El 10 de mayo de 2019, los hermanos Simón, Luis Alfonso, y José Regino González Villarreal volvieron a Sinaloa, su estado natal, después de haber permanecido encarcelados en Malasia por 11 años.
A lo largo de su tiempo en reclusión pasaron por cinco cárceles de aquel país en el sudeste asiático. Las nulas condiciones de salubridad y la dificultad para comunicarse hicieron de su estadía una pesadilla.
En 2012, un tribunal los condenó a muerte por narcotráfico, pues fueron señalados de colaborar con el Cártel de Sinaloa. ¿Cómo fue que recuperaron su libertad y lograron volver a México? En MILENIO te contamos su historia.
Una falsa promesa en territorios del Cártel de Sinaloa
Entre Culiacán y la ciudad malasia de Johor Bahru hay una distancia de casi 16 mil kilómetros. El único motivo por el cual los hermanos González Villarreal abandonaron su hogar en 2008 fue, según narraron a la cadena BBC, una oportunidad laboral.
Un amigo de la familia, cuyo nombre se ha mantenido bajo resguardo, les dijo que podía llevarlos a Malasia para trabajar y generar más dinero del que obtenían en Sinaloa como fabricantes de ladrillos, labor que aprendieron de su padre.
Durante una entrevista con el medio internacional, José Regino explicó que aceptaron la propuesta pensando que llegarían a trabajar a una fábrica de globos y artículos publicitarios. En realidad era una compañía fantasma, instalada en el sudeste asiático para ocultar un laboratorio de metanfetamina del Cártel de Sinaloa.
La expansión del cártel sinaloense a territorios asiáticos se explica porque que entre 2006 y 2008 el gobierno mexicano impuso severas restricciones a la entrada de precursores químicos, como la pseudoefedrina.
Ante este escenario, los líderes de la organización comenzaron a buscar socios en países como India y China, conocidos por su laxa regulación para estas sustancias, acorde con investigaciones de la Academia Militar de Estados Unidos (USMA).
Reportes de la Agence France-Presse exponen que la Policía de Malasia desplegó un intenso operativo el 4 de marzo de 2008 al sur del estado de Johor. Su objetivo era un entramado criminal dedicado a la producción de drogas sintéticas. Durante los cateos, los oficiales arrestaron a 13 personas: dos de Malasia, cuatro de Singapur, uno de Canadá y seis de México (incluidos los hermanos González Villarreal).

En la entrevista concedida al periodista Alberto Nájar, de BBC, los hermanos culiacanenses expresaron que su labor se restringía a limpiar la fábrica, aunque eran conscientes de que en ese mismo lugar había un laboratorio de drogas.
La odisea de los González Villarreal en Malasia
En el momento en que los González Villarreal fueron detenidos, el tráfico de drogas era considerado por las leyes de Malasia como un delito capital, por lo que los culpables de estas actividades debían ser sentenciados a muerte.
La pena de muerte era una práctica ampliamente arraigada en Malasia, pues existía desde los tiempos en que el país era una colonia británica. Su Código Penal, elaborado en 1936, contemplaba este castigo para delitos como homicidio y traición, pero en la década de los setenta varias iniciativas estatales llevaron al Parlamento a implementar esta sanción también contra narcotraficantes.
Aunque la defensa de los mexicanos acusó múltiples irregularidades en el proceso, incluida una supuesta manipulación de pruebas y el robo de una parte de la droga por parte de agentes policiacos, los González Villarreal fueron llevados a juicio en abril de 2011.
Durante los meses siguientes, la defensa pidió que el caso fuera evaluado por el Tribunal Federal, argumentando la inconstitucionalidad del proceso. Sin embargo, en diciembre de 2011, esta instancia desestimó los alegatos.
En una audiencia de febrero de 2012, Luis Alfonso y Simón González Villarreal explicaron que su idea era trabajar haciendo la limpieza de la fábrica mientras encontraban otro empleo en el país vecino de Singapur.
Al hablar con la BBC, los hermanos aseguraron que el amigo que los llevó a Malasia los abandonó al poco tiempo; además, los responsables del narcolaboratorio les retiraron los pasaportes y los obligaron a permanecer ahí. Sin dinero y sin conocimientos de la lengua extranjera, no tenían manera de pedir ayuda.
El 17 de mayo de 2012, el magistrado Mohamed Zawawi Saleh declaró culpables a los tres mexicanos y a dos supuestos cómplices por narcotráfico y los condenó a morir en la horca.
En los años siguientes, los González Villarreal interpusieron recursos legales con la intención de revertir su destino fatal, pero no tuvieron éxito. En agosto de 2013 la sentencia fue ratificada por el Tribunal de Apelaciones y en abril de 2015 la decisión fue confirmada por el Tribunal Federal.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró haber brindado el apoyo consular a los connacionales y sus familias durante el proceso. Desde el año 2000, la Cancillería implementó un programa de asistencia jurídica para evitar, en la medida de lo posible, que ciudadanos mexicanos se enfrenten a este castigo en el extranjero.
Con la ratificación del Tribunal Federal de 2015, a los González Villarreal sólo les quedaba una alternativa: buscar el perdón del entonces sultán Ibrahim ibni Almarhum (actual rey de Malasia).
EL DATOLa reforma al Código Penal de Malasia
Desde 2018, Malasia comenzó a aplicar una moratoria a las sentencias de muerte, pero no fue sino hasta abril de 2023 que las dos cámaras del Parlamento aprobaron dos proyectos de ley para abolir la pena capital obligatoria para 12 delitos.
Antes de esa reforma, el castigo se aplicaba imperativamente para 11 delitos y discrecionalmente para otros 22.La Ley sobre la Abolición de la Pena de Muerte Obligatoria entró en vigor el 4 de julio de 2023, facultando a los jueces para considerar todas las circunstancias y decidir si imponen la pena de muerte, o bien, una pena carcelaria acompañada de varios azotes.
En septiembre de 2018, la SRE dio a conocer que, gracias a los esfuerzos diplomáticos, el sultán aceptó conmutar la pena de muerte por una cadena perpetua. Sin embargo, en mayo de 2019, los González Villarreal fueron trasladados a otra prisión, en donde recibieron la noticia de que habían sido indultados por el mandatario y podrían regresar a su hogar.
BM.