Según datos de las organizaciones de derechos humanos locales, hay alrededor de 3 mil 500 personas desaparecidas a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí, en Baja California, hay más de mil 200 casos.
La mayoría de los ataques se produjeron del lado mexicano pero, según esos organismos, ya son decenas los levantones registrados en suelo estadunidense (solo en la zona fronteriza con Baja California hay entre 60 y 70 casos), donde hay dos móviles: represalias entre miembros de grupos criminales que cruzan la frontera para ocultarse u operar el trasiego de drogas, y secuestros de migrantes o emprendedores mexicanos que tienen familiares tanto en territorio de EU como en México…
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Hace poco más de cinco años que Fernando Ortigoza dejó todo para dedicar sus días a buscar a su hijo José Alberto. A él y cientos de personas desaparecidas en las ciudades fronterizas de Tijuana y San Diego, California. En mayo de 2014 José Alberto, de 25 años, fue levantado por un comando y subido a una camioneta, escasos metros después de cruzar la garita de Otay, en San Diego.
“Era un día como cualquier otro. Mi hijo se fue a dejar dinero que le habían encargado en la empresa donde trabajaba, eran las 2 de la tarde cuando cruzó caminando la garita. Cinco minutos después, la camioneta le cerró el paso y desde entonces no sabemos nada de él”, relata Fernando.
Las autoridades de ambos países abrieron carpetas de investigación por la desaparición de José Alberto. Meses más tarde, agentes de la fiscalía en San Diego dieron a conocer una hipótesis: los captores habrían vuelto a México y, presumiblemente, con ellos llevaban a José Alberto, por lo que las indagatorias deberían profundizarse del lado mexicano.
Un calvario para el padre mutilado de su hijo.
“Han sido meses y meses de ir de un lado para otro, de insistir en ambos lados, pero lo único que hace la fiscalía aquí (México) es preguntarte a los policías gringos a qué hora cruzó mi hijo. Es desesperante. A ellos no les interesan los desaparecidos, al fiscal tampoco, el comandante tampoco. Ellos van, levantan los reportes y no hacen el trabajo (de investigación) que deben hacer”, reprocha.
Como la de Ortigoza, cerca de 400 familias en Baja California integraron el Colectivo por Nuestros Desaparecidos, una agrupación que, a diferencia de muchos otros grupos en México, no es liderado por mujeres que buscan por todos lados a sus hijos: para proteger a las mujeres, aquí la búsqueda es coordinada por hombres.
“Cuando hacíamos búsqueda en lugares despoblados, en fosas o en sitios asegurados, como cuando fuimos a buscar a las víctimas de El Pozolero, muchas de las mujeres comenzaron a sufrir crisis nerviosas y eso las aisló un poco de las actividades.
Ahora los padres o hermanos o hijos de los padres de familia son quienes están en las actividades. Tenemos 35 hombres que están haciendo búsquedas todos los días”, dice Fernando Ocegueda, fundador del colectivo, y quien también tiene un hijo desaparecido desde 2012. Él informa que 400 de los casos que tienen son del fuero común y 100 del orden federal.
“Nos hemos dado cuenta de que en grupo las instancias dan mejores resultados, en buena medida porque ejercemos presión. Así hemos encontrado a una decena de personas y eso nos motiva a seguir presionando de ambos lados de la frontera”, agrega.
Las búsquedas que encabezan Fernando Ocegueda y Fernando Ortigoza se realizan en campo y con el cruce de información que recaban en las fiscalías de San Diego, Tijuana, Ensenada, Mexicali y Rosarito.
Los hombres de Tijuana se quedan frente a una mesa revisando documentos de decenas de casos ocurridos en ambos lados de la frontera. Y no solo de mexicanos, también de migrantes centroamericanos, cuyos familiares los han contactado en búsqueda de ayuda.
Fernando Ortigoza finaliza hablando de su hijo: “Ni yo, ni los hombres de este colectivo nos vamos a detener. No me importa cómo sea que lo encuentre. Si lo tienen por ahí, suéltenlo, no pasa nada. Yo no ando buscando criminales. Mi corazón ya no tiene cabida para venganzas…”.
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