La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó con 25 votos a favor y tres abstenciones el proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y que, entre otros aspectos, prevé la persecución de oficio a dichos actos ilícitos y penas de hasta 25 años de prisión.
No obstante, legisladores del PAN y del PRI advirtieron que la nueva legislación permitiría salir de la cárcel a cientos de personas sentenciadas por extorsión en estados como Baja California, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Nayarit y Quintana Roo, pues las penas mínimas son ahí más altas que en la iniciativa presidencial y, en consecuencia, los internos podrían apelar.
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¿Qué indica el dictamen?
El dictamen plantea una pena básica de seis a 15 años de cárcel y una multa de hasta 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (56 mil 570 pesos) a quien obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro.
Sin embargo, se prevén 34 agravantes, agrupadas en tres apartados, con sanciones más severas.
Así, las penas se elevan hasta una tercera parte, de ocho a 20 años de prisión, en casos como el 'cobro de piso' o cuando se cometa contra quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, pesqueras o de servicios públicos o privados, o si el responsable incurre en la extorsión a nombre de algún sindicato, organización o agrupación de manera real o simulada.
De igual forma, las penalidades aumentan hasta una mitad, para alcanzar de 12 a 22.5 años, por conductas como la extorsión contra personas migrantes, menores de 18 años o mayores de 60 años, así como mujeres embarazadas, o cuando el responsable tenga alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima.
Finalmente, el castigo se incrementa hasta dos terceras partes, de 10 a 25 años, para quien emplee violencia física, exija el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional o en algún objeto de su propiedad, derivado de un supuesto accidente provocado de manera intencional.
La iniciativa de Sheinbaum establece las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno para perseguir el delito de extorsión y los derivados de ésta.
Plantea para ello homologar un solo tipo penal para su aplicación en todas las entidades federativas.
Reunión de la Comisión de Justicia:
PAN subraya necesidad de corregir sanciones
Durante la discusión en lo general, a nombre del PAN, el diputado César Israel Damián subrayó la necesidad de corregir aspectos como las sanciones, pues, para algunos estados, las penas por extorsión se reducen en lugar de aumentar.
“La sanción que se habla es de seis a 15 años, cuando en Baja California la sanción mínima es de siete años; lo que quiere entonces la presidenta es bajar la sanción de extorsión a nivel nacional, porque me parece que es para arriba no para abajo, y en Baja California vamos a decir que la sanción se va a disminuir, ese es el mensaje, cuestionó.
En ese contexto, a nombre del PRI, el diputado Alejandro Domínguez señaló que con la penalidad prevista en la iniciativa podrían salir de prisión entre 130 y 150 personas sentenciadas por el delito de extorsión en el estado de Chihuahua porque la penalidad es más alta allá.
“¿Qué pasará en los estados de Guerrero, de Morelos, de Nayarit y de Quintana Roo, que la pena máxima también es más alta? ¿Cuál será la estadística que tienen en relación a esa parte de las personas que se van a ver oficiadas y van a salir? Hagamos un cálculo, 100 por estado, son 500 personas que ya son sentenciadas y que van a salir antes y que van probablemente a cometer el mismo delito”, dijo.
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