El Órgano Interno de Control del INE tipificó como una conducta grave, la votación del Consejo General para pausar la revocación de mandato de 2021, por lo que el caso ya escaló al Tribunal de Justicia Administrativa que resolverá si sanciona con multas, inhabilitaciones o destituciones, mientras el contralor Víctor Hugo Carvente Contreras se negó a responder sobre el porqué reactivó una denuncia de hace cuatro años.
Como MILENIO dio a conocer, el consejero Jaime Rivera y las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala fueron citadas a comparecer ante el Órgano Interno de Control luego de que su titular, Víctor Hugo Carvente Contreras reactivó las denuncias presentadas por Morena en 2021, en contra de seis consejerías que votaron por pausar la revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ante la insuficiencia presupuestal para cumplir con las exigencias que obligaba la ley.
Te recomendamos
OIC del INE calificó la votación como una conducta grave: Ravel
La consejera Dania Ravel detalló que acudió personalmente pero entregó su respuesta por escrito, y reveló que el OIC del INE calificó la votación como una conducta grave, por lo que asunto fue enviado al Tribunal de Justicia Administrativa donde las consejerías serán juzgadas, lo que nunca antes había sucedido en el órgano autónomo electoral.
“Comparecimos en esta audiencia y lo que se hace es manifestar nuestra defensa, que yo lo manifesté por escrito, dejé ahí mi escrito y lo que se hace es que ahora esto se envía al Tribunal de Justicia Administrativa porque la acción fue considerada como grave y por eso le toca a ese Tribunal resolverlo, fue una valoración que hizo el propio Órgano Interno de Control, es una decisión discrecional del propio OIC que lo califica la gravedad de la infracción, pero lo grave es este precedente”.
Ravel detalló que el OIC concluyó que la votación de hace cuatro años "vulneró o perjudicó a una persona", que en este caso, sería el ex presidente Andrés Manuel López Obrador pues se trataba de la consulta para la revocación de su mandato, todo, a pesar de que este ejercicio sí se realizó.
“Lo están catalogando o tipificando como lo que se establece en el artículo 57 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, en donde dice expresamente que nosotros actuamos en exceso de nuestras atribuciones y que con esta actuación vulneramos o perjudicamos a una persona, que es con la votación que hicimos en 2021 cuando votamos mayoritariamente posponer temporalmente unas actividades de la revocación de mandato porque no teníamos los recursos necesarios para llevarlas a cabo”.
Dania Ravel señaló que en todos los escrito, las consejerías acusadas han exhibido que el OIC está excediendo sus facultades pues se trata de un hecho inédito el poner bajo investigación a las autoridades electorales por ejercer sus funciones.
Explicó que están explorando todas las vías jurídicas de defensa. Primero, ella presentó un recurso de reclamación ante el OIC y le respondieron de manera negativa confirmando la decisión de abrir un procedimiento sancionador, ahora están en espera también, de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva el juicio presentado por la consejera Claudia Zavala pues es facultad exclusiva de la Sala Superior revisar las decisiones del Consejo General, por lo que el contralor estaría invadiendo la esfera electoral que no le compete.
Agregó que el Tribunal de Justicia Administrativa puede resolver imponerles una multa económica, inahbilitarlos o incluso destituirlos del cargo, sin embargo, señaló que tan sólo para admitir el expediente enviado por el OIC podrían pasar seis meses.
Ravel reiteró que es un precedente alarmante porque no es un asunto personal, sino que dejaría un precedente en contra del INE como institución.
Te recomendamos
Contralor evade responder sobre proceso y consejera señala falta de transparencia
El contralor Víctor Hugo Carvente huyó de la prensa esquivando, dando vueltas y brincos por todo el patio del INE para evadir responder sobre los argumentos con los que decidió reabrir un denuncia que se presentó por el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, hace cuatro años y a pesar de que la revocación de mandato sí se realizó.
“Es que ya quiero pasar y no me dejan”, decía el contralor mientras evadía responder.
Durante casi cinco minutos dio giros, caminaba hacia una dirección y al tener las cámaras de frente retornaba, avanzada y retrocedía, brincaba rampas para personas con discapacidad, llegaba a escalones y se devolvía, hasta que una de sus asistentes acercó el vehículo para poder sacarlo de las instalaciones, luego de que el contralor también pidió directamente a una persona dejar de empujarlo.
En el trayecto, apenas se limitó a decir que “un procedimiento administrativo disciplinario lleva su proceso de investigación, sustanciación y de resolución” y diferenció que en el caso de los que “tienen que ver con faltas no graves se tienen que sustanciar dentro del Órgano Interno de Control”, lo que ya no es éste el caso, luego de que él mismo decidió clasificarlo como grave.
La consejera Dania Ravel lamentó la evasión del contralor pues consideró que este asunto es un precedente que por su gravedad, no amerita reserva de información pues los implicados no lo han solicitado así.
“Para mí, es fundamental decir que este es un tema de interés público, me parece que en este caso no aplica la reserva de la información, porque estamos hablando de un caso que trasciende a las consejerías que estamos involucradas, ya que marca un precedente terrible, al final de cuentas, se nos inicia un procedimiento por la valoración jurídica y técnica que nosotros hicimos en el Consejo general, donde expresamos la valoración y fundamentación de la decisión colegiada que tomamos, me parece que es un tema que se tiene que informar”.
Agregó que además, es de suma relevancia para la sociedad y para el INE como institución porque marcaría un precedente que vulneraría la libertad en la votación de este órgano autónomo.
“Es un tema de interés público que va a sentar un presidente para nuestro sistema democrático, porque más allá de lo que está pasando con tres consejerías en activo, lo cierto es que después de esto se abre la posibilidad de qué ante una posibilidad ante una decisión que no guste en el Consejo General, se nos abra una investigación por parte del Órgano Interno de Control en donde valore lo que nosotros hicimos en Consejo General y cómo emitimos nuestro voto, cosa que ni siquiera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hace.
“Porque si bien la Sala Superior del TEPJF puede revisar las determinaciones que tomamos en Consejo general, puede modificarlas o puede revocarlas, jamás nos castiga por el sentido de nuestro voto, y aquí se nos quiere castigar por el sentido de nuestro voto”.
IOGE
