M+.- Detrás del dolor que representa en una familia un feminicidio, hay otras víctimas que quedan invisibilizadas: los hijos e hijas que perdieron a su madre y que no son atendidos, pues en México menos del 1 por ciento de las sentencias por este tipo de delitos contemplan una reparación para las infancias involucradas.
Es el caso de las dos hijas y un hijo de Emma Gabriela Molina Canto, investigado por MILENIO, quienes, a más de seis años de que su padre, Martín Alberto Medina Sonda, fue condenado a 50 años de prisión por el feminicidio de su madre, no han recibido una reparación del daño.
En medio de la violencia que Martín Medina ejercía contra Emma Molina, los niños primero fueron separados de su madre, luego los internaron en un orfanato y finalmente presenciaron el feminicidio de su madre el 27 de marzo de 2017.
Ligia Teresita Canto Lugo, madre de Emma Molina, asumió el cuidado de sus tres nietos. Ya lleva casi 10 años peleando batallas que no debería pelear, por los derechos y la seguridad de ellos.
“Tenemos muchos pendientes. Esto no se ha terminado. Esa lentitud es inhumana. Tenemos procesos abiertos: la reparación del daño, la investigación real de los bienes del señor (Medina Sonda) que nunca hicieron, una institución completamente obsoleta que es la CEAV (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctirimas) federal, la CNDH, una juez de ejecución bastante lerda, por decirlo finamente, y otro proceso abierto que es lo de la sucesión”, resume la entrevistada a distancia.
“Estoy indignada porque yo no estoy peleando para mí, estoy peleando para mis nietos. Y esto se debió haber hecho en vida del individuo, que murió en la cárcel de Tabasco en agosto del año pasado. Era obligación de ellos (las autoridades), porque nosotros no tenemos el recurso para estar pagando abogados. Nos dejaron a los chamacos sin nada”.
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Su historia es muestra de lo que la magistrada Nelly Montealegre Díaz describe en términos institucionales: en México, los hijos de las víctimas de feminicidio son invisibles para el sistema de justicia.
No es una frase al aire. La ministra Yasmín Esquivel realizó una investigación en la que se analizaron detalladamente 333 sentencias condenatorias por feminicidio y tentativa de feminicidio dictadas entre 2015 y 2024. Sólo en 85 casos se pudo establecer con certeza que la víctima tenía hijos. Sólo en 49 casos se reconoció a los menores como víctimas. Y únicamente en dos sentencias la condena contempló una reparación integral del daño para los hijos, es decir, apenas en el 0.6 por ciento del total de expedientes analizados.
Frente a este escenario, y como un primer paso para poder atender a esa niñez, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes alista un registro nacional de menores que quedaron huérfanos por el feminicidio de su madre.
"Pensamos que entre noviembre y diciembre podríamos ya hacer una presentación de este registro", dijo la titular de la procuraduría, Fabiola Salas Ambriz, en entrevista con MILENIO.
Una historia de despojo
Todo comenzó antes del feminicidio. Emma Gabriela fue detenida y trasladada a un penal de Tabasco, con cargos que su madre asegura que fueron fabricados. En ese momento, sus hijos quedaron bajo custodia de su entonces esposo, Martín Alberto Medina Sonda. Él desapareció con los menores durante dos años y medio.
"Mi hija emprendió una lucha por todos los rincones, tanto jurídica como mediática", relata a MILENIO Ligia Teresita Canto Lugo. El acoso judicial contra Emma continuó, por lo que Ligia tomó la batuta pública, pero también fue detenida y llevada al penal de Puente Grande, Jalisco.
Finalmente, en ambos casos, se demostró que los cargos eran falsos y las dos recuperaron su libertad.
En 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación que derivó en el rescate de los hijos de Emma, pero los tres menores fueron internados en un orfanato por dos meses.
El feminicidio y lo que vino después
En 2015 llegó la sentencia del divorcio que venían litigando desde 2010. Le otorgaron a Emma Gabriela una guarda y custodia limitada. Los menores no podían salir del estado de Yucatán. "Ese caso la dejó aquí en Mérida indefensa, con toda la ruta de violencia que ya habíamos vivido", reprocha Ligia.
Dos años después, en 2017, Emma Gabriela fue asesinada frente a sus hijos. La menor estaba en cuarto de primaria. El otro, en sexto. La mayor, en segundo de secundaria.
"Mis nietos se me abrazan y me piden: 'Abuela, contigo, por favor, no nos vayas a dejar con esos asesinos. Fueron mi papá, mis abuelos y mis tíos quienes mandaron a matar a mi mamá’. Los niños tenían conciencia", recuerda Ligia.
Al día siguiente del feminicidio, la Procuraduría del Menor le entregó una guarda y custodia provisional. La familia tuvo que acomodar a los niños con una tía mientras buscaban dónde vivir juntos. Al final, el abuelo, Ligia y sus tres nietos se instalaron como pudieron. "Y aquí seguimos", dice Ligia.
La familia costeó de su bolsillo a todos los abogados. Sin apoyo institucional, construyeron el caso contra el autor intelectual del feminicidio, quien ya estaba preso en Tabasco desde octubre de 2014, al día siguiente del rescate de los menores por SEIDO, por sustracción de menores y, más tarde, por enriquecimiento con recursos de procedencia ilícita.
En sala, la familia enfrentó a siete abogados defensores visibles, más los que entraban y salían. Aun así, lo lograron: Medina Sonda fue sentenciado a 50 años de prisión. Oficialmente, cinco personas participaron en el crimen.
Sin embargo, incluso en ese momento el sistema falló. La jueza Fabiola Rodríguez Hurita emitió un voto concurrente que disculpaba al sentenciado y culpaba a Emma Gabriela de haber provocado su propia muerte. Entre sus argumentos: que la víctima no era una mujer sumisa, que difundía fotos del agresor —imágenes que la propia PGR le había proporcionado en el programa "Ayúdame a regresar a casa"— y que le había puesto demandas por amenazas, coacción e incumplimiento de pensión.
Lo que revelan mil expedientes
El caso de los nietos de Ligia no es una excepción. Es la norma.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yazmín Esquivel Mossa, obtuvo versiones públicas de 1384 sentencias dictadas en todo el país, entre 2015 y 2024, de las cuales, mediante un sistema de muestreo, se eligieron 333 para ser analizadas a detalle. El resultado quedó plasmado en el libro Mamá, en tu ausencia, ¿quién por mí?
“En el 24.62 por ciento de los casos (82 sentencias), no se reconoció a ninguna persona como víctima indirecta”, indica la investigación.
“Sólo en el 0.6 por ciento (dos casos) de las 333 sentencias condenatorias analizadas, a las niñas, niños y adolescentes se les reconoce tanto la condición de víctimas indirectas como su derecho a la reparación integral del daño”.
"Se desconoce si las víctimas de feminicidio tienen hijas e hijos; se vuelven invisibles para el sistema", advierte la magistrada Nelly Montealegre Díaz .
La reparación integral no es sólo apoyo económico. Incluye acceso a la educación, atención psicológica y medidas para el desarrollo del proyecto de vida de los menores. Aunque existen protocolos que obligan a las autoridades a identificar a los huérfanos por feminicidio y salvaguardar sus derechos como víctimas indirectas, su aplicación no está garantizada.
"En muchos expedientes el protocolo ni siquiera se menciona y en otros, solo se menciona, pero no se aplica", detalla la magistrada.
Un registro que aún no existe
Ante este vacío, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes trabaja en la construcción de un registro nacional. Fabiola Salas Sanbris, titular de la dependencia, informó que el 12 de marzo se instaló un grupo interinstitucional con ese objetivo.
"Pensamos que entre noviembre y diciembre podríamos ya hacer una presentación de este registro", dijo. Los equipos de Tecnologías de la Información están a cargo de su desarrollo, con protocolos de seguridad para proteger la información sensible.
El objetivo, aclara Salas Sanbris, no es solo estadístico: "No sólo es generar información de números estadísticos, sino a partir de ello tener la herramienta que nos permita dar seguimiento y saber la atención que se les ha brindado a estas niñas, niños y adolescentes."
Actualmente no existen cifras verificables. "Se cree que en promedio algunas de estas mujeres tienen entre uno y tres hijos, no los tenemos ubicados al cien por ciento", reconoció la procuradora.
La Procuraduría cuenta con equipos multidisciplinarios —trabajo social, psicología, abogados y, en algunos casos, médicos— para atender los casos cuando los conoce. El problema es que primero tiene que conocerlos.
"Merecedores de todo, deudores de nada"
Ligia Teresita Canto Lugo tiene claro lo que hace falta para atender a la infancia que queda huérfana por los feminicidios.
"Que les den, con el debido proceso, pero que sea súper rápido y urgente, la guarda y custodia definitiva, para que nadie pueda tomarlos y llevárselos como si fueran cosas", dice.
"La segunda es ver y velar porque no les falte nada: que tengan lo suficiente para vivir, para subsistir, para crecer, para prepararse para el mañana."
Y la tercera: protección real. Porque la familia del feminicida no desaparece con la sentencia.
"Esa gente pone en riesgo a estas criaturas. Hay que darles la protección tanto jurídica como económica y personal."
También desliza un reclamo hacia los jueces: "Muchas de estas cosas suceden porque no utilizan lo que les da la ley, que dice: 'Protégelo, blíndalo, utiliza todo lo que tengas, pero protégelo'. En lugar de arropar, estás prácticamente encuerado".
"Estamos creando una niñez resentida y con falta de confianza hacia las autoridades y hacia la ley. Estamos fabricando rebeldes —rebeldes con causa, no sin causa."
Sus nietos siguen adelante. En escuelas privadas, pagadas por la familia, porque el entorno de amenazas no desapareció con la condena. Ligia los cuida. El Estado, hasta ahora, no.
AH
