Al darse a conocer que el Gobierno de Nuevo León no ha impuesto “la sanción ejemplar” que prometió a Ternium por el derrame de agua ácida y cloruro ferroso en el arroyo La Talaverna, la coordinadora del PVEM en el Congreso local, Claudia Chapa, criticó la inacción del secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, y pidió sancionar a la empresa.
En entrevista, Chapa consideró extraño que la dependencia estatal “no mueva ni un solo dedo al respecto y que solo diga que espera lo que diga la Profepa”.
La Secretaría de Medio Ambiente, expuso la ecologista, tiene las atribuciones para aplicar las sanciones necesarias de manera independiente a los peritajes que se estén haciendo por parte de la federación.
“Tampoco vemos en este caso que la autoridad estatal esté trabajando de la mano con la Fiscalía Ambiental, que si bien aún no tiene un titular, sí tiene un encargado de despacho que le puede dar seguimiento a las denuncias que se puedan hacer... entonces no vemos voluntad por parte de Raul Lozano para avanzar en el tema de esta sanción a Ternium, y solo patea el bote”.
“Yo no quisiera pensar que están dejando pasar el problema para favorecer a una empresa, porque pues ya Conagua estableció una sanción económica de casi 7 millones de pesos; y que con ello, la Secretaría de Medio Ambiente se "lave las manos" y no aplique una multa ejemplar y equiparable al daño ambiental que hizo la empresa”, explicó.
Chapa consideró que Lozano está “apagado” en el seguimiento de este tipo de casos.
“Pedimos que le entre al toro por los cuernos y que no vaya a dejar que este caso quede en el olvido, porque va a dejar muy mal parado al gobierno estatal. No queremos pensar que estábamos mejor cuando estábamos peor”.
“También le invito a que haga sinergia con la Fiscalía Ambiental, que haga lo conducente para que haya sanciones no solo económicas, sino también de carácter penal. Es necesario dejar precedente de que no podemos contaminar de manera deliberadamente nuestros ríos vivos ni nuestro medio ambiente”, concluyó.
Lozano justificó ayer que la penalización no se ha impuesto porque están esperando el dictamen final de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pese a que ya han pasado 102 días desde el derrame.
Tras el hecho el pasado 17 de abril del presente año, la administración del gobernador, Samuel García afirmó que la multa sería de hasta 80 millones de pesos, pero a los días, dicha declaración quedó en el pasado y afirmaron que le correspondía a la Profepa imponer la sanción.
