M+. El sueño de Julita y Antonio del Valle de convertir parte de sus terrenos de la fábrica textil La Covadonga en un patrimonio para atender a grupos vulnerables terminó convertido en una pesadilla: dos predios donados para fines sociales han sido invadidos, ocupados y utilizados para construir viviendas, un motel e incluso instalar un tianguis de autos, mientras sus representantes denuncian omisiones de las autoridades para recuperar los terrenos.
Al norte de la capital poblana, muy cerca de una de las zonas limítrofes con Tlaxcala, se encuentra un área conocida popularmente como La Covadonga. Ahí, dos predios de 8.5 y 3.9 hectáreas, respectivamente, se han convertido en el centro de una disputa por la propiedad de tierras que, de acuerdo con la Fundación Julita y Antonio, pertenecen a la institución y fueron destinadas desde hace décadas a fines de asistencia social.
La plusvalía de los terrenos es más que evidente. Cerca de ahí se encuentra uno de los complejos industriales más importantes de la zona, donde bodegas, fabricantes de autopartes, componentes electrónicos y empresas de logística orbitan en torno a la planta armadora Volkswagen, sin contar las múltiples firmas de otros giros que se han asentado en los alrededores.
Pero antes de convertirse en una zona codiciada por su ubicación y valor inmobiliario, La Covadonga fue parte de uno de los corredores industriales más importantes de la región.
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La historia se remonta a 1897, cuando José Díaz Rubín fundó la fábrica textil como parte del corredor industrial de la ribera del Atoyac.
La intención del empresario fue adquirir diversos terrenos en la zona, con los cuales logró obtener control sobre el recurso hídrico, dado que la legislación vigente lo permitía.
Debido a su colindancia con la entidad tlaxcalteca y a su crecimiento territorial, la fábrica se convirtió en una de las más importantes de la época y mantuvo sus operaciones hasta la actualidad.
La fundación y el sueño
Jesús González Schmal, representante legal de la Fundación Julita y Antonio, explicó a MILENIO que en 1958 Julita y Antonio del Valle dejaron en su testamento una distribución de los terrenos de la fábrica textil, contemplando la continuidad de sus operaciones, una parte como herencia para sus familiares y una tercera destinada a la fundación.
“La donación es de 1958, lo hacen en su testamento doña Julita y don Antonio, son 57 hectáreas y la parten en tres porciones: la primera, donde se ubica la fábrica que continúa desde finales del siglo XIX a la fecha, una segunda parte a los familiares y la última a la fundación”, expresó.
De acuerdo con la propia organización civil, su objetivo es generar redes de apoyo para grupos vulnerables, como personas con discapacidad, niños, niñas y adultos mayores en condiciones de abandono, así como personas con problemas de salud.
Además, señala que sus actividades se rigen bajo los valores de honestidad, espíritu de colaboración y solidaridad, buscando de esta forma cumplir con sus objetivos.
“Nuestra principal labor, en conjunto con nuestro patronato, es continuar con la disposición de los fundadores estableciendo una red de apoyo social a instituciones autorizadas para recibir donativos”, se menciona.
González Schmal explicó que la Fundación Julita y Antonio ha analizado diferentes proyectos para aprovechar los predios; sin embargo, estos se han detenido por la falta de recursos económicos y la pandemia de Covid-19.
En este sentido, rechazó que se busque darle algún otro tipo de uso a los terrenos, ya que fueron donados para cumplir con el objetivo de generar apoyo a los diferentes sectores más necesitados de la sociedad.
“El predio es absolutamente innegociable, no tiene otro uso que pueda ser sino para el servicio de las causas sociales que los donadores señalaron como su propósito. En el momento en que no se destine para un bien social pasa para la beneficencia pública”, declaró.
Ante la falta de un uso por parte de la fundación para el predio, se decidió darlo en comodato a una persona para que pudiera realizar actividades agrícolas, con la condición de que contribuyera al mantenimiento y vigilancia del terreno.
Fue en ese momento cuando el patrimonio pensado para la asistencia social comenzó a enfrentar una serie de invasiones que, con el paso de los años, han convertido a La Covadonga en un conflicto que involucra a particulares, vecinos y autoridades municipales y judiciales.
La pesadilla de la invasión
El 9 de abril de 2023, los planes de la fundación se vieron frustrados a consecuencia de la invasión del predio más grande, de 8.5 hectáreas, a manos de Jorge M., quien, acompañado de un grupo de al menos 50 personas armadas, tomó “con lujo de violencia” el predio “por asalto”, hecho que consta en la causa penal 4135/2023/Puebla.
De acuerdo con Jesús González Schmal, el juez de control Enrique López Criollo desestimó las pruebas aportadas y no vinculó a Jorge M. a proceso penal.
No obstante, esa determinación posteriormente fue revocada mediante un amparo concedido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, por lo que la Décima Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) repuso el procedimiento y finalmente se logró vincular al imputado.
Bajo ese escenario, en la audiencia del 21 de mayo de 2026, López Criollo dictó cuatro medidas cautelares a Jorge M.: presentarse a firmar ante el TSJ de manera mensual, pagar una fianza de 10 mil pesos y dos prohibiciones claras: no salir del estado de Puebla ni del país y no acercarse tanto al predio invadido como al personal que representa a la Fundación Julita y Antonio IAP.
Pero la disputa no se quedó en los tribunales.
El 20 de junio de 2024, vecinos de la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, donde se encuentra el predio invadido, denunciaron ante la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla la existencia de un fraccionamiento clandestino que operaba sin las autorizaciones correspondientes.
Ante la negativa de la dependencia municipal para clausurar y demoler las construcciones irregulares, se interpuso una solicitud de amparo que resultó favorable y obligó al ayuntamiento a proceder el 19 de julio de 2025, tema en el que también colaboró la Secretaría de Gobernación estatal.
Sin embargo, la actuación fue parcial.
Únicamente se demolió el 80 por ciento de las casas irregulares, después de que un representante legal de la empresa La Inmaculada, dedicada a la purificación de agua, se apersonó con documentos en los que aseguraba que los predios eran de su propiedad.
González Schmal señaló que la documentación exhibida correspondía a terrenos que pertenecen a Tlaxcala y no a los de La Covadonga, por lo que, sostuvo, no había motivos para detener los trabajos de demolición.
Explicó que, a pesar de que las autoridades judiciales les han dado la razón, desde el ayuntamiento capitalino no se ha actuado para terminar de acatar la sentencia relacionada con el tema.
“Estamos todavía en ese trance de que no hay decisión de si se sigue o no con la demolición que correspondía conforme al amparo. En tres años se ha atentado en contra del orden urbano”, expresó.
Invasores vienen y van
Cuando todavía no se resolvía por completo el primer conflicto, una segunda invasión llegó a los terrenos de la fundación.
Según consta en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIR/FIR-II/000949/2025, el 9 de febrero de 2025 el mismo grupo invasor, liderado en esta ocasión por José Guadalupe “El More”, realizó una segunda invasión, ahora en el terreno de 3.9 hectáreas.
En aquella ocasión, los agresores llevaban consigo armas de fuego y golpearon a dos elementos de la Policía Auxiliar que se encontraban resguardando la zona, quienes fueron secuestrados de manera exprés y posteriormente abandonados.
“Cuando se llevó a cabo la invasión llegaron en camionetas sujetos con chalecos, armados, secuestraron a los policías, los desnudaron y los fueron a dejar a Tlaxcala. La policía auxiliar levantó una denuncia”, manifestó González Schmal.
El proceso judicial en contra de “El More” no ha continuado debido a que no se ha presentado a sus audiencias ante el Tribunal Superior de Justicia, ya que ha argumentado problemas de salud y ha presentado incluso una constancia médica.
Sin embargo, tras una revisión de ese documento, se comprobó que era falso, hecho que fue reconocido por el médico que supuestamente había emitido dicho papel.
Una disputa que ahora alcanza los límites entre Puebla y Tlaxcala
Actualmente, los terrenos de la Fundación Julita y Antonio enfrentan una nueva problemática, después de que un grupo de personas encabezado por el empresario Carlos Talavera realizó la ocupación de una parte del área e instaló incluso un tianguis de autos.
El argumento utilizado por el empresario y por un grupo de personas se centra en que los predios que utilizan forman parte de Tenancingo, Tlaxcala.
“Apenas adquirimos el predio, tenemos un contrato de compraventa como muchos otros. Ya estamos solicitando todos los permisos en Tenancingo”, declaró en una rueda de prensa en agosto pasado.
Inclusive, señaló que los propietarios de los predios se encuentran preparando más de 100 amparos ante las acusaciones de despojo que se han hecho por parte de la fundación.
Sin embargo, a través de un recorrido realizado por MILENIO, se apreció que existe una distancia aproximada de 800 metros entre el fin del territorio poblano, donde se encuentra el tianguis de automóviles, y la entrada a Tlaxcala.
Inclusive, a escasos metros del tianguis de vehículos es posible apreciar publicidad de perfiles políticos, hecho que, de acuerdo con la información recabada durante el recorrido, refuerza la idea de que los terrenos se encuentran en Puebla.
Así, el conflicto por La Covadonga dejó de ser únicamente una disputa por la posesión de dos predios y se convirtió también en un enfrentamiento alrededor de los límites territoriales entre Puebla y Tlaxcala.
Vecinos alertan por los riesgos
El conflicto por la invasión de los predios de la Fundación Julita y Antonio ha dejado de ser un problema entre particulares para convertirse en un tema social, ante la preocupación que han expresado vecinos de la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza.
Esto se debe a que, con la última invasión, comenzó la construcción de un motel a tan solo unos metros de la escuela primaria Leona Vicario.
Una vecina que para esta nota adoptó el nombre de Rose expresó su preocupación por la edificación que se está llevando a cabo, toda vez que no se tiene certeza de que sea apegada a la ley y al considerar que puede generar un foco de riesgo para los menores de edad.
Por este motivo, consideró importante que desde la Secretaría de Educación Pública (SEP) también se intervenga, con la finalidad de evitar la operación de este tipo de establecimientos cerca de un colegio.
“Es pequeña la escuela, pero está cerca, he visto a niños caminando porque hay casas cerca, genera mucha inseguridad, no hay garantías de que lleguen bien a su casa”, expresó.
Por su parte, Juan, quien también es vecino de la colonia Agrícola Ignacio Zaragoza, señaló que se ha generado un mayor ambiente de inseguridad en la zona desde la llegada de los últimos invasores.
Esto, al indicar que se han presentado diversos casos de asaltos y robos de autopartes, por lo que pidió que las autoridades municipales tomen medidas, en primera instancia, para atender esos ilícitos y, en segunda, para frenar a los invasores.
“Desde que empezaron a invadir los predios se han suscitado demasiadas cosas como asaltos, a los vecinos les han robado autopartes. Estamos con el temor que con la invasión vaya habiendo peores cosas, necesitamos que nos apoyen”, manifestó.
Ambos vecinos coincidieron en que anteriormente la comunidad era un lugar tranquilo, en el cual todos convivían en paz, pero con las invasiones en los predios de La Covadonga han cambiado las circunstancias para mal.
Ahora piden al Ayuntamiento de Puebla dejar a un lado las omisiones en el tema y actuar antes de que la disputa por los terrenos termine por modificar, todavía más, la vida de quienes habitan en los alrededores.
CHM
