Servidores públicos de Jalisco, principalmente municipales, han sido procesados por el delito de desaparición forzada. Del año 2018 al cierre de marzo de 2026, más de 340 funcionarios han sido judicializados por este delito.
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“Hay entidades que no cuentan con este esquema de trabajo, nosotros tenemos una unidad que es especialista en investigar este tipo de hechos. También recordemos que tenemos una campaña activa contra la desaparición forzada desde la administración anterior”, declaró Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, vicefiscal en personas desaparecidas.
La funcionaria señaló que estos resultados reflejan el trabajo de las autoridades para sancionar este tipo de conductas y fortalecer los mecanismos de procuración de justicia en casos que afectan gravemente a la sociedad.
De acuerdo a información del sitio de desaparición forzada de la vicefiscalía, en 2020 un total de 86 personas servidoras públicas fueron judicializadas por este delito, siendo el año con más casos.
“Lo que sí te puedo comentar es que son municipios tanto de zona metropolitana como del interior del estado, y supera los más de 30 municipios”, agregó la funcionarios
En 2026 solo han judicializado a dos personas funcionarias, según los datos que abarcan del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2026.
¿Qué es la desaparición forzada?
De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.
En otras palabras, la desaparición forzada es un arresto, secuestro, detención, o cualquier otra forma de privación de la libertad no reconocida y realizada por agentes del Estado, es decir, hecha por servidoras o servidores públicos, o bien, por personas o grupos que actúen con la autorización, el apoyo o la aprobación del Estado.
La desaparición forzada se caracteriza por la negación de las autoridades a reconocer dicha privación de la libertad y por la ocultación de información sobre la suerte o el paradero de la persona desaparecida, evitando así que la víctima pueda ser protegida por las leyes.
SRN
