A casi 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sus familiares iniciaron una serie de movilizaciones con las que, como cada año, exigen justicia.
Las madres y padres de los jóvenes encabezaron una movilización en Chilpancingo el 21 de septiembre pasado, un par de semanas después de su más reciente reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Durante el encuentro del 4 de septiembre con la mandataria —el quinto en lo que va del sexenio—, las familias solicitaron que se reincorporara al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual brindó asistencia técnica durante distintas etapas del caso.
Aunque la mandataria advirtió que dicho grupo no podría prestar sus servicios nuevamente, mantuvo abierta la posibilidad de solicitar apoyo a un equipo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en esta materia. Pero, ¿qué es el GIEI y por qué fue importante en el Caso Ayotzinapa? En MILENIO te contamos.
¿Cómo surgió el GIEI?
En medio de la incertidumbre sobre los hechos que derivaron en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y la mañana del 27 de septiembre de 2014, el Estado Mexicano y los representantes de las víctimas solicitaron el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dicho órgano, encargado de promover la observancia y defensa de los derechos humanos, aprobó la creación de un equipo de expertos para realizar una verificación técnica de las acciones emprendidas por las autoridades mexicanas.
Entre las principales atribuciones que se le otorgaron al GIEI, según puede leerse en el acuerdo de noviembre de 2014, estaban:
- Analizar si se habían realizado todas las acciones para dar con el paradero de los estudiantes.
- Evaluar si en los trabajos de búsqueda se empleaban los medios tecnológicos más adecuados.
- Examinar si se habían agotado todas las líneas de investigación, "particularmente los vínculos entre la delincuencia organizada y actores estatales".
Presentar denuncias penales para la persecución de los delitos que correspondan.
En un inicio, el GIEI estuvo conformado por especialistas en derechos humanos y otras áreas como el Derecho Penal y hasta la Medicina: Carlos Martín Beristain, Ángela María Buitrago, Francisco Cox, Claudia Paz y Paz y Alejandro Valencia. Se tenía previsto que sus recomendaciones permitieran fortalecer la capacidad del Estado mexicano para atender no sólo este, sino también otros casos de desaparición forzada.
Bajo dicha narrativa, las autoridades del país se habían comprometido a mantener una estrecha colaboración, visible en el pleno acceso a los expedientes y la información gubernamental, el otorgamiento de los recursos necesarios para realizar su trabajo y las medidas de seguridad pertinentes.
Los 'bloqueos' que orillaron al GIEI a abandonar sus labores
Durante los casi 11 años que han transcurrido desde la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el GIEI ha tenido dos etapas de colaboración con las autoridades mexicanas.
La primera abarcó desde febrero de 2015 —cuando el grupo tuvo su primera reunión formal— hasta el 30 de abril de 2016, fecha en que se oficializó el fin de su mandato. En el informe presentado antes de suspender sus labores en el caso, el GIEI acusó a instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la extinta Procuraduría General de la República (PGR) por múltiples obstrucciones.
"Los reportes de inteligencia, las bitácoras con información, las fotografías y los videos vinculados con los hechos no han sido incorporados a la investigación [...] No facilitar o impedir el acceso a cualquier información, no sólo para el GIEI sino para la PGR encargada de dicha investigación, supone una limitación
clave en la lucha contra la impunidad", aseveró el GIEI en el documento.
A estos señalamientos se sumaron denuncias por la demora en la práctica de muchas pruebas y críticas a las instituciones impartidoras de justicia, pues las confesiones parecían ser "la prueba determinante para imputar responsabilidades", mientras que las pruebas objetivas y científicas "son secundarias y, en muchos casos, hasta excepcionales para este cometido".
Casi cuatro años después, ya con Andrés Manuel López Obrador al frente de la Presidencia, el Gobierno de México y la CIDH suscribieron un nuevo acuerdo para reinstalar al GIEI, tras las reiteradas peticiones de las familias de los normalistas.
Para ese momento, el escenario respecto al Caso Ayotzinapa en el país era complicado, pues muchos de los detenidos habían sido liberados a raíz de las inconsistencias en sus respectivos procesos. Además, el caso había tenido que reconstruirse en 2019 debido a los cambios institucionales y al surgimiento de entidades como la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) y la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ).
Aunque durante su segunda etapa el GIEI reconoció algunos avances en el caso, consideró que las fragmentaciones al interior de la UEILCA —derivadas de una estructura que "se resiste a que se investigue lo que pasó"— y la renuencia de autoridades militares a entregar la información solicitada eran aspectos que impedían avanzar con la investigación.
En su último informe, publicado en julio de 2023, se advirtió sobre un "apagón en la información" del Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Estatal y la Policía Federal que resultaba "contrario a la necesaria existencia fílmica, fotográfica y documental de los hechos del 26 y 27 de septiembre, porque se ordenó [por altos mandos] recabarla, enviarla y protegerla".
"El GIEI ha llegado al límite de lo que se podía investigar como asistencia técnica [...] Como las cosas no han cambiado, no podemos continuar con nuestro trabajo”, señaló Beristain en entrevista con MILENIO poco antes de que los únicos dos miembros restantes del grupo se retiraran nuevamente del país.
¿Por qué se pide el regreso del GIEI?
Durante el último par de años, las madres y padres de los normalistas desaparecidos han externado su deseo por que se establezcan las condiciones necesarias para que el GIEI vuelva, una vez más, al país.
Melitón Ortega, uno de los voceros de las familias, señaló desde octubre de 2024 que la reincorporación del GIEI permitiría conocer mayores detalles sobre los avances que ha tenido la investigación en tiempos recientes.
Después de su quinta reunión con las víctimas, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la presentación de avances ha tenido un ritmo distinto debido a la implementación de una "nueva forma de investigación, mucho más basada en evidencias".
En este sentido, mantuvo abierta la posibilidad de buscar expertos independientes "para que madres y padres puedan tener la certeza de que, en efecto, se están haciendo bien las cosas".
BM.
