Avalaron que la organización de mujeres que exigía a las autoridades electorales locales imponer una elección exclusiva entre mujeres para la gubernatura de Nuevo León, por lo que no quedó establecida ninguna regla para la próxima elección.
El pasado 1 de octubre el magistrado Felipe Fuentes retiró de la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el proyecto que proponía determinar, que es facultad exclusiva de los Congresos locales legislar sobre cómo se debe cumplir la paridad en las gubernaturas del país, principalmente ante una petición concreta en Nuevo León.
Sin embargo, previo a la sesión, integrantes de la asociación civil Fundación Duque para el Apoyo de la Familia y las Artes, quienes solicitaron al Instituto Electoral de Nuevo León estas acciones afirmativas y llevaron el caso hasta la Sala Superior se desistieron, por lo que el sentido del proyecto se tuvo que cambiar.
Este miércoles, el magistrado propuso desechar la queja ante el desistimiento, lo que fue aprobado con cuatro votos a favor y dos en contra, ante la ausencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón consideró que el desistimiento no era procedente porque no se trataba de un derecho individual sino colectivo a favor de las mujeres de Nuevo León para acceder por primera vez de manera afectiva a la gubernatura, por lo que el TEPJF debía fijar una postura.
Además, criticó que Fuentes Barrera presentó tres proyectos distintos, el primero confirmando la decisión del OPLE determinando que las autoridades electorales administrativas locales no tienen facultades para determinar la paridad en las gubernaturas de sus entidades. Luego, considerando que es el Congreso el que tenía que pronunciarse y cumplir con su deber de legislar y ahora, con una tercera propuesta de desechamiento.
Por lo que consideraba que se debía considerar las impugnaciones que sumaron partidos políticos de Nuevo León pidiendo que la Sala Superior estableciera un criterio.
Sin embargo, el ponente Fuentes Barrera expuso que los proyectos son documentos de trabajo que permiten al pleno realizar un análisis jurídico, y no sentencias inatacables. Y recalcó que la forma en que se presentó este juicio, no pide que se determine si el OPLE puede o no imponer acciones afirmativas para la gubernatura, sino si el Tribunal Electoral de Nuevo León fue exhaustivo o no en revisar la primera impugnación a la forma en que respondió el Instituto Electoral, por lo que defendió que desechar esta queja no implica ninguna afectación a los derechos de las mujeres de ese estado.
“El problema jurídico no radica en determinar si el Instituto Electoral local tiene facultades o no para emitir reglas de paridad en la gubernatura, sino para resolver si el Tribunal Electoral local vulneró o no los principios de exhaustividad y el derecho de tutela judicial efectiva.
“La decisión de esta Sala no puede ser resolver o no si es no procedente la petición de las actoras de imponer una acción afirmativa en la gubernatura. No podemos pronunciarnos sobre la procedencia o no de acciones afirmativas en la gubernatura, es un aspecto de mera legalidad”.
Por lo que, con los votos de Felipe Fuentes, Mónica Soto, Gilberto de Guzmán Bátiz y Claudia Valle Aguilasocho, contra los de Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón el juicio se desechó, es decir, queda intacta la respuesta que el Instituto Electoral de Nuevo León les dio a las organizaciones que buscan una elección a la gubernatura exclusiva de mujeres, en la que les explicó que ésta, es una facultad del Congreso local que debe legislar para garantizar la paridad y determinar cómo se aplicará la alternancia de género en el Poder Ejecutivo local.
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