La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que, tres personas fueron sentenciadas a prisión por delitos de extorsión en los municipios de Irapuato, San Luis de la Paz y León.
Además, una mujer fue vinculada a proceso penal en León, acusada de extorsionar a comerciantes bajo amenazas.

Estas acciones forman parte de una ofensiva legal contra quienes exigen pagos ilegales, conocidos como "cuotas", mediante amenazas o violencia en negocios locales, afectando la seguridad económica de comerciantes y emprendedores de la entidad.
Casos en San Luis de la Paz, Irapuato y León
En San Luis de la Paz, Roberto Carlos “N” fue condenado por extorsionar a un comerciante local, al que amenazó con incendiar su negocio si no cumplía con sus exigencias.
En Irapuato, Víctor Manuel “N” también fue sentenciado tras comprobarse que intimidaba al dueño de un establecimiento de comida en el centro de la ciudad, exigiendo dinero como parte de una supuesta "cuota".
En el municipio de León, Adolfo Jonathan “N” recibió una sentencia por robo calificado y extorsión agravada, luego de irrumpir armado en un negocio y exigir una fuerte suma de dinero a su propietario.
Vinculan a proceso a mujer por extorsión en León
También en León, la Fiscalía consiguió la vinculación a proceso penal de Francisca “N”, acusada de extorsión agravada por amenazar y exigir dinero a comerciantes bajo el mismo esquema de cobro de cuotas.
La dependencia estatal hizo un llamado a las posibles víctimas de esta persona para que acudan a presentar su denuncia.
El Ministerio Público, con apoyo de la Agencia de Investigación Criminal, logró estas acciones legales tras una investigación exhaustiva que incluyó labores de campo, análisis de información, entrevistas con víctimas y trabajo de peritos especializados.
Las pruebas recabadas permitieron acreditar la responsabilidad de los detenidos, quienes ahora enfrentan las consecuencias legales de sus actos.
La Fiscalía reiteró su compromiso con la protección de comerciantes y empresarios en Guanajuato, y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión.