Un Tribunal federal de la Ciudad de México ordenó revisar el despliegue de seguridad y las condiciones de resguardo implementadas por la Guardia Nacional en un edificio habitacional de Las Lomas de Chapultepec, al que fue enviado, en condiciones de prisión preventiva, el director de Black Wallstreet Capital (BWC), Juan Carlos Minero Alonso.
Por votación unánime, la magistrada y los dos magistrados del Octavo Tribunal Colegiado decidieron conceder una suspensión solicitada por los vecinos del condominio de Sierra Guadarrama número 30, y ordenar que se revise a fondo el despliegue de la Guardia Nacional en la zona.
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Petición de los vecinos fue escuchada
Lo anterior con el objetivo primario de salvaguardar los derechos de los habitantes de dicho condominio, pero principalmente de los menores de edad, para garantizar que vivan en un entorno libre de violencia, de sana movilidad y esparcimiento.
Para tal efecto, los magistrados ordenaron que se solicite a los fiscales y autoridades federales una evaluación de riesgos de Juan Carlos Minero Alonso, procedimiento que ni la FGR ni la Unidad de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional llevaron a cabo en su momento, y que a partir de ahí se defina las condiciones de seguridad adecuadas pero lo menos intrusivas posible.
“Se requiere que la Guardia Nacional establezca un protocolo específico para la vigilancia de esta persona en ese inmueble; que se respete el reglamento interior del condominio; y que asigne el número mínimo de elementos necesarios, pero lo menos intrusivos posible y se analice la necesidad de que estos guardias porten artefactos bélicos dentro del propio condominio” señaló el magistrado Jorge Vásquez, al exponer su proyecto aprobado por unanimidad en la sesión pública del tribunal realizada este 25 de noviembre.
¿Quién permitió la prisión domiciliaria?
MILENIO dio a conocer, el 11 de noviembre, que la jueza federal del Altiplano, Guillermina Matías Garduño, aceptó trasladar del Altiplano al departamento de Las Lomas la prisión preventiva justificada que se le impuso a Minero Alonso, por el proceso abierto en su contra por cargos de delincuencia organizada y lavado.
La resolución judicial, como también dio a conocer este medio, se sustentó en un padecimiento de hipertensión no atendido que Minero expuso a través de sus abogados y que, desde el punto de vista de la jueza, no fue desvirtuado por los fiscales de la FGR.
Sin embargo, la asociación de los vecinos promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito, en el que alegan que sus derechos fueron violados al trasladar a su hogar a una persona que requiere condiciones de seguridad que no se pueden implementar en ese sitio, sin atropellar las garantías de los demás.
En el contexto de ese juicio de amparo, que sigue en desarrollo, es que el Tribunal Federal revisó y concedió una suspensión para que, mientras el juicio de amparo avanza, por lo pronto se revise el despliegue operativo y se garantice de inmediato la seguridad de los inquilinos.
¿Qué sigue para Juan Carlos Minero Alonso?
La resolución aprobada por los magistrados Jorge Vásquez, Nelly Monteallegre y Alberto Torres Villanueva ordena al juez a cargo del amparo que gire oficios a diversas autoridades, para que se verifiquen las condiciones en que la Guardia Nacional está llevando a cabo el resguardo de Minero Alonso.
Debe priorizarse, según lo establecido por los magistrados, que dicha vigilancia sea lo menos intrusiva posible.
Es decir, que el número de elementos de la Guardia Nacional desplegado sea reducido, que de preferencia no se ubiquen en lugares comunes y, de ser factible, que no porten armamento de alto poder frente a los inquilinos y los menores que viven en el condominio.
“Para la asignación del número de elementos vamos a incluir en la propuesta que se realice un análisis de riesgo (al inculpado) como lo ha propuesto el magistrado Alberto, y que de los resultados de ese análisis se asigne el número mínimo de elementos que resulten necesarios para la vigilancia del inculpado al interior del edificio”, indicó en la audiencia el magistrado.
Amparo de los vecinos sigue en pie
De forma paralela a esa revisión, el juicio de amparo, promovido por los vecinos, continua en el referido juzgado.
Las familias buscan que, a través de una orden judicial, se pueda llevar a cabo una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que se expongan y tomen en cuenta los riesgos de recluir en un edificio habitacional a una persona de un alto perfil criminal. Y que, a partir de ello, se determine otro sitio de reclusión para el inculpado.
RM
