Dos integrantes de la familia LeBarón —a quienes en 2019 asesinaron a 17 miembros, entre mujeres y niños en la frontera entre Chihuahua y Sonora— pidieron al Instituto Nacional Electoral (INE) suspender la elección judicial para “no entregar el sistema de justicia al crimen organizado”.
En un escrito presentado, el 23 de abril, Bryan Carl LeBaron Jones y Adrian Dayer LeBaron Soto expresaron a la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei, su preocupación de que el crimen organizado infiltre las candidaturas a los cargos de ministros, magistrados y jueces.
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Solicitud de la Familia LeBaron
“Nos dirigimos a la institución que dirige con una legítima preocupación al observar cómo la integridad del proceso electoral sobre el sistema judicial, se ve amenazada por la infiltración del crimen organizado. Esta situación agrava la herida abierta en el tejido social de nuestro país, donde la complicidad criminal cobra vidas, destruye familias y perpetúa la impunidad”, dice el escrito.
“El proceso de elección judicial, concebido como un pilar para fortalecer la justicia, se encuentra comprometido por evidencias de candidaturas vinculadas al crimen organizado. Esta infiltración representa una afrenta directa al Estado de derecho, ya que permite que intereses criminales se posicionan en espacios destinados a garantizar la justicia”, añadieron.
“Cada día que este proceso avanza sin una revisión exhaustiva, se profundiza el peligro para la seguridad de los mexicanos y se erosiona la confianza en nuestras instituciones”, expresaron los LeBarón.
el dato¿Cómo fue la masacre contra los LeBarón?
La tragedia de la familia ocurrió la mañana del 4 de noviembre, al salir de la población de La Mora, municipio de Bavispe, Sonora, donde 17 de ellos ─tres mujeres adultas y 14 menores de edad─ fueron acribillados por un grupo del crimen organizado cuando iban en una caravana de tres vehículos tipo SUV.
En el documento, los LeBarón solicitaron al INE que “suspenda de inmediato el proceso de elección judicial hasta que se garantice la transparencia, la integridad y la exclusión absoluta de cualquier candidatura con vínculos criminales”.
Advirtieron que “esta medida es imprescindible para proteger el futuro de nuestro sistema de justicia y honrar a las víctimas que el crimen organizado ha arrebatado”.
Postura del INE
En la respuesta al escrito, aprobada este jueves en sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el organismo respondió que no cuenta con competencia para detener el proceso, pero que una vez pasada la jornada electoral, se podrá revisar la idoneidad y elegibilidad de quienes hayan resultado ganadores.
El INE respondió que “en las resoluciones emitidas por la Sala Superior del TEPJF, se ha reiterado que es constitucionalmente inviable suspender los actos relacionados con el desarrollo de este proceso electoral, además ordenan que las autoridades electorales competentes continúan con las etapas correspondientes, por tratarse de un mandato constitucional”.
Además, dijo que una revisión de las candidaturas por parte del INE “sólo podrá previo a la etapa denominada: Entrega de constancias de mayoría y declaración de validez de la elección, de los actuales comicios”.
Al respecto, la consejera Dania Ravel expresó “aun reconociendo la legítima solicitud que se formula, el INE no tiene facultades para suspender o cancelar el proceso electoral de personas juzgadoras, cuya organización nos fue encomendada expresamente derivado de la reforma constitucional en materia del Poder Judicial”.
La consejera reconoció la preocupación de los promoventes del escrito y les manifestó su respeto y solidaridad.
“Soy consciente del dolor que viven miles y tal vez millones de personas en nuestro país, a consecuencia de las condiciones de inseguridad en las que vivimos”, dijo.
La respuesta que da el INE, dijo: “no significa que seamos indiferentes a las inquietudes planteadas por la ciudadanía, somos conscientes de que vivimos tiempos difíciles en diversas materias, entre ellas la seguridad; comprendemos el miedo, la preocupación y la desconfianza de la ciudadanía, pero también sabemos que la democracia no se defiende dando la espalda al Estado de derecho; más bien debemos fortalecerlo y para ello es absolutamente necesario actuar con apego a las leyes que como nación nos hemos dado”.
RM
