Diversos colectivos y familiares de personas desaparecidas en Jalico clausurarán este martes de forma simbólica el Congreso del Estado, pues rechazan la aprobación exprés del paquete de leyes en la materia, además de presentar denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Durante la conferencia de prensa, realizada a través de redes sociales por el colectivo TomalaMx, activistas y familiares expresaron su preocupación sobre el proceso de aprobación de las leyes de desaparición y el trabajo legislativo. Anna Karolina Chimiak, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), recordó que la actual ley general en materia de desaparición forzada de personas fue aprobada en 2018 y desde entonces no ha sido incumplida por el congreso del estado de Jalisco.
"La ley en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, constituye un gran resultado de los esfuerzos de la lucha incansable y valiosa de familiares de personas desaparecidas en México, la ley fue promulgada el 17 de noviembre de 2017 y entró en vigor el 17 de enero de 2018, conforme al artículo transitorio de dicha ley los congresos locales tenían 180 días para realizar el proceso de la armonización legislativa con la fecha hasta el 15 de julio de 2018, esta obligación fue incumplida por parte de las dos legislaturas del congreso del estado de Jalisco y hasta el momento se suman más de dos años de retraso y omisiones y esto ante más de diez mil personas desaparecidas en la entidad siendo Jalisco el segundo lugar a nivel nacional en cuanto al número de personas desaparecidas".
La ley de carácter general pretendía que sus disposiciones se aplicarán de manera directa en el territorio nacional sin embargo de acuerdo con Chimiak, algunos aspectos de dicha ley requieren homologarse y adaptarse según las necesidades de los familiares de las personas desaparecidas.
Los inconformes señalan que luego de que el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presentara en octubre de 2019, las iniciativas de las tres leyes en materia tanto de desapariciones forzadas, como de atención a víctimas en la entidad, los colectivos se acercaron a las mesas de trabajo en el mes de enero de 2020, las cuales calificaron de insuficientes. Ante la pandemia del covid-19, el proceso de diálogo y seguimiento de las leyes fue temporalmente suspendido.
Al no presentar avances, los representantes de los colectivos y familiares de personas desaparecidas, presentaron el 17 de julio de este año una carta con carácter de urgente al pleno de la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios para buscar el seguimiento, revisión, discusión, dictaminación y posterior votación. Referente a las iniciativas de ley presentadas, esto pidiendo el acceso a la participación de los familiares y también de las víctimas de otros actos de violencia contra los Derechos Humanos sobre todo para la ley de atención a víctimas.
Martha Leticia, del colectivo entre el Cielo y la Tierra, señaló que no solo no hubo respuesta oficial por parte de las autoridades sino que tuvieron que enterarse a través de los medios de comunicación que dichas leyes pasarían directamente a pleno para su aprobación sin contar con la certidumbre de la aceptación de los familiares de las víctimas.
"De forma paralela colectivos de familiares, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos internacionales presentaron ante el congreso local del Estado las observaciones realizadas a las propuestas de ley mismas que no fueron tomadas en cuenta en el proceso".
Según los especialistas, a partir de la entrada en vigor de la ley general en Jalisco hubo varios intentos y también preocupantes antecedentes de aprobar las leyes en materia de desaparición sin considerar la amplia participación de los familiares por parte tanto de la actual legislatura cómo de la legislatura pasada.
Esperanza Chávez, integrante del colectivo Por Amor a Ellxs, expresó su desacuerdo y preocupación ante el intento de aprobación de las leyes sin haber atravesado antes por el proceso de debate y discusión correspondiente.
"La actividad legislativa está actualmente suspendida, hacemos un llamado a que esto no signifique que en 15 días volverán a intentar pasar las leyes de la misma manera, considerando lo anterior, exigimos que no pasen al pleno ni se voten los dictámenes de las leyes en materia de desaparición y atención a víctimas hasta que se genere un proceso abierto, participativo y transparente con la metodología previamente acordada".
Los colectivos añadieron que son precisamente las familias quienes llevan años aportando y trabajando por una ley que sirva y la cual pueda responder la gravedad del problema. Además, señalaron que de pasar el dictamen de forma rápida y sin transparencia, demuestra la falta de compromiso por parte de los legisladores, pues demostrarían que existen intereses políticos por encima de las necesidades de las personas no localizadas y de las víctimas en general.
MC
