La ministra Lenia Batres Guadarrama informó que le fueron turnadas tres consultas a trámite, cuyo objetivo es determinar si la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede frenar el proceso legislativo de la reforma judicial, a través de una suspensión solicitada por jueces y magistrados.
Indicó que también se solicitó a la SCJN fijar una posición respecto de la independencia del Poder Judicial de la Federación y ejercer acciones para conservar la separación de poderes.
También fijar una posición respecto de la independencia del Poder Judicial de la Federación y de que se mantenga la actual integración de juzgadores federales.
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¿Qué fue lo que se consultó?
Indicó que, en la consulta a trámite 1/2024, ingresada el 2 de septiembre, 18 jueces y magistrados federales solicitaron el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF).
Esto para declarar la invalidez del proceso de reforma constitucional relacionado con el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Constitución, en Materia de Reforma al Poder Judicial, y decretar la medida cautelar de suspensión de dicho procedimiento.
En la consulta a trámite 2/2024, ingresada el 3 de septiembre, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del PJF (Jufed) pidió dar trámite urgente a la solicitud de declaración de invalidez del procedimiento de reforma constitucional.
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El cual está relacionado con la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones de la Constitución, en Materia de Reforma al Poder Judicial, y decretar la medida cautelar de suspensión de dicho procedimiento.
¿Qué se le pide a los magistrados?
En la consulta a trámite 3/2024, ingresada el 4 de septiembre, 32 jueces y magistrados del Tercer Circuito solicitaron “analizar la constitucionalidad o convencionalidad” de los actos relacionados con la reforma judicial, así como “que se suspenda la Reforma al Poder Judicial de la Federación propuesta por el Poder Ejecutivo”.
La presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, consideró “dudoso” si la Presidencia de la Suprema Corte puede otorgar la medida cautelar y frenar la discusión de la reforma judicial, razón por lo que turnó los asuntos a la ministra Lenia Batres para elaborar “un proyecto de resolución con el que se dará cuenta al Tribunal Pleno, sobre el trámite que deberá seguirse en este asunto”.
RM
