Con 28 votos de Morena y aliados a favor, diez del PAN y PRI en contra, así como dos abstenciones de MC, la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales, pese a las demandas de la oposición y productores agropecuarios para aplazar la discusión.
La diputada presidenta Kenia López confirmó la recepción del dictamen para su desahogo en el pleno, pero se declaró contra el trámite “fast-track”.
“Desde mi perspectiva como presidenta de la Cámara de Diputados, no acompaño, no comparto, no estoy de acuerdo en que se modifique el orden del día para que esta discusión se adelante (…) No estoy de acuerdo en este ‘fast-track’, no estoy de acuerdo en esta modificación”, puntualizó en reunión de Mesa Directiva.
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Expresó, sin embargo, su respeto a los ordenamientos internos y señaló que si el pleno en su mayoría resuelve que este orden del día se modifique, así se hará.
En entrevista por separado, el coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira, cuestionó la decisión de Morena y aliados de aprobar hoy mismo el nuevo ordenamiento, por lo cual se pospondrá hasta la próxima semana el debate de las reformas a la Ley General de Salud para prohibir los vapeadores y cigarrillos electrónicos.
No obstante, dijo, los diputados del tricolor están listos para la discusión en cualquier momento.
“Estamos preparados, todos los compañeros de la bancada están preparados desde hace días para el debate al momento que sea (…). Pero nosotros, nuestro primer punto es que se suspenda el debate, no por lo del cambio del día, sino porque no se hizo consulta a los pueblos originarios y el artículo 2 de la Constitución dice que se tiene que consultar cuando se modifiquen derechos en sus tierras y en sus recursos naturales”.
El dictamen aprobado por la Comisión de Recursos Hidráulicos en poco más de una hora considera 50 modificaciones a la iniciativa presidencial, con las que según el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, se da respuesta a las demandas de las organizaciones campesinas.
Entre dichos cambios destacan el reconocimiento al derecho de los productores de vender o heredar sus concesiones en materia de agua, previa reasignación autorizada por la Conagua, además de la reducción de las penalidades por delitos contra las aguas nacionales.
Moreira sostuvo, sin embargo, que el oficialismo mantiene en el dictamen la prohibición de transmitir las concesiones.
“Le están diciendo a la gente que se cambió el dictamen y esto es muy delicado. Vean ustedes el artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales del dictamen. Dice claramente que se termina la transmisión de concesiones”, acusó.
¿Qué cambia con la nueva Ley de Aguas?
De acuerdo con el dictamen aprobado y presentado por el director de la Conagua, Efraín Morales López, la reforma establece un nuevo modelo de gestión del agua en México, basado en tres ejes: recuperar la rectoría del Estado, prohibir la especulación y el acaparamiento y garantizar el derecho humano al agua, especialmente para comunidades rurales e indígenas.
Entre los cambios principales destacan:
- El agua deja de tratarse como mercancía y se reconoce como un derecho humano y un bien estratégico.
- El Estado será el único facultado para otorgar concesiones. Se prohíbe que particulares compren, vendan o transfieran títulos entre sí, práctica que, según el gobierno, derivó en acaparamiento y desigualdad desde 1992.
- No podrán cambiarse los usos del agua sin autorización, evitando que concesiones originalmente agrícolas terminen usadas para industrias, campos de golf o desarrollos inmobiliarios.
- Nace el Registro Público de Agua Nacional, que permitirá consultar quién tiene concesiones, de cuánto volumen y bajo qué criterios fueron otorgadas.
- Se crea un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales destinado a garantizar el acceso de comunidades sin concesiones.
- Se eliminan concesiones que hayan sido “acaparadas” sin utilizarlas, una práctica que bloquea el acceso al agua a pequeños productores.
- Se fortalecen sanciones contra el robo de agua y se regulan las obras de captación pluvial, principalmente en regiones donde se han construido grandes represas privadas que alteran el ciclo hidrológico.
¿Por qué los agricultores se oponen y en qué les afecta?
Productores agrícolas de diversos estados, principalmente del norte del país, sostienen que la reforma los deja en incertidumbre jurídica y que la eliminación de la transmisión de concesiones entre particulares afecta su patrimonio, pues en muchas regiones el acceso al agua es parte del valor de sus tierras.
Aunque la Conagua aclaró que las herencias y la compraventa de tierras sí seguirán permitidas, los agricultores denunciaron que el gobierno no ha explicado con claridad cómo se realizarán los nuevos trámites, ni cómo se garantizará que no pierdan sus derechos históricos de agua.
LP
