La plataforma Menos Daño entregará este martes 3 de noviembre en la Oficialía de Partes de la Presidencia de la República un documento dirigido a Claudia Sheinbaum Pardo, en el que solicitará una reunión para exigir un cambio en la política nacional de drogas, dejar de criminalizar a las personas consumidoras y adoptar una estrategia basada en la salud pública, la prevención y la reducción de daños.
Alejandra Sánchez Inzunza, directora de DromoLab y coordinadora de Menos Daño, plataforma integrada por diez organizaciones civiles, sostuvo que la estrategia antidrogas aplicada durante los últimos 20 años ha fracasado y que resulta indispensable modificar las leyes y las políticas públicas que mantienen la persecución penal de las personas consumidoras.
“El prohibicionismo y la guerra contra las drogas como tal no han funcionado para el objetivo que era reducir o acabar con las drogas”, afirmó en entrevista con MILENIO.
La especialista explicó que el documento dirigido a Sheinbaum busca abrir un diálogo nacional con la participación de la Secretaría de Gobernación, las autoridades sanitarias y organizaciones civiles para construir una agenda que atienda las consecuencias de la violencia, los problemas de consumo y las deficiencias de los servicios de tratamiento.
Entre las principales propuestas se encuentra revisar las disposiciones de la Ley General de Salud y del marco penal que regulan la posesión de drogas para consumo personal, debido a que, según Sánchez Inzunza, existen contradicciones legales que favorecen la criminalización y estigmatización de los usuarios.
La solicitud se presenta a 20 años del inicio de la guerra contra el narcotráfico, periodo en el que “México acumula cerca de 500 mil homicidios y 135 mil personas desaparecidas, sin que las políticas de prohibición y persecución penal hayan conseguido reducir el consumo de drogas ni frenar la expansión de las organizaciones criminales”, de acuerdo con el balance presentado por Menos Daño.
“El sistema penal no es una respuesta al consumo de drogas ni sustituye la atención de salud, y castigar a las personas usuarias tampoco resuelve los problemas de seguridad”.
La coordinadora advirtió que la persecución de las organizaciones criminales tampoco ha conseguido reducir su presencia territorial, sino que ha contribuido, desde su perspectiva, a su fragmentación en grupos que disputan mercados y territorios.
De acuerdo con los análisis citados por la especialista, en México operan más de 150 grupos criminales, aunque no precisó la fuente ni el periodo de esa estimación.
“La estrategia de seguridad, en lugar de controlarlos, logró una atomización de estas”, sostuvo.
Como ejemplo mencionó a Culiacán, Sinaloa, donde citó tasas de homicidios superiores a 80 por cada 100 mil habitantes, en medio de las disputas entre organizaciones criminales.
Advierten expansión del cristal y falta de atención sanitaria
Otro de los problemas identificados por Menos Daño es el crecimiento del consumo de metanfetaminas, particularmente cristal, que se ha extendido por distintas regiones del país y cuya utilización también está relacionada, en determinados contextos, con condiciones de marginación y explotación laboral.
“En las minas, en los campos, en un montón de lugares, se utiliza metanfetamina, incluso en el propio crimen organizado se da este tipo de sustancia para que la gente trabaje más, para que sea más eficiente”, explicó.
Sánchez Inzunza comentó que hay estimaciones de un incremento de entre 50 y 60 por ciento en la demanda de servicios de rehabilitación por consumo de metanfetaminas.
Las campañas federales de prevención, dijo, se han concentrado principalmente en el fentanilo, cuyo problema situó en la frontera norte, mientras que el cristal mantiene una presencia mucho más extendida en el territorio nacional.
“No ha habido a nivel federal la atención correcta a lo que podría ser una epidemia de cristal. No hay programas de reducción de daños, de prevención”, afirmó.
La coordinadora consideró que las políticas sanitarias deben responder a las características del consumo en cada región y no limitarse a campañas generales que dejen fuera otras sustancias y sus consecuencias.
Piden facilitar acceso a naloxona y legislar sobre cannabis
Entre las medidas urgentes que Menos Daño planteará al gobierno federal se encuentra facilitar el acceso a la naloxona, medicamento que permite revertir temporalmente los efectos de una sobredosis por opioides y puede evitar una muerte cuando se administra oportunamente.
Sánchez Inzunza explicó que actualmente existen restricciones para obtenerla mediante receta médica y que se han presentado iniciativas legislativas en la Cámara de Diputados y el Senado para ampliar su disponibilidad.
Durante la entrevista mencionó a Ricardo Monreal y Juan Carlos Loera entre los legisladores relacionados con estas propuestas, para entrar a proyectos serios de discusión y legalización de ciertas drogas.
La plataforma busca que la naloxona esté disponible para personal de primeros auxilios, servicios comunitarios y personas cercanas a quienes consumen opioides, de manera que puedan actuar rápidamente ante una sobredosis.
Como antecedente, Sánchez Inzunza mencionó que en Estados Unidos se amplió la disponibilidad del medicamento durante la administración de Joe Biden y citó una reducción cercana al 40 por ciento en las sobredosis por fentanilo, aunque no precisó el estudio ni el periodo de referencia.
“Tener a la mano el remedio ayuda a salvar vidas. No significa que por eso se esté fomentando que la gente consuma más drogas”, afirmó.
Otra de las solicitudes consiste en retomar la legislación general sobre cannabis, pendiente desde la administración federal anterior, y establecer programas permanentes de reducción de daños en instituciones sanitarias, centros de tratamiento y municipios.
También propuso fortalecer los servicios voluntarios de atención a las adicciones, ampliar la detección y tratamiento de hepatitis C, garantizar la vacunación contra hepatitis A y B cuando corresponda y facilitar el acceso a medicamentos controlados para fines médicos.
Cuestionan internamientos forzados en anexos
Sánchez Inzunza también cuestionó las prácticas de internamiento involuntario en centros de rehabilitación conocidos como anexos, así como las acciones difundidas por movimientos como la Patrulla Espiritual, que promueven el traslado forzado de personas con problemas de consumo.
Advirtió que en algunos de estos establecimientos se han documentado violaciones a derechos humanos y tratamientos que no responden a criterios sanitarios, mientras aumenta la aceptación social de medidas coercitivas entre familias que enfrentan problemas graves de adicción.
La coordinadora sostuvo que las personas consumidoras requieren servicios profesionales, tratamientos voluntarios, atención médica y acompañamiento, en lugar de intervenciones que vulneren su dignidad y sus derechos.
En contraste, reconoció avances en la Ciudad de México a través del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones y de Salud Mental, las Utopías y los centros Colibrí, donde destacó la incorporación de servicios de información y reducción de riesgos.
Sin embargo, señaló que a escala nacional no existe suficiente información pública para evaluar la eficacia de los centros de prevención y tratamiento de adicciones, sus resultados, sus limitaciones operativas y sus necesidades presupuestales.
Exigen evaluar resultados y frenar la militarización
Menos Daño también planteó fortalecer los mecanismos civiles de vigilancia sobre las instituciones de seguridad, particularmente las Fuerzas Armadas, ante la expansión de la militarización durante las últimas dos décadas.
Sánchez Inzunza reconoció que revertir este proceso representa un desafío, pero consideró indispensable exigir mayores niveles de transparencia, supervisión y rendición de cuentas.
La plataforma pidió que los resultados de las estrategias gubernamentales no se midan únicamente por las cantidades de drogas decomisadas o el número de personas detenidas, sino por la reducción de homicidios, sobredosis, violencia y obstáculos para acceder a los servicios sanitarios.
La entrevistada aclaró que la persecución de las organizaciones criminales y la investigación de delitos de alto impacto siguen siendo responsabilidades del Estado, pero insistió en que esas tareas deben diferenciarse de la atención médica a las personas consumidoras.
En la plataforma participan organizaciones como Instituto RIA, México Unido Contra la Delincuencia, Elementa DDHH, CEA Justicia Social, Prevencasa, Política de Drogas y Verter, entre otras.
Sánchez Inzunza concluyó que las consecuencias de la política antidrogas no se limitan al incremento de la violencia, sino que también han marcado a una generación de jóvenes que creció entre enfrentamientos armados, desapariciones, extorsiones, desplazamientos forzados y presencia militar.
“Ya hay una generación al menos que creció con la guerra contra las drogas y que no conoció un México sin guerra contra las drogas, donde la militarización es normal, donde el crimen es normal”, expresó. “Eso creo que 20 años de guerra no tienen por qué ser más”.
LG
