Luego de señalar que en los últimos años, especialmente entre 2024 y 2026, el país ha experimentado situaciones que vinculan al crimen organizado con la vida pública y los procesos electorales, el senador Enrique Vargas del Villar informó que propondrá que aumenten las penas para quienes financien, aporten, reciban o usen recursos de procedencia ilícita para beneficiar a algún precandidato, candidato, partido político o campaña electoral.
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado explicó que ninguna Reforma Electoral estará completa si no se combate y se castiga, de manera prioritaria, la intromisión de estos grupos delictivos en las elecciones y en cualquier competencia política.
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Añadió que en la iniciativa que presentó, propone aumentar las penas para quien financie, aporte, reciba o use recursos de procedencia ilícita para beneficiar a un precandidato, candidato, partido político o campaña electoral; lo anterior en el marco de la discusión del llamado plan B de la Reforma Electoral.
La iniciativa de ley es para reformar las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y en Materia de Delitos Electorales, con el objetivo de prevenir y combatir el financiamiento en procesos electorales, por parte del crimen organizado.
La infiltración del crimen organizado es un reto para el Estado mexicano: Senador
A su consideración, la infiltración del crimen organizado en la política constituye uno de los desafíos más graves para el Estado mexicano, destacó el Senador, quien agregó que diversos estudios han señalado que estas organizaciones buscan influir en los procesos electorales a través del financiamiento ilegal de campañas, la intimidación de candidatos y la captura de gobiernos locales, con el objetivo de obtener protección institucional o acceder a recursos públicos.
Dijo que en México, el sistema de fiscalización electoral es supervisado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que tiene la responsabilidad de revisar el origen, monto y destino de los recursos utilizados por partidos políticos y candidatos durante los procesos electorales. No obstante, la complejidad del fenómeno del financiamiento ilícito exige fortalecer los mecanismos de prevención, detección y sanción”, resaltó.
Entre 2024 y 2026, México experimentó situaciones que vinculan al crimen organizado con la vida pública y los procesos electorales, por lo que cualquier Reforma Electoral estará incompleta si no se atiende de manera prioritaria la intromisión de estos grupos en las elecciones y en cualquier competencia política, destacó el senador Vargas del Villar.
¿Cuál es el objetivo de la Reforma Electoral?
La propuesta de reforma pretende modificar el Artículo 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que, como parte del proceso de fiscalización, se contemplen los ingresos y egresos de los partidos políticos, precandidatos, candidatos y de las campañas electorales, a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para prevenir el uso de recursos de procedencia ilícita y para que el órgano electoral implemente mecanismos reforzados de verificación sobre el origen de estos.
También se propone modificar el Artículo 32 para solicitar que se establezcan mecanismos permanentes de coordinación e intercambio de información con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, para detectar operaciones vinculadas con recursos de procedencia ilícita.
También se busca la reforma al Artículo 54 de la Ley General de Partidos Políticos para que estos no puedan recibir aportaciones o donativos provenientes de personas físicas o morales, ni recursos cuya procedencia no pueda ser plenamente identificada o acreditada, y estos deberán implementar mecanismos internos de control y verificación del origen de las aportaciones privadas.
Finalmente, la iniciativa contempla reformar el Artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales para que se aumenten las penas hasta en una mitad más cuando se financie, aporte, reciba o utilice recursos de procedencia ilícita con el propósito de apoyar o beneficiar a una precandidatura, candidatura, partido político o campaña electoral y/o el financiamiento ilícito de campañas electorales provenga de organizaciones vinculadas con delincuencia organizada.
AH
