La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó por notoriamente improcedente un recurso de impedimento que promovió el gobierno de Chihuahua, quien buscaba que el ministro Eduardo Medina Mora no esté al frente de la controversia constitucional que interpuso el presidente Enrique Peña Nieto.
Hace unos días, el gobierno de Javier Corral impugnó ante la Corte, la decisión de Medina Mora, quien otorgó una suspensión al presidente Peña para que no proceda ninguna investigación o acción legal en su contra o contra su gabinete.
La Consejería Jurídica de la mencionada entidad interpuso un recurso de reclamación con el cual busca dejar sin efecto la suspensión otorgada al titular del Ejecutivo Federal, quien ha sido amagado por el gobernador Javier Corral, de que lo llevará a prisión una vez que termine su sexenio por presuntamente proteger al ex gobernador César Duarte.
Asimismo, el gobierno estatal promovió el impedimento que quedó registrado bajo el número de expediente 144/2018, derivado de la controversia constitucional 183/2018, para que el ministro Medina Mora no continúe al frente de la controversia.
Esta tarde, en la lista extraordinaria de notificaciones, la Corte resolvió que “es improcedente el impedimento planteado por el Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, por conducto del titular de la Consejería Jurídica del Gobierno”, por lo que debe desecharse.
La controversia constitucional que promovió el presidente Peña para protegerse es la primera en su tipo que admite en el máximo tribunal de justicia de la nación.
En el recurso presentado por Misha Leonel Granados Fernández, consejero jurídico de la Presidencia, se pidió la protección contra las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relaciones a actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones, así como órdenes de aprehensión.
El ministro Medina Mora señaló que siguiendo los precedentes de la Corte en la materia, se dio admisión, ya que se plantea una invasión a la esfera competencial de la Federación, y se debe determinar si los funcionarios federales pueden ser sujetos a procesos penales del orden local.
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