DOMINGA.– Un correo anónimo llegó el 7 de noviembre de 2011. Lo firmaba un colectivo de hackers que decía haber descubierto una operación internacional. Era extenso y empezaba fuerte:
Un grupo de mercenarios ha mancillado la paz y la seguridad del país, integrado por canadienses, estadounidenses y mexicanos que, sin pudor, reciben y transfieren millones de dólares para corromper a mexicanos que, como apátridas, a través de cuantiosas transacciones internacionales en dólares, euros y dinares, con el uso de aeronaves privadas en vuelos desde el norte de África y Europa, intentan ilegalmente internar al país al hijo del coronel Muamar el Gadafi, Saadi Gadafi.
Los hackers pedían que siguieran sus pistas y, como prueba de buena voluntad, anexaban una credencial con fotografía: según ellos era el hombre que se encargaba de tramitar la documentación falsa para una red de traficantes. Además lanzaron otras pistas a la Policía de Investigación mexicana: también había otros tres cómplices: Gabriela, una mujer mexicoamericana; Pierre, un ciudadano danés; y Cynthia, una mujer de Canadá.
Los agentes federales pusieron la fotografía en sus sistemas y descubrieron que era verdadera. Al menos de entrada parecía que no era una broma. Pertenecía a José Luis Kennedy Prieto, un expolicía que había sido comandante de homicidios en la Ciudad de México y excomandante del Grupo Tritón, de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS). Esta sería la primera pista con la que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se armaría una causa de extracción internacional.
Un expediente exhibe que hace más de una década, la PGR se armó una de las teorías más rocambolesca de los últimos años: según la Procuraduría, una red de canadienses, un danés y mexicanos intentaron sacar de Libia a la familia de Muamar el Gadafi después de su caída –coronel que gobernó Libia por más de cuarenta años–, y esconderla bajo identidades falsas en una casa cerca de Puerto Vallarta, en México.
Para el 20 de octubre de 2011, cuando asesinaron a Gadafi en Sirte y su hijo Saadi huyó a Níger, la operación para meterlo a México con actas de nacimiento y credenciales falsas ya llevaba meses armándose: incluía aviones privados arrendados en Canadá, una casa apartada en la costa del Pacífico mexicano y una identidad nueva para cada integrante de la familia. Todo esto lo disfrazaron de negocios legítimos y con personajes de altísimo nivel. Una consultora canadiense contratada, en teoría, por una empresa de ingeniería para “investigar” el conflicto libio, y una corredora de aviones privados registrada en Delaware, Estados Unidos.
Esta es una colaboración de ARCHIVERO para DOMINGA que reconstruye este caso gracias a la desclasificación de expedientes olvidados entre cajones y viejas oficinas públicas. Casos como éste revelan que en México la verdad oficial está en obra negra.
Una conspiración internacional para esconder al hijo de Gadafi
Para entender por qué sonaba creíble que Saadi Gadafi quisiera refugiarse en México hay que remontarse a febrero de 2011, cuando Libia comenzaba a caerse a pedazos. La OTAN bombardeaba, los rebeldes avanzaban, y Muamar Gadafi calculaba, junto a su círculo más cercano, rutas de salida.
Saadi Gadafi, uno de sus hijos, era el más visible fuera de Libia. Exfutbolista profesional, empresario, tenía contactos repartidos entre Canadá y el golfo Pérsico. Incluso desde hacía años tenía contratado a un guardaespaldas en Estados Unidos: Gary Peters, un exmilitar australiano de 49 años que vivía en Ontario, desde 2002 y era dueño de la empresa de seguridad privada CSI-International, Inc.
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Saadi, además, tenía otro aliado, más grande y menos visible: SNC-Lavalin, un gigante canadiense de ingeniería y construcción con sede en Montreal, que durante décadas había operado en Libia bajo el régimen de su padre, con miles de millones de dólares en contratos de carreteras, agua, cárceles y aeropuertos. La Real Policía Montada canadiense alegó en un documento judicial para obtener orden de cateo en las oficinas de SNC-Lavalin, que el entonces vicepresidente de la empresa, Riadh Ben Aïssa, había pagado a Saadi unos 160 millones de dólares en sobornos a cambio de dichos contratos. El documento, de 59 páginas, lo obtuvo y publicó el National Post.
Cuando estalló la guerra en Libia, en febrero de 2011, Stéphane Roy, controlador de SNC-Lavalin, contrató a Cynthia Vanier, una mediadora de conflictos internacionales de Ontario para viajar a Trípoli, capital de Libia, y elaborar un reporte “de investigación” de diez días sobre la situación del país, según reconstruyó la CBC. Vanier hizo lo que ya había hecho antes en otros proyectos: contratar como escolta a Gary Peters, además de Barrie Rice, un exmilitar de las fuerzas especiales de Nueva Zelanda. Lo que no sabía –y esto lo confesaría Peters a la CBC, años después– es que la idea original del viaje había sido suya “al servicio de mi jefe”.
Peters reconoció que a Vanier la usaron como dupe: alguien con la cara legítima de una mediadora profesional, para ejecutar un viaje cuyo verdadero origen y propósito ella desconocía. Cómo llegó esa idea de Peters hasta los ejecutivos de SNC-Lavalin es algo que nunca se ha esclarecido.
El guardaespaldas de Saadi Gadafi
El 17 de julio partieron a Trípoli. Según la propia declaración de Vanier, en ese vuelo chárter iban también Lorent Berenda, estadounidense; Belind Izizza, iraquí-estadounidense; Barrie Rice, neozelandés; un hombre de apellido que ella no recordaba, rumano-canadiense, al que llamaban Enclor; y Roger Lenouf, un estadounidense que trabajaba para la CIA. Durante ese viaje Gary presumió que él ya había dado seguridad a Saadi Gadafi cuando visitó Canadá, al parecer con motivo del festival de cine de Toronto.
El viaje fue caótico: cuando llegaron a Libia, según declaró Vanier, Gary “se puso muy loco” y rompió las reglas de seguridad del equipo. Empezó a decir que era amigo de Saadi Gadafi –lo era, aunque ella todavía no lo supiera del todo– y en uno de los refugios llegó a soltar, frente a los demás, cómo él podría sacarlo del país. Los otros miembros del equipo, con más experiencia que él, pensaron que estaba mintiendo y prácticamente lo callaron para no verse relacionados con lo que decía.
Cuando la guerra se cerró sobre Trípoli, Peters empezó a mover piezas. Ofreció hasta mil dólares diarios a contratistas de seguridad dispuestos a sacar a Saadi, a su esposa y a sus dos hijos de Libia.
Para que la operación pareciera otra cosa, hacía falta una fachada. Ahí entró Cynthia Vanier que, para julio de 2011, fue contratada por dos ejecutivos de SNC-Lavalin, una empresa canadiense que brindaba servicios de ingeniería, adquisiciones y construcción a diversas industrias. Tenían previsto volver a Libia en septiembre. No lo lograron: el país ya no lo permitía. El 12 de septiembre de 2011, la policía canadiense la buscó. Le preguntaron si ella o su compañía habían ayudado a Gary a cruzar la frontera hacia Níger. A finales de octubre, empezaron a salir notas de que el guardaespaldas podría haber ayudado a escapar a Saadi Gadafi.
El 29 de octubre, el National Post publicó: Gary Peters, contratista de seguridad privada, admitía haber ayudado al hijo del coronel a huir de Libia. Cuando estalló la revuelta lo contrataron como guardaespaldas personal de Gadafi; durante los siguientes seis meses lo mantuvo lejos del peligro y, cuando la caída ya era inevitable, lo escoltó a través del desierto hasta el exilio en Níger.
El expiloto del Chapo no quiso llevarse a Gadafi
Christian Eduardo Esquino Núñez era socio de dos empresas de Toluca, Estado de México, dedicadas a comprar, vender y rentar aviones ejecutivos: Recreación y Diversión, S.A. y Star Wood Management. Conocía a Gabriela Dávila desde hacía trece años por una casa que ella le había vendido en San Diego, California. Así lo declaró él mismo ante el Ministerio Público, el 9 de enero de 2012.
En julio de 2011, contó, Gabriela lo buscó: quería rentar un avión con matrícula y pilotos mexicanos para llevar gente de Canadá a África. No le dijo nombres ni cuántas personas ni el motivo del viaje. Sólo que era “una misión especial” y que se verían en la Ciudad de México con su socio, Gregory Lynn Gillespie, para cerrar el trato. Se reunieron el 15 de julio en el bar del hotel JW Marriott. Gillespie, “un exmarino americano de las fuerzas especiales”, le explicó lo esencial y nada más: irían a Túnez con escala en Pristina, Kosovo. Los pasajeros serían sobre todo exmilitares que acompañaban a “una funcionaria importante”. Le pagaron 144 mil dólares por adelantado, transferidos ese mismo día de una cuenta del Bank of Montreal a una cuenta de Wells Fargo.
El avión salió de Toluca al día siguiente tripulado por los pilotos José Aguilar Talavera, Roberto García Galindo y Mario Mabarak Lagunes.
Un dato interesante es que en 2006 la PGR había acusado a Águilar Talavera de formar parte de una organización que trabajaba para Joaquín El Chapo Guzmán. Había sido indiciado, junto a otras diez personas, por la logística detrás del decomiso de 5.5 toneladas de cocaína en un avión DC-9 en Ciudad del Carmen, Campeche; era un caso que destapó una red de trasiego aéreo de droga desde África y Sudamérica. Ese mismo año lo habían detenido en el aeropuerto de Tijuana, acusado de trasladar indocumentados, lavado de dinero y trasiego de drogas, al aterrizar con cinco colombianos a bordo.
Entonces, el 17 de julio recogió a dos pasajeros en Pittsburgh, Estados Unidos –uno de ellos, según la declaración, “de origen musulmán”–, y de ahí voló a Kitchener, Canadá, donde subieron cuatro personas más. Entre ellas estaban Cynthia Vanier y Gary Peters. Los seis pasajeros junto con la tripulación llegaron a Pristina el día lunes. Ahí, en la base de operaciones improvisada en Kosovo, alguien dijo a los pilotos que al día siguiente dejarían a los pasajeros en otro punto y después debían quedarse en Pristina, disponibles para lo que llamaron una “extracción de emergencia”. Los pilotos preguntaron qué significaba eso. Nadie les respondió. Llamaron a Esquino Núñez, que a su vez llamó a Gillespie.
Gillespie se lo explicó: la extracción consistía en aterrizar en una carretera, en territorio libio, y sacar de ahí a ciertas personas rumbo a Pristina sin pasar por ningún control migratorio. “Ese no había sido el trato”, le contestó Esquino Núñez. Y se negó. El vuelo se realizó sólo hasta Yerba, Túnez, sin la escala clandestina en Libia. Los pilotos esperaron una semana en un hotel de Pristina donde se les unió “un sujeto de apariencia latina”, antes de volver por los pasajeros y regresar a Kitchener. Uno de los seis se quedó en Kosovo; otro, que subieron en Pristina, se quedó en Canadá.
A José Luis Kennedy Prieto lo localizaron a las ocho y media de la mañana, cerca de la calle Norte 5, colonia Defensores de la República, en la Ciudad de México. Esa tarde rindió su versión ante el Ministerio Público. Dijo que conocía a Gabriela Dávila desde hacía unos ocho años, presentados por un amigo en común. Que se veían poco, diez o quince minutos cada vez, casi siempre en el hotel donde se hospedaba, y que nomás se preguntaban por su salud. Que en septiembre, en uno de esos encuentros en el St. Regis, Gabriela le presentó a una mujer canadiense: era Cynthia.
Cynthia tramitaba un crédito de cinco millones de pesos para comprar una casa cerca de Puerto Vallarta y necesitaba unos documentos: acta de nacimiento, credencial de elector, pasaporte. Kennedy Prieto dijo que conocía a alguien que trabajaba “asuntos de migración” y podía conseguirlos, lícitamente, por sesenta mil pesos. Le entregó una foto de Cynthia y sus datos, pagó los sesenta mil en dos partes, y una semana después tenía en las manos un acta de nacimiento, un pasaporte y una credencial de elector, que le entregó a Gabriela en el mismo hotel. Insistió, más de una vez, en que él desconocía si esos documentos eran auténticos.
A Pierre Christian Flensborg lo detuvieron cerca de la Plaza de la República, junto con Gabriela: ambos estaban en la zona del St. Regis, donde ella tenía –dijo Gabriela después– una cita en la Comisión Nacional del Agua, la misma que le canceló esa mañana. Agentes vestidos de civil los interceptaron cuando iban en camino, con lo que dijeron era una orden de localización y presentación, y se los llevaron a declarar. Flensborg cargaba un pasaporte danés de pastas color vino, con sellos de Suiza, Kosovo, Turquía, Irak, Dinamarca y Panamá.
Ahí es donde las dos versiones chocan. Gabriela, ese mismo 11 de noviembre, se refirió a Flensborg como “su socio”. Christian Eduardo Esquino Núñez, el broker de aviones de Toluca, dijo lo mismo: que Gabriela se lo había presentado como tal y hasta describió su físico con detalle –un metro con ochenta, complexión delgada, tez blanca, unos treinta y cinco años, cabello castaño oscuro, ojos café claros, nariz recta y grande, sin bigote ni barba– al declarar sobre una reunión en el restaurante del hotel donde los tres discutieron el pago de la renta de un avión.
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Pero Flensborg, en su declaración del 29 de noviembre, lo negó todo de manera categórica: “Desconozco a Gabriela Dávila”. Dijo no pertenecer a ninguna red de tráfico de personas, no haber rentado ni volado jamás una aeronave privada, no conocer ninguna empresa de aviación privada, y admitió apenas haber saludado y despedido “de cordial saludo, dos veces en el transcurso de mi vida” al hombre acusado de tráfico de documentos, sin dar más detalles.
Sobre sus viajes reales, dijo que había estado en Erbil, Irak, los días 11 y 12 de octubre, como asesor de una negociación para una planta de reciclaje y una posible venta de azúcar, y que esa era la única vez que había pisado ese país en su vida.
A Gabriela la bajaron de su camioneta sobre Paseo de la Reforma. En su propia declaración contó que a la mujer que ella conocía como Cindy Vanier la había tratado, desde agosto de 2011, porque había gestionado vuelos privados para ella, vuelos a Pristina, Kosovo, y otros destinos como Canadá, Puerto Vallarta, Tijuana.
A Cynthia Vanier la detuvieron también en la Ciudad de México. Ese mismo 10 de noviembre organizaba una reunión entre Stéphane Roy, el ejecutivo de SNC-Lavalin que la había contratado para ir a Libia, y funcionarios mexicanos. Oficialmente, hablarían de plantas de tratamiento de agua. Roy llegó a México al día siguiente sin saber que Vanier ya estaba presa.
Lo que vino después…
Cynthia Vanier y Gabriela Dávila salieron libres primero, alrededor del 19 de abril de 2013. El fallo, según reportó la prensa canadiense, se basó en violaciones a sus derechos humanos y constitucionales durante el proceso, y no se pronunció sobre su culpabilidad o inocencia. Vanier había pasado dieciocho meses presa en Chetumal.
Una semana después, el 26 de abril, el mismo tribunal le concedió el amparo a Pierre Christian Flensborg: anuló el testimonio del principal testigo del caso, que se había retractado de sus declaraciones iniciales, aunque en los documentos está testado quien se habría echado para atrás.
José Luis Kennedy Prieto fue el último en salir libre, el 30 de octubre de 2013, casi dos años después de su detención. En entrevistas posteriores dijo que su esposa había sido amenazada por la PGR para que lo inculpara, bajo la advertencia de que si no lo hacía, la encarcelarían a ella; y que él se declaró culpable para protegerla, aunque sostiene que era inocente.
Gregory Lynn Gillespie libró su propia batalla legal, por separado. En enero de 2013, un tribunal colegiado le negó el amparo y confirmó la orden de aprehensión en su contra. Desde entonces se desconoce si salió o sigue en prisión.
Gary Peters, el guardaespaldas australiano, fue deportado de Canadá a Australia en marzo de 2013, después de que la Junta de Inmigración y Refugiados determinó que era cómplice de los abusos cometidos por el régimen de Gadafi. It is what it is, dijo al National Post antes de subir al avión.
Ya libre, Vanier demandó a SNC-Lavalin por 15 millones de dólares, alegando que su trabajo para la empresa había sido legítimo y que la arrastró a una acusación que no le correspondía. La empresa, por su parte, la había demandado antes, a Riadh Ben Aïssa y a Stéphane Roy por 2 millones de dólares, acusándolos de haber usado fondos de la compañía para financiar el plan de sacar a la familia Gadafi de Libia.
Ben Aïssa, a quien la Real Policía Montada canadiense le atribuía haber canalizado 160 millones de dólares en sobornos a Saadi Gadafi, terminaría declarándose culpable tiempo después en una corte suiza, de corrupción y lavado de dinero. Este mismo hilo que apareció por primera vez en el año de 2011, en el caso de una consultora detenida por intentar esconder al hijo de un dictador en una playa mexicana, terminaría por convertirse ocho años después en el escándalo que sacudió al gobierno de Justin Trudeau en 2019.
Uno de los pilotos, Juan José Aguilar Talavera, de formación militar, murió en mayo de 2017, cuando la avioneta que piloteaba se desplomó en Coahuila, con otras doce personas a bordo. Saadi Gadafi nunca llegó a México. Se quedó en Níger, bajo arresto domiciliario, hasta que en 2014 fue extraditado a Libia.
GSC
