Policía
  • Entre falta de experiencia y ratificaciones, los jueces de los que depende la justicia en penales de máxima seguridad

  • Los juristas designados tras la elección popular no cuentan con las aptitudes necesarias.
Penal de Atlacholoaya en Morelos | Especial

Tras las elecciones judiciales del 1 de junio pasado, se modificó la composición en los Centros de Justicia Penal Federal de Almoloya y Puente Grande, así como en los reclusorios Sur, Norte y Oriente de la Ciudad de México, con el ingreso de funcionarios sin trayectoria en casos de delincuencia organizada.

Pero como solo la mitad de los jueces federales fueron renovados, algunos perfiles con mayor experiencia permanecerán en sus cargos hasta las próximas elecciones, en 2027.

Estos complejos judiciales, adscritos a centros penitenciarios, son clave, pues concentran buena parte de los procesos de líderes del crimen organizado, ligados a corrupción y lavado de dinero. Aquí se deciden las causas que afectan a los cárteles, a los ex funcionarios acusados de desvíos multimillonarios y a las redes de contrabando y huachicol.

Almoloya, improvisación y trayectoria para casos de máxima seguridad

El Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez —ubicado en el penal del Altiplano, conocido por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en 2015— tiene, una vez más, los reflectores encima, pues desde septiembre se desarrollan las audiencias sobre el caso de huachicol fiscal que operaba desde aduanas y puertos bajo control naval.

Ahí, María Jazmín Ambriz López se estrena como jueza de Distrito tras obtener 178 mil 711 votos en las pasadas elecciones judiciales, postulada por el Poder Ejecutivo. Aunque cuenta con posgrado en Juicios Orales y doctorado en Ciencias Penales, es su primera experiencia directa en un tribunal federal con competencia en delitos de alto impacto. Su carrera se ha desarrollado en el Poder Judicial del Estado de México, donde fue secretaria de acuerdos en Nezahualcóyotl y jueza de control en Ecatepec.

Con antecedentes en procesos penales federales relevantes, la jueza Nancy Selene Hidalgo Pérez tuvo que hacer campaña para ser ratificada en el cargo, al que llegó en junio de 2024. Jueza de Distrito en el Sistema Penal Acusatorio desde 2022, fue quien ordenó la captura del general Eduardo León Trauwitz, ex subdirector de Pemex, acusado de robo de combustible, y dictó sentencias en los casos derivados de La Estafa Maestra. Postulada por los poderes Ejecutivo y Legislativo, obtuvo 200,876 votos en las primeras elecciones judiciales.

Desde fiestas con capos hasta fugas espectaculares por túneles y camiones, el penal de Aguaruto ha sido reflejo del poder que el crimen organizado mantiene dentro del sistema carcelario de Sinaloa.
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El juez Mario Martínez Elizondo, en funciones desde junio de 2024, no salió en la tómbola y no tuvo que participar en estas elecciones judiciales, pero tendrá que postularse o renunciar a las elecciones de 2027. Martínez Elizondo fue quien dictó la vinculación a proceso de los 14 detenidos por el caso del contrabando de hidrocarburos, entre ellos seis marinos en activo y un vicealmirante, Manuel Roberto Farías Laguna, familiar del almirante Rafael Ojeda, ex titular de la Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Mientras que con más de ocho años como jueza federal, Guillermina Matías Garduño intentó ascender a magistrada, pero obtuvo apenas 9 mil 247 votos, por lo que continúa adscrita como jueza en Almoloya. En su historial figura la sentencia contra Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Puente Grande: un centro judicial sobre las ruinas del penal

Aunque el penal federal de Puente Grande cerró en 2020, su Centro de Justicia Penal Federal continúa activo. Desde ahí se procesan causas vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y redes de corrupción municipal, como el caso del exalcalde de Teuchitlán, Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, acusado de complicidad con el crimen organizado tras el hallazgo del rancho Izaguirre.

Las primeras elecciones judiciales llevaron a Puente Grande perfiles sin antecedentes en juicios orales. Es el caso de Daniela Bross Díaz, quien dio un salto acelerado en el Poder Judicial tras obtener 63 mil 269 votos, postulada por el Poder Ejecutivo. Antes fue oficial administrativa, secretaria particular y secretaria de base en tribunales colegiados de materia penal. También el de Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, que proviene del litigio privado. Llegó a Puente Grande al obtener 36 mil votos. Sin experiencia previa como juez, trabajó como oficial judicial y administrativo en juzgados de amparo.

Por su parte, el juez Juan José Rodríguez Velarde, de Puente Grande, logró 33 mil 10 votos, luego de ser postulado por el Poder Ejecutivo Federal. De 2016 a septiembre de 2021 fue juez segundo de control y juicio oral en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, antes fue secretario relator y secretario de acuerdos auxiliar en el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Jalisco. Es hijo del ex magistrado Juan José Rodríguez López.

Entre los jueces que mantienen sus cargos destaca Rogelio León Díaz Villarreal, el juez que en 2024 causó polémica al ordenar en Almoloya la libertad de Abraham Oseguera, Don Rodo, hermano de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Es juez de Distrito desde 2019.

El juzgador Gustavo Ortega Padilla, en el cargo desde 2017, perdió tras participar como candidato a magistrado, pero continúa adscrito a Puente Grande, y Jorge Ulises Vázquez Torres, juez de Distrito a partir de julio de 2024, sigue en funciones hasta las elecciones de 2027.

Estrenan jueces reclusorios de la capital

Señalados por corrupción, abuso y hasta vínculos con el crimen organizado, varios candidatos han sido electos
Los jueces elegidos no tienen experiencia en ese tipo de casos. (Especial)

En los reclusorios Sur, Norte y Oriente en la Ciudad de México también se procesan casos que involucran a ex funcionarios, mandos policiales, empresarios y operadores financieros del crimen organizado.

Las recientes elecciones colocaron, junto a los jueces que permanecen en sus cargos hasta 2027, a nuevos juzgadores con trayectorias técnicas en materia penal y funciones jurisdiccionales, la academia judicial y la defensa de derechos humanos. En todos los casos se trata de designaciones que marcan su primera incursión como jueces de Distrito.

En el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur resultaron jueces tras el 1 de junio: Heracleo Escobar Bernal, quien ha sido defensor público; José Antonio Martínez Alvarado, quien se desempeñó en áreas técnicas-jurídicas en materia penal del Poder Judicial de la Federación, y Ricardo González Molina con trayectoria en tribunales colegiados y juzgados de Distrito como oficial administrativo, actuario y secretario particular.

Para el Reclusorio Norte fueron electas Nora Ileana García Peralta, quien fue visitadora adjunta en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y trabajó en la Secretaría de Gobernación desde el sexenio de Enrique Peña Nieto hasta el primer año de López Obrador, y María del Carmen Montiel Rodríguez, quien fue secretaria adscrita a la ponencia de la ministra en retiro Margarita Ríos Farjat y formó parte de la ponencia del ex ministro Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Además de Ángela Zamorano Herrera, quien escaló como jueza en las elecciones tras desempeñarse como secretaria de acuerdos y secretaria proyectista en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

En el Reclusorio Oriente fueron electos como jueces Erick Adrián García Gómez, quien fue agente del Ministerio Público en los últimos 15 años; Marco Antonio González Cortázar, quien se desempeñó como secretario de juzgado en la Ciudad de México y el Estado de México, y Diana Selene Medina Hernández, quien ha trabajado como secretaria en juzgados de Distrito y tribunales colegiados en materias penal, administrativa y de amparo.

SNGZ

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