Los 32 jóvenes liberados tras las detenciones del 15 de noviembre no quedaron exentos de proceso. Salieron con reserva de ley, un estatus que, según explica Elena Guimaraes, investigadora del Área de Tortura del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), permite que el Ministerio Público continúe investigando y vuelva a pedir su vinculación si reúne nuevos elementos dentro del plazo legal. No es cierre. No es absolución. Es la continuidad de una carpeta abierta.
La información que el organismo defensor de derechos humanos obtuvo durante las audiencias muestra un panorama más amplio que el presentado en el boletín oficial de la Fiscalía. De acuerdo con la investigadora, la imputación inicial se conformó así: a 33 personas se les acusó del delito federal de daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos; a 3 se les imputó además daño en las cosas; y a 4, además, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.
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Es decir, hubo delitos del fuero local incluidos en la solicitud de vinculación. En contraste, el boletín de la Fiscalía omite mencionar que estas imputaciones locales no prosperaron y que las personas imputadas por esos delitos locales no fueron vinculadas a proceso. En público solo se informa sobre el delito federal, que es el único respecto del cual el juez determinó vinculación para ocho personas.
Testimonios y reportes no concuerdan
Los testimonios que conoció el Cepad contradicen también los reportes policiales. Guimaraes señala que familiares y jóvenes describieron inconsistencias: no los detuvieron en los lugares ni a las horas reportadas y en varios casos los agentes aseguraron que estaban alcoholizados o comportándose violentamente, algo desmentido por testigos y por los hechos.
Ninguno de los jóvenes con los que el centro tuvo contacto relató haber participado directamente en los hechos frente al Palacio de Gobierno. Algunos caminaban, otros grababan y otros corrieron simplemente al ver que la gente corrió. La mayoría son hombres jóvenes, menores de 30 años, varios vestidos de negro, muchos morenos.
Varios familiares dijeron que los policías les comentaron que parecía que tenían “cara de chilangos”, lo que fue desmentido al revisar sus credenciales: eran originarios de Jalisco. Para Guimaraes, esto muestra perfilamiento en las detenciones y una criminalización basada en edad, apariencia y color de piel, un patrón que recuerda lo ocurrido el 28 de mayo de 2004.
Detenidos habrían sido violentados por las autoridades
Los testimonios también coinciden en la violencia inicial: sometimientos, golpes en la cabeza y el tórax, golpes con macana. Después los llevaron al interior del Palacio de Gobierno, al patio, donde los mantuvieron sentados o boca abajo junto a decenas de detenidos y donde los siguieron golpeando.
Algunos familiares relataron que había sangre en el piso. Cerca de la medianoche los trasladaron a la Cruz Verde Delgadillo Araujo y posteriormente, aproximadamente a las dos de la mañana, a las instalaciones de la Fiscalía en Calle 14. Ahí no se les permitió llamar de inmediato a sus familiares. La mayoría de los parientes se enteró por redes sociales o por la ausencia prolongada de los jóvenes. Incluso cuando algunos acudieron directamente a Calle 14, les dijeron que no podían dar información porque no había registro, aunque los jóvenes ya estaban dentro.
Las familias pudieron verlos hasta la tarde del domingo y solo por unos minutos. De acuerdo con los testimonios conocidos por el Cepad, durante esas visitas elementos de la Fiscalía intimidaron a los jóvenes sobre lo que podían o no podían decir.
Proceso con inconsistencias y omisiones
Guimaraes detalla que las personas vinculadas pueden promover amparos tanto contra la vinculación como contra la prisión preventiva justificada dictada a siete de ellos. En todos los casos procede presentar denuncias por tortura o tratos crueles ante la Fiscalía estatal, interponer quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y conservar toda la evidencia posible: videos, ubicaciones, certificados médicos y datos que acrediten dónde estaban o cómo fueron detenidos.
Varias personas denunciaron que les quitaron sus celulares, por lo que también es necesario reportar el robo ante las compañías telefónicas.
El boletín oficial de la Fiscalía ofrece una versión más estrecha: ocho jóvenes vinculados únicamente por un delito federal, 32 liberados respecto de ese delito y cuatro menores internados en un albergue. No menciona los delitos locales que inicialmente se imputaron ni por qué no derivaron en vinculación. Tampoco menciona la violencia descrita por los jóvenes y sus familias ni la incomunicación inicial ni las inconsistencias en los reportes policiales.
Para Guimaraes, estas omisiones confirman un problema estructural: la autoridad que debería investigar y perseguir delitos de tortura fue omisa ante las detenciones arbitrarias y los malos tratos. Por eso insiste en que el seguimiento al caso no termina con la liberación, sino con la responsabilidad del Estado frente a cada una de las detenciones y las denuncias presentadas.
OV
