La Fiscalía General de la República (FGR) reconstruyó un complejo mapa financiero que documenta operaciones por 498 millones 286 mil 56 pesos, y de ocho millones 291 mil 100 dólares y 10 mil euros, recursos que fueron movilizados mediante una red de empresas vinculadas entre sí para introducir petrolíferos al país y posteriormente comercializarlos.
Lo anterior, forma parte de la investigación que dio origen a la orden de aprehensión contra 25 presuntos integrantes de una organización dedicada al contrabando de combustibles y delitos en materia de hidrocarburos, entre los que se menciona al exgobernador de Baja California, Ernesto 'N'.
El análisis fue elaborado con información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) e identifica a Ingemar, Servicios Portuarios, Dragados y Puertos y Crismon Hidrocarburos y Derivados como el eje financiero de la presunta organización.
De acuerdo con la FGR, el dinero transitó de una empresa a otra mediante cientos de transferencias nacionales e internacionales, mientras que los 25 imputados habrían intervenido como accionistas, apoderados legales, administradores, representantes o beneficiarios controladores de dichas sociedades.
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Mueven recursos
La empresa que concentró la mayor cantidad de recursos fue Ingemar. La UIF aseguró que detectó que recibió 351 millones 895 mil 613 pesos provenientes de Servicios Portuarios y otros 116 millones 14 mil 611 pesos desde Crismon Hidrocarburos y Derivados, además de diversas operaciones internas, convirtiéndose en el principal centro de concentración del dinero investigado.
La resolución también documenta operaciones internacionales. Dragados y Puertos movilizó siete millones 861 mil 100 dólares, además de enviar recursos a cuentas relacionadas con Ricardo Thompson Ramírez y Ricardo Thompson Navarro, así como una transferencia por 10 mil euros a una cuenta en Alemania.
Sin embargo, en la orden de aprehensión no se menciona el beneficio económico personal de cada uno de los 25 imputados. En la mayoría de los casos, la imputación se basa en el control corporativo que ejercían sobre las empresas.
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El papel de cada imputado
La investigación atribuye a Ernesto Ruffo haber recibido 18 millones de pesos provenientes de Ingemar. Además, la UIF detectó operaciones en una cuenta de inversión de Intercam por 10.1 millones de pesos en compras y 9.4 millones en ventas durante julio de 2025. La indagatoria lo identifica como secretario del consejo de administración de Ingemar y uno de los dirigentes de la estructura.
José Merino Valdés Cuervo es señalado como presidente del Consejo de Administración, accionista mayoritario y principal beneficiario controlador de Ingemar. Aunque la resolución lo ubica como uno de los líderes de la organización, no le atribuye una cantidad específica depositada en cuentas personales.
Guadalupe Hernández Hinojosa figura como apoderada legal de Ingemar y, según la FGR, formó parte del grupo directivo. La resolución no individualiza montos recibidos en cuentas personales.
Ricardo Thompson Ramírez es citado como secretario del Consejo de Administración de Ingemar y directivo de Servicios Portuarios y Dragados y Puertos. La UIF identificó a su favor transferencias internacionales por 90 mil dólares (80 mil y 10 mil dólares en dos operaciones distintas), además de diversos movimientos corporativos.
Ricardo Thompson Navarro es identificado como vocal del Consejo de Administración de Ingemar. Se detalla una transferencia internacional por 50 mil dólares a su favor y diversas operaciones entre empresas vinculadas, aunque no cuantifica un beneficio personal adicional.
Mientras que a Gustavo Sánchez Jiménez la FGR lo ubica como apoderado legal de Ingemar y colaborador en la estructura administrativa. No se le atribuyen montos individualizados.
Según la FGR, José Luis Rangel Martínez recibió poderes generales para representar a Ingemar y es considerado parte del grupo directivo.
María del Carmen Molina Olivares, era comisaria de Ingemar.
En cuanto a Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Luis Antonio Barrientos Juárez, Víctor José Carretero Zardeneta, Indalecio de la Peña Rivera, Guillermo de la Peña Rosales, José María de la Peña Ramos, Adriana Magali Bárcenas Guillén, José Raymundo Martínez Rodríguez, José Luis Muñoz Hernández, María Eugenia Virginia Carranza Sanz, José Luis García Flores, Javier Macuixtle Rosales, Eduardo Aguirre Cordero, David Aguirre Cordero, Óscar Mauricio García Cornejo, Armando III Riestra Fernández y Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, la FGR los vincula con distintas funciones dentro del presunto esquema —como agentes aduanales, dependientes aduanales, operadores o integrantes de la organización—, pero la orden de aprehensión no les atribuye cantidades específicas de dinero recibidas en cuentas personales.
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