En el debate por la nueva reforma electoral promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, los dos aliados de Morena se resisten a perder la suculenta fuente de ingresos que les ha permitido, entre otras cosas, construir un patrimonio millonario.
MILENIO es testigo de que el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), piezas indispensables para que la 4T logre la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, han comenzado a mostrar resistencia ante una eventual iniciativa que proponga eliminar a los legisladores plurinominales y recortar el financiamiento público a los partidos, dos pilares que durante años han apuntalado su supervivencia y prosperidad.
El caso del PT es muy ilustrativo. Hoy administra una fortuna inmobiliaria valuada en alrededor de 230 millones de pesos. Aunque su votación apenas supera el cinco por ciento del electorado, tan sólo en 2025 recibió casi 680 millones en prerrogativas y este año tendrá a su disposición 703.1 millones, recursos públicos que explican por qué la austeridad electoral genera nerviosismo entre sus dirigentes, pues adelgazaría su principal (y casi única) fuente de ingresos.
El PVEM, fiel a su tradición de pragmatismo político, tampoco parece entusiasmado con cambiar las reglas que lo han favorecido. Con una votación de algo más del ocho por ciento, en 2025 recibió 838.1 millones de pesos de recursos públicos, y este año serán 869.4 millones, cifras que contrastan con la discreción con la que reporta su patrimonio. De manera oficial, el partido sólo transparenta dos inmuebles en la Ciudad de México, valuados en 43.9 millones de pesos.
Así, mientras desde Palacio Nacional se insiste en que la reforma electoral busca abaratar la democracia y fortalecer la representación ciudadana, sus aliados más cercanos parecen preocupados por no poner en riesgo los beneficios que les ha dejado el modelo vigente.
La defensa de los plurinominales y del financiamiento público deja ver que la alianza con Morena tiene límites muy claros: los que marca el presupuesto. Paradójicamente, fue su unión con el lopezobradorismo lo que abultó sus votos y engordó sus bolsillos.
Esta es la quinta parte de la serie Ladrillos políticos: fachadas y grietas, un esfuerzo de MILENIO por rastrear en fuentes públicas toda la riqueza inmobiliaria de los partidos políticos nacionales en México. La información proviene del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot).
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se mantiene como líder con un patrimonio de casi 655 millones de pesos, seguido de Acción Nacional (PAN), con inmuebles que suman cerca de 400 millones. Por su parte, Morena acumula bienes por 220 millones y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se despidió de la vida pública nacional con edificios valorados en 200 millones.
PT: bienes por casi 230 mdp
Con más de dos décadas de vida, el PT y el PVEM –junto con Movimiento Ciudadano– son los últimos sobrevivientes de una serie de minipartidos políticos que fueron perdiendo su registro a lo largo de los años al no reunir el mínimo de votación requerida para seguir existiendo.
Los tres se caracterizan por ser controlados desde su fundación, de manera abierta o tras bambalinas, por el mismo grupo político: Alberto Anaya, el PT; Dante Delgado, MC, y la familia González Torres, el PVEM.
El PT es un partido de izquierda fundado en 1990 que en elecciones federales habitualmente alcanza votaciones de menos de cinco por ciento del electorado e incluso, en 2015, estuvo a nada de desaparecer al no superar el umbral requerido de ttres por ciento. Unos comicios extraordinarios en Aguascalientes ese mismo año le permitieron rasguñar los cuatro mil votos que le faltaban para sobrevivir.
Desde entonces este instituto político ha aprovechado su alianza con Morena para catapultar su votación, de suerte que en la última elección federal obtuvo casi 3.3 millones de sufragios para la Cámara de Diputados, lo que representó 5.48 por ciento de la votación.
Si hacemos caso a lo que reporta en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot), en 35 años de historia ha acumulado 25 propiedades con un valor de 229.5 millones de pesos. La más costosa de todas es su sede nacional ubicada en Av. Cuauhtémoc 47, en la gentrificada colonia Roma. Se trata de un edificio, incluida la planta baja, de seis niveles en colores rojo y crema valuado en 176.4 mdp.
El segundo inmueble de mayor cuantía también se localiza en la capital, pero en Oriente 107 número 3162, colonia Bondojito, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Según la información, este sitio sirve como bodega e imprenta del partido y tiene un valor de 12.2 mdp. La tercera propiedad más costosa, de 4.3 mdp y también en la Ciudad de México, alberga unas oficinas que funcionan como sede alterna de la dirigencia nacional; se localizan en Manuel María Contreras 6, colonia San Rafael, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Luego siguen las sedes de sus dirigencias estatales en los estados de San Luis Potosí (Julián de los Reyes 535), Durango (Hidalgo 139 Sur) y Zacatecas (Av. Universidad 224), donde se forjaron algunas de las organizaciones sociales que dieron vida a este instituto político. Estas tres propiedades están valuadas en 3.3, 3.2 y 3.1 millones de pesos, respectivamente.
El top 10 de sus bienes más onerosos lo completan sus oficinas estatales de Morelos (Chulavista 202), de 2.9 mdp; Veracruz (Sebastián Camacho 7), de 2.9 mdp; Jalisco (Francisco Zarco 333), de 2.5 mdp, y Michoacán (Av. La Paz 271), también de 2.5 millones. El resto de su patrimonio se distribuye en Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.
El flujo de recursos con el que cuenta este instituto político es aún más grande. Entre 2018 y 2026 pasó de recibir 381.5 millones de pesos a 703.1 millones, un aumento de 84 por ciento.
PVEM: entre la abundancia y la opacidad
En agosto de 2023, el Partido Verde presumió que desde un año antes había comprado un edificio de 29 millones de pesos (mdp) en San Luis Potosí, entidad federativa que gobierna este partido, para que sirviera como su centro neurálgico de operaciones en el estado. El entonces dirigente estatal, Eloy Franklin Sarabia, añadió que le inyectarían más dinero para rehabilitarlo y convertirlo en un edificio autosustentable.
Sin embargo, el instituto político sigue sin reportar esta propiedad en el Sipot. De hecho, casi no hace pública ninguna de sus posesiones estatales. Lo único que reconoce como propias son su sede nacional y las oficinas de su dirigencia en la Ciudad de México, las cuales suman 43.9 millones de pesos.
Este instituto político es un poco más viejo que el PT, si se considera su creación en 1986 como Partido Verde Mexicano. Se trata también del partido más camaleónico al aliarse lo mismo al PAN de Vicente Fox Quesada en el año 2000, que al PRI de Enrique Peña Nieto en el 2012 o a la llamada cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador a partir de diciembre de 2018.
Es esta misma capacidad camaleónica de sumarse al ganador en turno lo que le ha permitido no sólo sobrevivir, sino ir ganando terreno en el ámbito electoral. Tan sólo en 2024 obtuvo una votación histórica de casi cinco millones de votos, lo que representó el 8.41 por ciento de la votación que terminó reconfigurando la Cámara de Diputados. Incluso se ha dado el lujo de colocar como gobernadores a dos de los suyos: Manuel Velasco Coello en Chiapas entre 2013 y 2018, y Ricardo Gallardo Cardona en San Luis Potosí desde septiembre de 2021.
Como se señaló y de acuerdo con los registros del Sipot, el instituto fundado por Jorge González Torres sólo reporta un patrimonio de dos inmuebles, ambos en la Ciudad de México. El primero, su sede nacional, se localiza en Cerrada Loma Bonita 18, colonia Lomas Altas, alcaldía Miguel Hidalgo, y está valuado en 28.4 millones de pesos. En tanto que el segundo, que es el centro de operaciones de su comité directivo en la capital, consta de tres predios (Lafayette 84, 88 y 90, en la colonia Anzures) que juntos valen 15.5 millones.
En la mayoría de las entidades no registra un inventario ni señala explícitamente contar con propiedades. Eso sí, reporta que renta inmuebles en Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Morelos, pero sin especificar los montos del alquiler, mientras que en Nuevo León opera desde unas oficinas que afirma tener en comodato.
Su “modesto” patrimonio contrasta con la cantidad de recursos públicos que recibe año con año. Sólo entre 2018 y 2026 sus prerrogativas pasaron de 582.9 millones de pesos a 869.4 millones, un incremento de 49 por ciento.
Además de riqueza, acumulan poder
La alianza que PT y PVEM tejieron con la 4T les ha permitido engordar no sólo sus bolsillos, sino también su poder en ambas cámaras del Congreso de la Unión, de suerte que sus votos son necesarios si es que Morena quiere que la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum tenga futuro.
En 2012, los petistas ganaron apenas 11 curules en San Lázaro y seis en el Senado. Su alianza con el lopezobradorismo los catapultó a 44 diputados federales en 2018 y a 49 en 2014. En la Cámara Alta se mantuvo todos estos años con seis legisladores.
El PVEM sufrió un descalabro de 2012 a 2018 al ir todavía en alianza con el PRI durante esas elecciones: su fuerza legislativa cayó de 27 a 11 diputados y de nueve a siete senadores. No tardó mucho en entender los nuevos tiempos políticos y subirse al barco morenista, lo que le redituó en ganar 62 diputaciones y 14 senadurías en las últimas elecciones federales de 2024.
Este poder, que paradójicamente se los entregó la ola guinda, hoy podría frenar –o por lo menos diluir– una de las reformas más ambiciosas de la 4T, pues ambos partidos se oponen a la reducción de recursos y plurinominales.
Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo en San Lázaro, aseguró que la reforma ni necesaria era. Y el PVEM, en voz del senador Luis Armando Melgar, también rechazó “entrar siquiera al debate” de una iniciativa que toque a los legisladores plurinominales.
Aunque la propuesta formal aún no se ha presentado, la resistencia de petistas y verdes ya es evidente. Y una reforma sin el consenso de los aliados de Morena está destinada al fracaso.
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