M+.- Entre el 5 y el 31 de agosto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) recibió 315 denuncias o carpetas de investigación relacionadas con posibles casos de despojo. La propia Fiscalía confirmó, sin embargo, que sólo 61 fueron catalogadas como despojo: cinco con violencia y 56 sin violencia. Otras 154 (49 por ciento) permanecían en proceso de verificación y 100 (31 por ciento) correspondían a conductas distintas.
La cifra muestra una de las dificultades centrales para medir este delito: una denuncia por despojo no significa necesariamente que, al concluir la investigación, el caso sea clasificado jurídicamente de esa manera. La Fiscalía debe determinar qué ocurrió, qué documentación existe, quién tenía la posesión o propiedad del inmueble y si los hechos cumplen con los elementos establecidos en la legislación penal.
Un caso ocurrido en la colonia Del Valle permite observar ese proceso desde el punto de vista de una familia.
El 2 de julio, un familiar del muralista Jorge González Camarena regresó a un inmueble ubicado en la calle Martín Mendalde y descubrió que sus llaves ya no le permitían entrar. De acuerdo con la denuncia, otro familiar acudió al lugar y observó desde el exterior a cuatro hombres y una mujer dentro de la vivienda.
La Fiscalía inició la investigación el 13 de julio. La Policía de Investigación realizó inspecciones, recabó entrevistas y consultó información del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Con esos elementos, el Ministerio Público solicitó a un juez de control la autorización para asegurar la vivienda, concedida el 4 de agosto. El inmueble quedó bajo resguardo de la Fiscalía al día siguiente.
El caso aún no tiene sentencia ni una conclusión definitiva sobre responsabilidades: se mantiene como una investigación por posible despojo. Incluso después del aseguramiento, un familiar denunció que personas volvieron a entrar al inmueble por la azotea de una vivienda colindante, pese a los sellos colocados por la Fiscalía.
Este caso ayuda a entender qué significa, en la práctica, que una denuncia pase a una investigación formal: entre la acusación de que alguien fue privado de la posesión de un inmueble y la determinación jurídica de que ocurrió un delito existe un proceso largo que incluye documentos, testimonios, inspecciones y, cuando corresponde, decisiones judiciales.
Una cifra que cambia al revisar los casos
Los 315 casos recientes forman parte de una revisión más amplia. La Fiscalía informó que entre el 5 y el 31 de agosto fueron revisados 452 asuntos relacionados con posibles despojos: 10 fueron identificados como despojo con violencia, 80 como despojo sin violencia, 236 permanecían en proceso de verificación y 126 correspondían a otra conducta.
Dentro de los 315 asuntos, además de los 61 casos confirmados, la Fiscalía reportó que 17 habían llegado ante un juez, 22 inmuebles habían sido asegurados o recuperados y en cinco casos se habían alcanzado acuerdos mediante mecanismos de mediación. Estas cifras no significan que 61 personas hayan recuperado ya sus propiedades ni que los 315 casos estén concluidos: corresponden a distintas etapas de los procedimientos.
Las revisiones de la Fiscalía también buscan identificar los casos que corresponden a conflictos de carácter civil, familiar, sucesorio, vecinal o relacionados con contratos de arrendamiento. La propia Fiscalía ha señalado anteriormente que este tipo de asuntos puede requerir de un trabajo interinstitucional, en lugar de una investigación únicamente penal.
Esto no implica que un conflicto civil descarte automáticamente la existencia de un delito: la legislación penal de la Ciudad de México contempla como despojo, entre otros supuestos, la ocupación o uso de un inmueble o de un derecho real ajeno mediante violencia, engaño o de manera furtiva.
Un problema que no comenzó en agosto
Los datos históricos muestran que el despojo no es un fenómeno nuevo en la capital y las estadísticas de la FGJ muestran que las carpetas de investigación por este delito han registrado miles de casos cada año.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía utilizadas en su Plan de Trabajo 2025-2029, en 2019 se registraron 3 mil 994 carpetas por este delito. En 2021 se alcanzó el máximo reportado, con 4 mil 437. Después hubo una reducción: 4 mil 39 carpetas en 2022, 3 mil 879 en 2023 y 3 mil 643 en 2024.
Para 2025, la Fiscalía reportó 3 mil 797 carpetas de investigación por despojo, un incremento respecto de 2024, aunque por debajo del máximo registrado en 2021.
En este punto es importante señalar que los 315 casos recibidos entre el 5 y el 31 de agosto de 2026 no pueden compararse directamente con esas cifras anuales para establecer un aumento o disminución del delito: se trata de un periodo de apenas 26 días y de una estrategia específica de revisión y clasificación de denuncias. Lo que sí muestran es la magnitud del trabajo que implica distinguir entre un posible delito y otros problemas relacionados con la propiedad o la posesión.
¿Qué pasa con los casos que no son despojo?
La clasificación de una denuncia como "otra conducta" o como un asunto que requiere verificación no significa que la persona que denunció haya inventado el problema o que no exista un conflicto jurídico.
Puede tratarse, por ejemplo, de una disputa por una herencia, un problema entre familiares, un desacuerdo entre propietarios y arrendatarios, un conflicto de posesión o una controversia que deba resolverse ante una autoridad civil.
En esos casos, la Fiscalía puede orientar y canalizar a las personas hacia mecanismos de mediación, justicia alternativa, tribunales civiles u otras instituciones.
Por eso, los 154 casos en etapa de verificación y los 100 clasificados inicialmente como otra conducta no deben sumarse para afirmar que fueron "casos falsos": son expedientes cuyo tratamiento jurídico es distinto o todavía no está definido.
Un estudio académico sobre el despojo en la Ciudad de México, realizado por Rodrigo Meneses Reyes, encontró que los casos registrados históricamente no se distribuyen de manera uniforme en la ciudad, con una concentración importante entre 2015 y 2020 en alcaldías como Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan. Esos datos corresponden a un periodo anterior y utilizan una metodología distinta a la de la estrategia oficial iniciada en agosto de 2026, por lo que no permiten establecer un ranking territorial actual.
También se investiga a funcionarios
La estrategia contra el despojo abrió además una investigación sobre posibles irregularidades dentro de las propias instituciones.
Entre el 5 y el 23 de agosto, la FGJCDMX informó la apertura de ocho investigaciones a cargo de su Unidad de Asuntos Internos contra 14 servidores públicos relacionadas con posibles actos de corrupción u omisiones en casos de despojo.
Este dato forma parte de los antecedentes de la estrategia y no significa que los 14 servidores públicos hayan sido sancionados o encontrados responsables. Hasta ese momento no se habían establecido sanciones ni responsabilidades definitivas.
La Fiscalía también reportó que, dentro del periodo general de la estrategia, se habían presentado 102 asuntos ante jueces, asegurado o recuperado 53 inmuebles y concretado 32 mediaciones exitosas. Estas cifras corresponden al conjunto acumulado de la estrategia y no exclusivamente a las 315 denuncias recibidas entre el 5 y el 31 de agosto.
La diferencia entre denunciar y acreditar
El despojo inmobiliario tiene una característica que complica su medición: la denuncia constituye apenas el primer paso de un proceso.
Los datos disponibles muestran tres momentos distintos: la denuncia inicial, la revisión de los hechos para determinar qué conducta ocurrió y, cuando existen elementos suficientes, la continuación del caso por la vía penal o su canalización hacia otro procedimiento.
Una persona puede llegar a la Fiscalía porque ya no puede entrar a su casa, porque otra persona ocupa su inmueble o porque considera que alguien tomó control de una propiedad que le pertenece. A partir de ahí, las autoridades deben determinar qué ocurrió, revisar la documentación, establecer quién tenía la posesión o el derecho sobre el inmueble y decidir si existen elementos para iniciar o continuar una investigación penal.
Después pueden venir el aseguramiento de un inmueble, la restitución, una judicialización, una mediación o una remisión a otra vía legal.
La historia de la familia del muralista González Camarena muestra precisamente esa transición y ese calvario: una puerta que dejó de abrirse, una denuncia, una investigación, presentación de documentos, buscar y lograr una orden judicial y el resguardo oficial del inmueble. Este caso y otros miles más, sin embargo, aún no se cierran.
LG
