El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el programa institucional 2020-2024 en el cual se destaca que, se alinea al eje dos de la política social del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y se sustenta con el principio rector de “no dejar a nadie atrás” a la población indígena y afromexicana.
De acuerdo con el análisis del estado actual presentado, en México, la población indígena se encuentra en la cuarta parte de las localidades del país, casi en todos los municipios y en todas las entidades federativas; pues ocho estados concentran más de 500 mil indígenas, que representan el 75 por ciento del total: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, México, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo.
En tanto, el pueblo afromexicano se asienta principalmente en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, la Tierra Caliente de Michoacán, la región de Yanga en Veracruz de Ignacio de la Llave y la comunidad Mascogo en Coahuila.
“El Programa Institucional 2020-2024 del INPI busca contribuir al nuevo modelo de desarrollo basado en el bienestar de nuestros pueblos, mediante la construcción de las condiciones para resolver la lamentable situación de pobreza, desigualdad e injusticia en la que viven los pueblos indígenas y afromexicano”, detalla el documento.
Asimismo, destaca que ante la falta de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano en las leyes e instituciones, este programa parte de la premisa fundamental de que es necesario impulsar el reconocimiento integral de los derechos, que tienen una naturaleza colectiva, los cuales son la base y sustento para garantizar sus autonomías y formas de gobierno: tierras, territorios y recursos naturales.
Objetivos prioritarios del programa
El primero es promover la implementación de los derechos de los pueblos, en particular el derecho a la libre determinación, de tierras, territorios y recursos. Así como la participación y consulta, desde una perspectiva integral, intercultural y de género.
En este punto se resalta el fortalecimiento a las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana que previenen y atienden la violencia de género. Así como, promover y fortalecer procesos de justicia comunitaria para las mujeres de este sector poblacional. También se pretende impulsar acciones para promover la participación y representación directa de las mujeres en los distintos ámbitos, donde se toman las decisiones “que les afectan”.
El segundo responde al reconocimiento constitucional y legal de los derechos, tanto en el ámbito federal como en el de las entidades. El tercero corresponde a contribuir al desarrollo integral y bienestar común de los pueblos, al fortalecer su economía, mejorando y ampliando su infraestructura y aprovechando sustentablemente sus tierras.
Por otra parte, el cuarto objetivo es fortalecer el patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos, en particular la educación, medicina tradicional, lenguas indígenas, los medios de comunicación y sus expresiones artísticas.
Respecto al último objetivo, corresponde a promover la coordinación transversal de la Administración Pública Federal, los gobiernos estatales y municipales, así como de las autoridades indígenas y afromexicanas.
Por último, se enfatizó que para logar estos propósitos transformadores, el Gobierno de México está creando las condiciones necesarias para que las políticas públicas del Estado Mexicano se construyan e implemente en un marco de coordinación con dichos pueblos, a través del diálogo. Cabe resaltar que el programa entrará en vigor el día de mañana.
“Con ello dejamos atrás el doloroso episodio en el que dichos pueblos eran considerados como "objetos" o en el mejor de los casos "sujetos pasivos" de las políticas y acciones de gobierno, para dar paso a una nueva etapa en la que realmente se reconocen y respetan sus derechos fundamentales”, refiere el programa.
irh
