Más de mil millones de pesos son los que el gobierno de Puebla tiene comprometidos por una serie de litigios laborales, algunos con más de una década activos, tras los despidos injustificados que la administración de Rafael Moreno Valle Rosas realizó de 2011 a 2016.
José Luis García Parra, titular de la Coordinación de Gabinete estatal, reveló que la administración destinó cerca de 110 millones de pesos para solventar las sentencias de juicios que se perdieron en tribunales durante el último año, aún y cuando "se está revisando caso por caso".
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"Hay algunas sentencias ejecutorias que es imposible que el gobierno del estado evite y es lo que nos obliga a la administración a responder y erogar estos recursos públicos", explicó.
Además, el resto de los 900 millones "y tanto" de pesos aún están en juego, ya que desde la Consejería Jurídica del Estado se analizan opciones para perder la menor cantidad de recursos y destinarlos a otras tareas de gobierno.
"Estamos litigando, en algunos casos se están llegando a acuerdos", afirmó el funcionario tras precisar que la cifra millonaria obedece a que algunos casos resultan favorables a favor del denunciante, ex empleados que piden sus salarios caídos y la reinstalación a sus puestos de trabajo con todas las prestaciones.
García Parra adelantó que en las próximas semanas presentará un informe detallado sobre la deuda que dejó el gobierno morenovallista por los despidos injustificados, cuyos juicios siguen perjudicando a la administración cinco gobernadores después: Antonio Gali Fayad, Guillermo Pacheco Pulido, Miguel Barbosa Huerta, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Alejandro Armenta Mier.
"Fueron despidos en administraciones pasadas, la mayoría entre 2011 y 2016. No recibieron una justificación y emprendieron un litigio contra el gobierno del estado", agregó.
En 2021 el entonces gobernador Miguel Barbosa intentó resolver los litigios laborales al interior del gobierno de Puebla, lo que derivó en la salida del secretario de Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado, que presuntamente favoreció a los ex empleados y dejó perder algunos juicios. Tres años después, en noviembre de 2024, el Tribunal de Justicia Administrativa señaló que el ex funcionario era inocente.
CHM
