Todos los poderes judiciales locales del país están reprobados en justicia abierta y transparencia, señala el informe (In) Justicia abierta, ranking de opacidad judicial en México, presentado por “Equis justicia para las mujeres” en coordinación con la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado.
El texto destaca que en 18 entidades federativas, el Poder Judicial local no reconoce ni registra el número de sentencias emitidas; únicamente el Poder Judicial de Durango publica todas las sentencias que emite, mientras que ningún Poder Judicial local del país cumple con su obligación de implementar políticas de transparencia pro-activa.
Al respecto, Clemente Castañeda Hoeflich, presidente de la Comisión de Transparencia, dijo que es alarmante que los Poderes Judiciales en ninguna entidad federativa alcancen 50 por ciento de puntuación general en materia de transparencia sobre las sentencias emitidas, y que de manera generalizada nieguen su carácter de interés público.
Particularmente, se refirió al caso de Jalisco, estado que representa, y señaló que ocupa el lugar 23 del ranking, con sólo 12.5 puntos de cumplimiento de 100. No cuenta con información sobre el número de sentencias emitidas, y no considera ninguna como de interés público. Por lo tanto, no publica ninguna.
“Es reprobable el nulo compromiso con la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana del Poder Judicial de Jalisco”, comentó.
Adelantó que próximamente presentará una iniciativa que plantea reformar el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para que todas las sentencias sean públicas, ya que actualmente los Poderes Judiciales sólo publican las que consideran de interés público, disposición que calificó como ambigua.
Indicó que es un obstáculo al principio de progresividad del derecho a la información y a la máxima publicidad, ya que deja a criterio de los Poderes Judiciales locales determinar qué es de interés público y qué no.
Calificó como “importante” que las sentencias sean públicas para evaluar y monitorear los procesos judiciales. Señaló que la reforma que anunció, serviría para detectar y combatir prácticas injustas, discriminatorias, sesgos y conflicto de interés en las decisiones judiciales.
Con información de Angélica Mercado.
evl
