El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aceptó la existencia de una "situación compleja y sin precedentes" en su gobierno tras la irrupción policial a la Embajada de México en Quito el pasado viernes.
Fuerzas del orden de Ecuador ingresaron a la embajada para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, acusado de corrupción y que se encontraba en esa legación con goce de asilo político.
No obstante, aseguró que tuvo que tomar "decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de derecho y la dignidad de un pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes o narcoterroristas".
En esta narrativa, Noboa quiere convencer a sus aliados de que el conflicto diplomático causado por el asalto a la Embajada de México fue un acto de compromiso en la lucha contra la corrupción y en respuesta a lo que considera una infracción del gobierno de López Obrador a los estatutos internacionales que regulan el derecho de asilo.
Bajo esta premisa la Administración del presidente ecuatoriano, de 36 años, buscará defender la irrupción a la sede diplomática de México, que ha recibido un amplio repudio y condena de la comunidad internacional, pues numerosos países ven que se ha traspasado una línea roja al entrar a la fuerza en una embajada extranjera.
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También, según dijo este lunes la canciller, Gabriela Sommerfeld, en una entrevista con la televisión Teleamazonas, el Gobierno aseguró tener indicios de un riesgo inminente de fuga de Glas.
Para el ejecutivo ecuatoriano, el gobierno de López Obrador transgredió el artículo tercero de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954 y el artículo 1 de la Convención de Montevideo sobre Asilo Político de 1993.
En estas se señala que "no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes", según recordó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador en un comunicado emitido el domingo en español y en inglés para explicar su proceder a la comunidad internacional.
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aag
