El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que el área donde fueron secuestrados 10 mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, es controlada por una célula de Los Chapitos.
En la conferencia de Prensa matutina, que en esta ocasión se llevó a cabo en Tijuana, Baja California, el coordinador del Gabinete de Seguridad apuntó que no se habían registrado amenazas contra este grupo de trabajadores.
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“Lo que tenemos es que no había habido una amenaza, los primeros reportes que tenemos, no había habido amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa. Ahí en esta área opera una célula de Los Chapitos, tenemos identificado a uno de los líderes que operan en la zona y también estamos en su búsqueda”.
En el cuartel general de la segunda zona militar, García Harfuch advirtió que el Gabinete de Seguridad no parará en la búsqueda de los mineros.
“Estamos ya en coordinación con el estado, esto ocurrió el 24 de enero, primero decirles a las familias de las víctimas que todo el gabinete de seguridad, por instrucciones de la Presidenta, no vamos a parar en su búsqueda".
“Estamos en búsqueda todas las instituciones del Gabinete de Seguridad y ya estamos participando también en la investigación, fue en el área de Concordia, el 24 de enero”.
Senadores del PT piden agilizar búsqueda de mineros secuestrados en Sinaloa
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), en el Senado, solicitará a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa trabajar en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de la entidad para fortalecer la investigación y agilizar la localización con vida de los diez ingenieros mineros que desaparecieron en Concordia, Sinaloa y brindar todo el apoyo institucional y mantener comunicación permanente con los familiares de las víctimas.
Los legisladores adelantaron que presentarán un punto de acuerdo en la primera sesión del Segundo Periodo de Sesiones que será el martes 3 de febrero.
Las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Ana Karen Hernández Aceves, encabezadas por el coordinador Alberto Anaya Gutiérrez también llamaron a las autoridades a fortalecer la seguridad pública en proyectos de producción minera.
Principalmente en estados como Chihuahua, Durango, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Zacatecas, a fin de garantizar medidas de seguridad y coordinación operativa en las zonas de explotación minera y en sus rutas de acceso que permitan prevenir hechos delictivos y proteger a las comunidades y al personal que labora en dichos proyectos.
En el documento que será inscrito en la Gaceta Parlamentaria, los legisladores petistas detallan los hechos ocurridos el viernes 23 de enero, cuando un comando armado irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, donde se alojaban los trabajadores mineros y los privó de la libertad.
“El grupo habría ingresado de manera violenta llevándose a los empleados, sin que se registrara resistencia ni intervención inmediata de autoridades. Entre las personas desaparecidas se encuentran ingenieros, personal administrativo y elementos de seguridad asignados al campamento”.
Advierten que el caso no debe analizarse como un hecho aislado, pues se inserta en un entorno de riesgo persistente para las actividades productivas, particularmente en sectores estratégicos que operan en regiones con limitada presencia institucional y alta vulnerabilidad ante la delincuencia organizada.
De acuerdo con datos de la Cámara Minera de México (Camimex) el 97 por ciento de sus empresas afiliadas reportó haber sido víctima de algún ilícito, entre los delitos más recurrentes se ubican el robo hormiga, la extorsión, la extracción ilegal, el robo de material, así como eventos de mayor gravedad como secuestros y agresiones contra personal en campo.
La información pública disponible también identifica a Durango, Zacatecas y Guanajuato entre las entidades con más reportes en este tipo de incidentes, lo que da cuenta de un fenómeno extendido y no estrictamente local.
Y destaca que los impactos van más allá de los hurtos directos: estos hechos pueden representar incrementos de hasta 5% en costos y mermas de hasta 7 por ciento en la producción, afectando la continuidad operativa, la rentabilidad, el empleo y la percepción de riesgo para la inversión.
“Resulta indispensable que las autoridades competentes agoten todas las líneas de investigación, destinen los recursos necesarios para la búsqueda y localización con vida de las personas privadas de la libertad, y fortalezcan medidas preventivas y de coordinación interinstitucional en zonas de explotación minera, con enfoque de protección a la población y al personal que desempeña funciones estratégicas para la economía regional y nacional”, añadieron.
LG
