La Cámara de Diputados aprobó una adición a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para otorgar a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la facultad de diseñar e implementar protocolos para prevenir, atender y sancionar casos de acoso y hostigamiento sexual en los distintos niveles educativos.
Avalado por unanimidad, con 462 votos, el proyecto fue enviado al Senado de la República para su ratificación.
Con 462 votos a favor, aprobamos dictamen que determina diseñar e implementar el Modelo de Protocolo para la prevención, atención y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual. Pasa al Senado de la República. pic.twitter.com/VmQyntC3SB
— Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 25, 2020
De acuerdo con el dictamen, el incremento y la impunidad de casos de hostigamiento y acoso sexual por parte de docentes y personal administrativo contra las estudiantes se ha reflejado en protestas y paros en las instituciones de educación superior.
“Acciones de protesta que se han ido multiplicando en instituciones de educación superior como la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma del Estado de México, entre otras, revela la inacción y la impunidad por parte de las autoridades ante los hechos anteriormente referidos”, puntualiza.
Entre sus consideraciones para dictaminar la iniciativa a favor, la Comisión de Igualdad de Género remarcó la importancia de legislar en materia de prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso en el ámbito escolar, a fin de que las mujeres, adolescentes, niñas y niños ejerzan su derecho a la educación en un ambiente libre de violencia.
“Es indispensable facultar a la Secretaría de Educación Pública para la creación de protocolos de prevención atención y sanción del hostigamiento y acoso en el ámbito escolar con la finalidad de garantizar que las niñas adolescentes y mujeres gocen plenamente de su derecho a la educación”, puntualizaron las legisladoras integrantes de la comisión dictaminadora.
Estimaron que la elaboración de los protocolos debe estar bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública, derivado de la obligación establecida en las leyes y no de un programa social sujeto al Plan Nacional de desarrollo y al Presupuesto de Egresos.
JLMR
