En algunas las calles, cámaras observan cada movimiento; en oficinas gubernamentales, miles de millones de pesos se destinan a estrategias para mantener la seguridad. La promesa de vivir en un entorno protegido impulsa un gasto creciente en tecnologías de vigilancia, cuerpos policiales y sistemas de control.
En nombre de la seguridad, gobiernos y autoridades han multiplicado su gasto en estrategias para controlar la violencia y el delito. La promesa de una vida más segura ha justificado inversiones millonarias en cuerpos policiacos, operativos y sistemas de control que, en teoría, deberían proteger a la población.
Pero, ¿cuál es el costo real de buscar vivir en un entorno seguro y sin violencia?
Más sobre la serie...
El gasto visible: presupuestos, tecnologías y estrategias de seguridad
En México, el gasto público en seguridad ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Tan solo en el periodo de administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, el presupuesto destinado a la seguridad pública creció en un 437% a causa de la denominada guerra contra el narcotráfico, acorde con datos del economista Gerardo Reyes Guzmán.
Pese a ello, reportes oficiales refieren que durante dicho sexenio (2006-2012) se registró un alza en el número de homicidios.
"Los homicidios en el ámbito nacional fueron creciendo a partir de 2007 y alcanzaron su punto más alto en noviembre de 2008. Lo anterior coincidió con los enfrentamientos criminales por el control de las rutas, especialmente en el norte del país", se lee en el artículo Gastos en seguridad y homicidios: los costos de la guerra contra el crimen organizado (2006-2012).
Actualmente, el dinero destinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ámbito de la seguridad ha disminuido, aunque Jorge Cano señala para México Evalúa que se ha mantenido un aspecto relevante: la inversión en las fuerzas federales para que continúe su participación en la seguridad pública.
Presupuesto destinado a las fuerzas de seguridad en 2025
De acuerdo con el PEF 2025, durante el primer año de administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se destinó a Defensa Nacional 151 mil 994 millones 950 mil 650 pesos mexicanos; lo que representa un recorte de más de 107 millones de pesos en comparación a los recursos aprobados en 2024.
A la Secretaría de Marina (Semar) se destinaron 65 mil 888 millones 744 mil 605 pesos; 12.1% menos que el año pasado. Mientras tanto, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se le otorgaron 70 mil 422 millones 173 mil 705 pesos.
¿Qué se entiende por tecnología de vigilancia?
Otro aspecto a tomar en cuenta es el reciente auge de tecnologías de vigilancia, así como su inversión en ello.
En México, el crecimiento de las tecnologías de vigilancia ha sido una de las transformaciones más visibles —y menos debatidas— del modelo de seguridad en las últimas dos décadas.
Bajo el argumento de combatir al crimen organizado y reducir la violencia, gobiernos estatales y federales han invertido miles de millones de pesos en infraestructura tecnológica destinada al monitoreo, la identificación automatizada y la recopilación masiva de datos personales.
Este auge se ha materializado en la instalación de centros de comando y control como el C5 y C4, redes de cámaras de videovigilancia con capacidad de reconocimiento facial, drones de patrullaje, softwares y bases de datos biométricos.
La inversión individual en seguridad
Rigoberto Soria Romo, profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara, señala que los costos de la inseguridad y la delincuencia se pueden dividir en distintos rubros:
- Existen gastos por anticipación del sector público, realizado por autoridades locales, que buscan prevenir los delitos.
- Los gastos erogados por empresas, individuos y autoridades a consecuencia de la comisión de delitos; es decir, posterior al crimen.
- Los gastos realizados por ciudadanos y empresas, con el fin de anticiparse a la delincuencia o protegerse de la misma.
En este último punto destacan acciones como:
"Cambiar o colocar cerraduras y candados, instalar alarmas o cámaras de vigilancia, reforzar puertas y ventanas, colocar rejas o bardas, comprar un perro guardián o contratar otro tipo de vigilancia y realizar acciones conjuntas con sus vecinos".
Para muchas familias mexicanas, pagar por su propia protección ya no es una opción, sino una rutina más del presupuesto doméstico. Se gasta por miedo, no por gusto.
Esta lógica, que traslada la responsabilidad del gobierno hacia el individuo, reproduce un modelo desigual donde quienes tienen más recursos viven más seguros, mientras que quienes no pueden invertir quedan más expuestos.
RMV.
