El crimen organizado ha permeado entre la sociedad poblana, la presencia de diversos cárteles se ha aprovechado de uno de los sectores vulnerables de la sociedad como lo son las niñas, niños y adolescentes (NNA) para reclutarlos en actividades ilícitas e introducirlos a una vida de violencia.
El gobierno federal ha puesto el ojo en Puebla, al ser uno de los estados en donde se ha detectado dicha problemática y que se refleja con el incremento en los casos de menores de edad vinculados a proceso por delitos.
El estudio Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada en Zonas de Alta Incidencia Delictiva en México elaborado por la Secretaría de Gobernación durante el anterior sexenio de gobierno, señaló que 18 estados son propensos a que sus infantes sean reclutados por grupos criminales.
Dentro del listado se incluyó a la entidad poblana, esto debido a que, según la información de la dependencia federal, se cuenta con la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, así como escisiones de los Zetas y del grupo de los Beltrán Leyva, además de las agrupaciones delictivas locales.
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De acuerdo con el documento, la ciudad de Puebla es el único municipio considerado como de alta incidencia para el reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado.
Asimismo, se refiere que los grupos del crimen organizado dividen a los menores de edad en tareas según sus edades, ya que aquellos que tienen entre 6 y 12 años son empleados como mensajeros, vigilantes, transporte de sustancias ilícitas y atracción de otros infantes para explotación sexual.
Aquellos cuya edad va de los 13 a los 17 años, suelen ser utilizados para extorsiones digitales, robo con o sin violencia, producción y venta de drogas, secuestro, sicariato y desaparición de cuerpos.
Suben los delitos cometidos por menores de edad en Puebla
Durante 2025, Puebla registró un aumento del 37.6 por ciento en el número de menores de edad con medidas cautelares por haber cometido un delito, según el informe de Estadística de Población Nacional de Adolescentes con medidas cautelares, de sanción privativas y no privativas de la libertad y suspensión condicional del proceso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Federación.
Los datos refieren que durante el año pasado se tuvieron 131 casos, hecho que es mayor a los 96 que se contabilizaron durante el 2024 y que coloca a la entidad poblana en el lugar 18 a nivel nacional.
Las cifras antes expuestas exhiben un aumento en el número de hechos en los cuales adolescentes, niños y niñas se han visto involucrados en actividades criminales, siendo una problemática en aumento.
Entre los estados que también tuvieron un repunte importante en dicho tema se encuentra Nuevo León, con un aumento del 107 por ciento, pasando de 255 a 528 menores de edad con medidas cautelares o de sanción.
Otros estados en donde también hubo un incremento son Coahuila con el 88.2 por ciento, pasando de 51 a 96; Hidalgo con el 31.5 por ciento al ir de 57 a 75, y Guanajuato con el 18.9 por ciento ya que de 264 hechos llegó a 314.
Factores
El maestro Valente Tallabs González, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (Upaep) señaló que existen factores tanto como personales como estructurales que hacen propensos que los menores de edad se relacionen con el crimen organizado.
En el plano individual, el académico refirió que algunos casos los jóvenes deciden involucrarse con grupos criminales en busca de un sentido de identidad y aceptación, además de factores económicos e intenciones de ganar dinero “fácil”.
Entre los factores estructurales, Tallabs González señaló que se encuentran tales como el nivel socioeconómico, precariedad laboral, impunidad, además que se ha ido normalizando la narcocultura, a través de diversos medios.
“Es determinante el factor cultural porque es el que normaliza este tipo de actividades, se deja de ver que es malo porque está en todos lados. Es la famosa narcocultura donde de alguna forma privilegia la vida fácil”, declaró.
Ante dicha situación, el académico consideró importante que se fortalezcan todos los entornos en los cuales se desarrollan las niñas, niños y adolescentes, comenzando por la familia y la escuela.
Detalló que anteriormente, el núcleo familiar era un pilar para la generación de valores entre los jóvenes, sin embargo, actualmente se vive en una sociedad más individualista.
Explicó que en la mayoría de los casos, el reclutamiento se da a raíz de una persona en la cual el menor de edad confiaba y que genera el acercamiento con los grupos delictivos.
Asimismo, consideró importante que desde el gobierno también se fortalezcan las políticas públicas que permitan la recomposición del tejido social y con ello prevenir la delincuencia juvenil.
Se debe concientizar
Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, Andrés Villegas Mendoza, consideró fundamental que se haga un trabajo de concientización entre los menores de edad sobre las repercusiones negativas de adentrarse en actividades ilícitas.
“La vida criminal es de cuatro a seis años, no es más, entran con falsas esperanzas, con falsos temas y duran cuatro o seis años y, si no acaban muertos o huyendo”, manifestó.
Villegas Mendoza señaló que existe otra cara de la moneda, y es cuando el reclutamiento no es con consentimiento, sino que se hace de manera forzada.
Dicha situación es reconocida por la propia Secretaría de Gobernación (Segob), que refiere que no existen marcos legales claros en los cuales se pueda actuar cuando niñas, niños y adolescentes cometen un delito en el cual se vieron obligados a participar.
“El problema de cómo juzgar los delitos cometidos por los NNA víctimas de reclutamiento forzado presenta ambigüedades complejas, la contradicción al procesar a los NNA reclutados ilícitamente como infractores de la ley penal por causa del delito del que han sido víctimas es una de las principales dificultades al abordar la responsabilidad de estos”, refiere el Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA por Grupos Delictivos y la Delincuencia Organizada.
Bajo dicho escenario, Andrés Villegas destacó que el pasado mes de septiembre propuso ante el Congreso local una iniciativa para reformar el Código Penal y sancionar el reclutamiento forzado como un delito, estableciendo penas de ocho a 15 años de prisión.
En este sentido, se debe destacar que en aquellos casos en donde las personas que son reclutadas de manera forzada por grupos delictivos, sean menores de edad, las penas aumentarán en una mitad, por lo que llegarían a los 22 años y medio de cárcel.
Expresó que la iniciativa tiene la finalidad de que se generen herramientas jurídicas para que las autoridades correspondientes tengan un marco legal para actuar en contra de quienes busquen forzar el involucramiento forzado de hombres y mujeres en la delincuencia.
Antecedentes
En Puebla se han presentado casos de reclutamiento de menores de edad por parte del crimen organizado, siendo el más reciente el de Brayan 'N' de 17 años de edad, quien participó en el homicidio de tres jóvenes el pasado 14 de febrero a afuera del bar Sala de Despecho.
El triple homicidio fue atribuido al denominado grupo La Barredora, ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De igual manera, a principios de septiembre del 2025, se reportó la desaparición de 12 jóvenes en Amozoc, de los cuales 11 lograron ser localizados tras los esfuerzos hechos por parte de las autoridades.
Según las investigaciones, las personas presuntamente habrían sido secuestradas a través del engaño de la doceava persona de que les conseguiría un empleo, pero en realidad buscaba sumarlas a una presunta organización criminal.
CHM
