De aprobarse el plan B electoral, el país tendrá en 2027 las elecciones más grandes y caras de la historia.
Lo que requerirá una inversión inédita para armar un ejército de 100 mil capacitadores que recorran el país para integrar más de 250 mil casillas divididas en elecciones paralelas, por un lado, para elegir cargos públicos y ratificar a la presidenta Claudia Sheinbaum y, por el otro, para concluir la renovación del Poder Judicial de la Federación.
Sin un cambio en la fecha de la segunda elección judicial, el INE no podrá generar ahorros en la impresión de materiales electorales, ni aprovechar la contratación de capacitación electoral para visitar más de 13 millones de hogares, ni reutilizar espacios, tal como plantearon en su propuesta técnica para pasar la jornada electoral de junio a octubre del próximo año, por el contrario, los costos serán dobles ante la imposibilidad legal de que todo se decida en una misma casilla.
Y es que ambas elecciones son incompatibles, pues así lo estableció la reforma judicial que ordena la exclusión de los partidos durante cualquier etapa de organización, así como en las campañas y en la jornada electoral; mientras que, por el contrario, la participación activa y vigilancia permanente de los partidos es la base en la renovación del resto de cargos públicos.
Te recomendamos
INE sugiere ajustar fecha de elección judicial
Con esta restricción, la Constitución orilló al INE en 2025 a duplicar casillas en Durango y Veracruz en donde hubo elecciones locales y judiciales, teniendo que imponerle a la ciudadanía votaciones diferenciadas, que les impedían votar en una misma casilla, por el contrario, debieron participar primero en una ubicación y después trasladarse a otra para el proceso de juzgadores.
El artículo 96 constitucional señala que para la elección judicial "los partidos políticos y las personas servidoras públicas no podrán realizar actos de proselitismo ni posicionarse a favor o en contra de candidatura alguna" y el segundo transitorio de la reforma judicial ordena al INE emitir "todos los acuerdos que estime necesarios" para cumplir con esta disposición, incluso señala que "las y los consejeros del Poder Legislativo y las y los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General no podrán participar en las acciones, actividades y sesiones relacionadas a este proceso", para evitar que opinen en cualquier etapa.
Por el contrario, el artículo 85 constitucional señala la participación de los representantes de partidos en todo el proceso de la jornada electoral, y las leyes en la materia destacan como derechos de los partidos participar desde la instalación de casillas hasta su clausura, observar y vigilar todo el proceso, estar presentes en el conteo de votos y acompañar la entrega de documentación para los cómputos distritales.
Este escenario opuesto, impide al INE organizar una sola elección cuidando, por un lado, la participación de los partidos y la vigilancia de sus intereses, y por el otro, su absoluta exclusión.
El INE propuso a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral recorrer la fecha de la elección judicial a octubre de 2027, lo que permitiría reutilizar el material electoral de la elección de junio, solicitar a la ciudadanía insaculada y capacitada que instale las casillas del proceso federal y volver a colaborar en las mesas directivas de la jornada judicial, pero dicha comisión propuso a la presidenta Claudia Sheinbaum cambiarla a 2028, lo que no convenció a la mandataria, pues esto no generaría ahorros, ya que no podrían reutilizar materiales de un año previo, pues la ley, además, ordena su destrucción.
Así, sin considerar la propuesta técnica del INE de octubre de 2027, se prevé que el INE rebase la máxima capacidad que hasta ahora ha alcanzado en cualquier elección, pues se renovarán la Cámara de Diputados eligiendo 300 diputaciones federales en urnas, 17 gubernaturas, 31 congresos locales, 30 entidades elegirán ayuntamientos y además de la elección judicial, se sumaría la revocación de mandato de la propia mandataria federal.
Gran parte de recursos del INE se destina a capacitadores
En 2024, el INE instaló 170 mil 182 casillas para la elección federal intermedia. En el 2025 para la elección judicial, la Constitución le obligaba a instalar el mismo número, pero por falta de presupuesto sólo alcanzó para tener 84 mil 974 casillas. Por lo que, al menos, tendría que instalar más de 255 mil casillas que no estarían cercanas unas de otras, lo que generaría que la ciudadanía tuviera que ubicar dos domicilios distintos de casillas y trasladarse de un punto a otro para cumplir con amplios procesos.
En todas las entidades donde también se tendrían elecciones judiciales locales, se podrán sumar a las casillas de las judiciales federales, como sucedió el año pasado en Durango y Veracruz.
El costo, además, no implicaría ningún ahorro, pues del presupuesto que el INE solicita para organizar cualquier elección, más del 45 por ciento se destina a la contratación de Capacitadores Asistentes Electorales (CAES) y Supervisores Electorales (SE) que deben recorrer el país para visitar a más de 13 millones de ciudadanos y ciudadanas insaculados, para convencerlos de integrar las Mesas Directivas de Casilla.
En 2024 se contrataron a 49 mil 748 personas para esta labor y en 2025 a poco más de 50 mil personas. No podrían ser las mismas personas las que hicieran las dos capacitaciones, pues ninguna persona que acepte integrar las casillas podría participar en los dos procesos ya que las casillas estarán separadas, por lo tanto, se requerirá que los electores acepten integrar las más de 170 mil casillas para la elección federal y otras, las al menos 85 mil para la elección judicial.
En 2024, la elección federal costó ocho mil 802 millones de pesos y la judicial se estimaba en 13 mil 205 millones de pesos, pero la Cámara de Diputados negó el dinero necesario para cumplir con las disposiciones legales y sólo destinaron seis mil 219 millones de pesos, el INE solicitó a la Presidenta de la República mil 500 millones de pesos más y sólo les dieron 800 millones, por lo que, con siete mil millones de pesos ante la complejidad de la elección, se instalaron menos casillas de las previstas en la ley.
Elección judicial, en jaque por baja participación
La baja participación de la elección judicial disparó el costo de esa jornada, pues en 2024 con una participación ciudadana de más del 61 por ciento, cada voto costó poco más de 140 pesos, y con sólo el 12 por ciento de participación en la judicial, el costo por voto se disparó a más de 580 pesos, de acuerdo a estimaciones compartidas por consejerías en ese momento.
En cuanto a boletas, tan solo para cargos federales se requerirían más de 400 millones, más de 105 millones para cada cargo: diputados federales, revocación de mandato presidencial, magistrados de circuito y juzgados de distrito. Adicional a las que cada entidad necesitará para sus gubernaturas, diputados locales, ayuntamientos y juzgadores locales.
Lo que convertirá al 2027 en la mayor carga electoral para la ciudadanía y en el costo más elevado que se haya tenido en un proceso electoral en el país, sin que el INE pueda realizar ajustes a la integración de casillas, pues esto implicaría la intervención directa de los partidos en la integración del Poder Judicial.
Te recomendamos
IOGE
