Ana María Kudisch Castelló, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados (BMA), aseguró que, aunque sus mejores expertos se reunieron en foros tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para discutir las reformas a la Ley de Amparo, éstas se aprobaron sin atender las modificaciones que presentaron.
Restricciones e implicaciones en la Ley de Amparo
En entrevista para MILENIO Televisión, con Carlos Zúñiga, la abogada declaró que la BMA está preocupada en lo relativo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la prevención preventiva oficiosa, porque los justiciables “no podrán estar en libertad mientras esperan la resolución de un amparo”.
La BMA aseguró que, la Ley de Amparo restringe la figura de la suspensión, tanto provisional como definitiva, al sujetarla a requisitos que dificultan su obtención y reducen la posibilidad de defensa de los justiciables.
“Hay que constatar la existencia del acto reclamado, que sea teniente ejecución, hay que acreditar este interés suspensional y también, pues que no se perjudique el interés social y disposiciones de orden público”, indicó.
Impacto en los derechos humanos
Explicó que, en principio de progresividad, los derechos humanos, deberían de estar ampliados, no restringidos. Además, dijo que, no debería de haber una esfera respectiva en su protección, es por ello que, los amparos tardan en resolverse desde cinco meses hasta un año, porque no se cuenta con la cantidad necesaria de personas para poder estudiar, resolver y emitir una resolución a los expedientes que existen.
“Todas estas reformas generan muchísima ansiedad y preocupación. Solo nos queda visibilizarlo, y estar al pendiente de la situación. Como abogacía mexicana, tenemos la responsabilidad de hacerle saber a nuestros clientes esto, que estén conscientes de cómo es que tenemos que estar aplicando esta ley y de los perjuicios que pueden ellos tener como consecuencia de ello”, señaló.
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Asimismo, comentó que, las cuestiones relacionadas a la UIF y a la prisión preventiva oficiosa, afectan en materia de impuestos a las grandes empresas de grandes capitales, de grandes sumas de dinero que terminan en los tribunales.
“Las modificaciones afectan muchísimo la inversión dentro de nuestro país, porque cuando hay una justicia que no se sabe cómo va a funcionar y que además de todo tiene una serie de reformas que no hacen más que restringir una serie de cuestiones hacia los derechos humanos, se genera incertidumbre”, agregó.
JCC
