Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México el tiempo se agotó para algunos grandes capos del narcotráfico que permanecían desde años atrás recluidos en penales federales promoviendo múltiples recursos legales para evitar su extradición a Estados Unidos.
Como parte de la colaboración bilateral en materia de seguridad, el Gabinete de Seguridad puso en marcha la entrega de 55 generadores de violencia requeridos por la justicia estadounidense. En febrero y agosto de este año, los líderes y miembros de alto rango de diversas organizaciones delictivas responsables de delitos de alto impacto y múltiples episodios de violencia fueron expulsados del país.
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El Gobierno de México confirmó en ambos casos que se trató de una decisión para garantizar la seguridad nacional además de que estuvo sustentada por un aparato jurídico distinto al proceso de extradición, por lo que los amparos previamente promovidos por los trasladados no surtieron efecto para frenar su llegada al país de las barras y las estrellas.
Durante el segundo envío de los generadores de violencia, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, abundó que algunos continuaban coordinando actividades delictivas desde prisión a través de sus visitas, mismas que no podían negarles con base al respeto de sus derechos humanos.
Su declaración expuso las deficiencias que enfrenta el sistema penitenciario mexicano para neutralizar las actividades delictivas de las personas que los habitan, entre los cuales aún destacan tres líderes criminales de alto perfil que se encuentran enfrentando sus propios procesos judiciales.
Capos y operadores clave: los generadores de violencia entregados a EU
La llegada de 55 generadores de violencia a Estados Unidos no fue casualidad. Sobre cada uno de ellos pesaban cargos que fueron presentados ante cortes federales luego de que autoridades del país vecino identificaran y documentaran su amplia trayectoria delictiva y, en la mayoría de los casos, su pertenencia a alguna organización del crimen organizado.
Fundadores de grandes cárteles como Rafael Caro Quintero o Erick Valencia Salazar El 85, sanguinarios líderes como Miguel Ángel y Omar Treviño Morales alias Z40 y Z42 u otros de también alto perfil como Vicente Carrillo Fuentes El Viceroy, Antonio Oseguera Cervantes Tony Montana, Abigael González Valencia El Cuini o Servando Gómez La Tuta, protagonizaron las diligencias encabezadas por el Gabinete de Seguridad.
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En los paquetes también fueron incluidos operadores clave y jefes de seguridad, especialmente del Cártel de Sinaloa como fue el caso de José Ángel Cannobio Inzunza El Güerito, Mauro Alberto Núñez Ojeda El Jando, Martín Zazueta Pérez El Piyi, Kevin Acosta Gil El 200, así como Juan Carlos Félix Gástelum El Chavo Félix, Leobardo García Corrales, Hernán Domingo Ojeda, entre otros.
Otros miembros de Los Zetas , del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de la Organización Beltrán Leyva y de la Familia Michoacana conformaron el resto de ambos paquetes de entregados a Estados Unidos, toda vez que sus organizaciones se vieron involucradas en operaciones de trasiego internacional de drogas, una actividad lo suficientemente grande y lucrativa como para entrar al radar estadounidense.
Los ‘narcos’ de alto perfil que continúan en México
Las diligencias que el Gobierno de México realizó para entregar a los 55 generadores de violencia a Estados Unidos dejaron a algunos de los centros penitenciarios federales en México sin sus habitantes de más alto perfil. No obstante, aún se encuentran bajo resguardo mexicano al menos tres grandes líderes de organizaciones delictivas.
Uno de ellos es José Antonio Yépez Ortiz , alias El Marro, líder y fundador del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 14 en Durango.
Considerado como la máxima figura del huachicol en México, la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador lo consolidó como uno de sus objetivos prioritarios en el marco de su estrategia para combatir el robo de combustible en el país.
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De acuerdo con información del Gobierno de México, El Marro edificó una organización criminal regional basada en Guanajuato desde donde dirigía operaciones de extracción de combustibles de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como otras economías criminales como robos o extorsiones.
Al tiempo, el Cártel de Santa Rosa de Lima protagonizó disputas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual también busca controlar la región como parte de su violento proceso de expansión. Dicho panorama puso a José Antonio Yépez Ortiz en la mira de las autoridades hasta que el 2 de agosto de 2020 fue finalmente detenido en una acción que formó parte del operativo Golpe de Timón.
Por su perfil y el fuero de los delitos por los que fue acusado, El Marro fue recluido primero en el penal federal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, no obstante y de acuerdo con información que el analista en seguridad, David Saucedo, el líder del Cártel de Santa Rosa de Lima fue trasladado a Durango al descubrirse que continuaba operando desde prisión.
"Lo hacía por tres canales [...] vía sus abogados que tenían acceso a El Marro para poder darle asistencia jurídica en el proceso que sigue en curso en contra de él, en segundo término por las visitas de familiares y amigos que recibía en el penal del Altiplano [...] e incluso en redes sociales", detalló el especialista en entrevista con Wendoline Adame para MILENIO.
Hasta el momento en el que se escribe esta nota se desconoce si José Antonio Yépez Ortiz cuenta con alguna orden de extradición o algún caso abierto en su contra en Estados Unidos, por lo que permanece recluido en México sin miras a convertirse en uno de los entregados.
Don Rodo y El Chalamán
Estados Unidos tiene bajo su custodia a importantes líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que además de ser claves para las operaciones de la organización delictiva, también son familiares de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.
Desde su hijo Rubén Oseguera González sentenciado a cadena perpetua de acuerdo con reportes de Angel Hernández para MILENIO y hasta su hermano Antonio Oseguera Cervantes y su cuñado Abigael González Valencia —recientemente entregados a autoridades estadounidenses— los casos de los miembros del cártel de las cuatro letras se perfilan a mover las piezas del tablero criminal en México.
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Empero, en tierra azteca también se encuentran bajo resguardo otros dos familiares de El Mencho. El primero corresponde a su hermano Abraham Oseguera Cervantes, alias Don Rodo, quien tras una breve liberación en 2024, un año después fue nuevamente arrestado en Tonaya, Jalisco.
Fuentes de la DEA de Virginia consultadas por el periodista Óscar Balderas para MILENIO ubican a Don Rodo como un alto mando de la organización delictiva al ser el encargado de coordinar el abastecimiento de drogas de los clientes más importantes en el extranjero así como la contratación de servicios de transportes marítimos y terrestres.
Pese a ser consanguíneo del líder absoluto del CJNG y a su rol dentro de la organización, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) notificaron que Estados Unidos no ha solicitado la extradición de Abraham Oseguera Cervantes.
El segundo familiar de El Mencho bajo custodia de autoridades estadounidenses es José Luis Sánchez Valencia, alias El Chalamán. De acuerdo con reportes de Rubén Mosso para MILENIO, el primo del líder del CJNG fue arrestado por fuerzas federales en Colima.
A diferencia de Don Rodo, Estados Unidos requiere a El Chalamán por cargos relacionados al narcotráfico y a la conspiración para la distribución de sustancias controladas y precursores. El pasado 28 de agosto, su defensa legal promovió un amparo para evitar su expulsión o destierro del país.
Miguel Ángel Félix Gallardo: el líder del Cártel de Guadalajara
En algún momento de su vida fue conocido como El Jefe de Jefes, pero desde hace más de tres décadas el fundador del Cártel de Guadalajara se ha convertido en un inquilino más del Penal de El Altiplano en el Estado de México.
Tras su detención el 8 de abril de 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo fue sentenciado primero, a 40 años de prisión por el delito de acopio de armas de fuego y por introducir cocaína de forma ilegal al país, y después, a 37 años por el asesinato del agente especial de la DEA, Enrique Kiki Camarena.
El decadente estado de salud de El Jefe de Jefes y el tiempo que ha pasado en prisión motivaron a que en años pasados se promovieran recursos legales para solicitar que se le concediera prisión domiciliaria. Desde el uso de un brazalete electrónico y hasta la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han formado parte del amplio proceso judicial que el otrora narcotraficante ha enfrentado. Sin embargo, ninguno prosperó.
Si bien Miguel Ángel Félix Gallardo fue relacionado a delitos similares a los de su exsocio Rafael Caro Quintero, se desconoce el motivo por el que no enfrentó un proceso extradición pese a los años que lleva bajo custodia de autoridades mexicanas.
ATJ
