismo, realizar investigaciones para la prevención de los delitos mediante el uso de cualquier tecnología.
Fortalecimiento de la soberanía nacional
El Congreso de la Unión aprobó las reformas a los artículos 19 y 40 de la Constitución Política en materia de defensa y fortalecimiento de la soberanía nacional ante amenazas de intervenciones del exterior.
El proyecto avalado ya por el Senado de la República prevé agregar dos párrafos al artículo 40 constitucional:
“El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero, que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea ésta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.
“Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables”.
Asimismo, considera incluir el terrorismo en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y que se enlistan en el artículo 19 de la Constitución.
Establece, además, en este mismo artículo que “a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.
Reforma al servicio ferroviario
El Congreso, además, avaló la reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; la Ley de Vías Generales de Comunicación, y la Ley General de Bienes Nacionales, en materia ferroviaria.
Dicha reforma contempla la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, como organismo descentralizado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con atribuciones en planeación, regulación y supervisión del sistema ferroviario.
Además, introduce asignaciones directas a entidades públicas, actualiza sanciones, obliga a contratar seguros para daños y refuerza la protección jurídica de los usuarios.
Ley de Aguas
En fast track, la mayoría oficialista en el Senado aprobó en lo general y particular, la nueva Ley General de Aguas, cuyo objetivo es reglamentar el ejercicio del derecho humano al líquido, retomar y fortalecer la rectoría del Estado en el dominio y administración de las aguas nacionales.
Avaló uno a uno los ejes que modifican el uso, transmisión y penalización en torno al recurso hídrico.
Entre los puntos más relevantes en la norma destacan:
- Restricciones a transmisión de derechos
- El nuevo artículo 22 limita la transmisibilidad de concesiones y asignaciones. Solo habrá reasignación en casos de compraventa de propiedad, herencias o fusiones, y deberá resolverse en un máximo de 20 días hábiles.
- Prórrogas más claras (artículo 24)
- Los concesionarios podrán solicitar prórroga hasta tres años antes del vencimiento, y no después de seis meses antes de la expiración.
- Cambios de uso en actividades agrícolas (artículo 49).
- La venta de tierras agrícolas no será considerada cambio de uso si permanece en actividades agropecuarias o acuícolas.
- Penas por traslado ilegal de agua (123 Bis 3).
- Hasta 50 mil litros: tres a cinco meses de prisión.
- Más de 50 mil litros: seis a ocho meses.
- Castigos más severos a funcionarios (123 Bis 5).
- Pasan de uno–ocho años a dos–14 años para quienes otorguen concesiones a cambio de beneficios personales.
- Candados contra acaparamiento (transitorios).
La Conagua deberá implementar un programa para prevenir concentraciones excesivas de agua. Además, durante la implementación de la ley se deberá asegurar una “gestión hídrica responsable”.
Ley General de Economía Circular
Se aprobó la Ley General de Economía Circular, con el objetivo de cuidar y conservar el medio ambiente con políticas y mecanismos que incrementen la vida útil de los productos, y minimicen, recuperen, aprovechen y valoricen los residuos. El proyecto de decreto fue enviado al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
El proyecto de decreto también reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Define la concurrencia de atribuciones entre la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en esta materia; instituye e impulsa mecanismos directos e indirectos de circularidad ambiental, técnica y económicamente viables que se apliquen a materiales, residuos y productos.
Además, crea el Sistema Nacional de Economía Circular, que tiene como objetivo la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para el cumplimiento de los criterios y principios establecidos en esta ley.
Prohibición de vapeadores y cigarrillos electrónicos
Las reformas a la Ley General de Salud prohíbe la adquisición, producción, fabricación, importación, exportación, venta y suministro de los cigarrillos electrónicos y vapeadores.
El dictamen establece de manera explícita que ni el consumo, ni la posesión para uso personal constituirán una infracción.
EL DATOLas penas por incurrir en el delito
Se prevén sanciones de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA (alrededor de 226 mil 280 pesos) a quienes desacaten el ordenamiento.
Las sanciones aplicarán únicamente para quienes, con fines de comercio o lucro, busquen adquirir, distribuir, transportar o almacenar vapeadores y cigarrillos electrónicos.
“Solamente aquellos que producen, comercializan y obtienen lucro indebido de ellos son los que van a ser sancionados”, señala el documento aprobado.
Te recomendamos
Con información de Liliana Padilla, Silvia Arellano, Omar Brito, Fernando Damián
EHR
