La organización Mexiro denunció que la transferencia de los archivos del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hacia la nueva autoridad garante federal, Transparencia para el Pueblo, se realizó en condiciones de opacidad y que no hay evidencia de que se hayan custodiado documentos de relevancia histórica y social.
El principal hallazgo del estudio realizado por Mexiro, titulado “Sin archivos no hay verdad. Desaparición digital, Memoria y Justicia en México”, para conocer la ruta y el destino de los archivos del extinto INAI, es que “no existe evidencia pública que permita reconstruir el ciclo completo de gestión documental: qué información fue efectivamente transferida, en qué condiciones técnicas, bajo qué criterios de integridad, clasificación o valoración documental, ni qué pérdidas, modificaciones o eliminaciones ocurrieron durante el proceso”.
El documento puede consultarse en este link: https://comun.gitbook.io/inicio/transparencia/02.-sin-archivos-no-hay-verdad/sin-archivos-no-hay-verdad-desaparicion-digital-memoria-y-justicia-en-mexico
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La organización ciudadana dedicada al monitoreo del derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas exigió transparentar de inmediato cómo se realizó el proceso de transferencia documental, realizar una auditoría independiente de la integridad de los archivos y restablecer de forma íntegra los micrositios, bases de datos y contenidos institucionales eliminados o alterados.
Mexiro alertó de inconsistencias en respuestas a solicitudes de información con las que pretendió reconstruir la ruta que siguieron los documentos que estaban en posesión del INAI hacia el nuevo órgano desconcentrado que lo reemplazó.
“Este proceso generó incertidumbre sobre el destino, integridad y accesibilidad de acervos digitales de interés público”, dice el documento.
“Se han documentado daños, pérdidas, eliminación, modificación e inaccesibilidad de archivos digitales, tanto parciales como completos, cuyo contenido y paradero no han sido plenamente esclarecidos”, añade el informe
El documento refiere que “a partir del monitoreo sistemático de los sitios web institucionales, el análisis de pronunciamientos públicos, las solicitudes de acceso a la información y los recursos de revisión interpuestos, este informe identifica una ausencia estructural de trazabilidad en el proceso de transferencia, resguardo y eventual depuración de los archivos digitales del extinto INAI”.
La organización advirtió que “esta falta de información no es un vacío aislado, sino un patrón consistente observado en las respuestas institucionales”.
Asimismo, señaló que “la ausencia de trazabilidad constituye una ruptura grave en la cadena de custodia documental”.
Expuso que al no existir inventarios verificables, registros de transferencia ni protocolos públicos, se compromete la integridad, autenticidad y disponibilidad del acervo digital y se imposibilita reconstruir decisiones institucionales y atribuir responsabilidades administrativas, generando un riesgo sistémico para la memoria pública, el derecho a la verdad y el control democrático.
El informe fue publicado con motivo de la conmemoración del 24 de marzo, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas.
“Esta fecha interpela directamente a las instituciones responsables de resguardar la memoria documental. Sin archivos no hay verdad; sin verdad no hay justicia”, expresó la organización.
La investigación también arrojó que existe una simulación del cumplimiento del derecho de acceso a la información, pues las respuestas a las solicitudes formuladas resultaron “incompletas, evasivas, contradictorias o desactualizadas”.
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Además, se identificó una fragmentación institucional, reproducción de respuestas y dilución de responsabilidades, pues “distintas áreas y dependencias se declararon incompetentes o remitieron la responsabilidad entre sí, sin que ninguna asumiera de manera integral la obligación de documentar, resguardar y garantizar la trazabilidad del proceso”.
Entre otras exigencias están asegurar el funcionamiento estable, accesible y continuo de las plataformas vinculadas con transparencia, archivos públicos y rendición de cuenta; impulsar una reforma del marco jurídico en materia de archivos digitales; crear mecanismos autónomos de resguardo de archivos sensibles, y permitir una supervisión independiente con participación de la sociedad civil del manejo documental de transparencia.
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