La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme una multa de 18.4 millones de pesos contra la minera Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, la cual fue impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por violar normas ambientales en 2022 y 2023, y que fue validada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente, desechó el recurso de revisión que interpuso la compañía, con el cual pretendía que el máximo tribunal estudiara el asunto.
“Se concluye que el presente recurso de revisión no daría lugar a fijar un criterio de relevancia para el orden jurídico nacional; de ahí que, como se dijo, no reviste un interés jurídico excepcional; por lo que se desecha el presente medio de impugnación.
“Se informa a la parte recurrente que, en contra del auto que desecha el recurso de revisión en amparo directo, no procede medio de impugnación alguno, por lo que causa estado por ministerio de ley”, detalla el acuerdo del presidente de la Corte publicado hoy en listas de acuerdos.
De acuerdo con el expediente, la Profepa impuso a la empresa cuatro multas por incumplimientos ambientales relacionados con el volumen de procesamiento de concentrado de cobre-molibdeno, el estudio de ruido perimetral y la operación de equipos y modificaciones que no estaban contemplados en la licencia vigente. También ordenó medidas de seguridad y correctivas.
El Tribunal Federal de Justicia Administratiav (TFJA) reconoció la validez de la resolución administrativa.
Contra la decisión, la empresa interpuso un amparo directo y entre otros puntos, argumentó que la suma de las multas rebasaba el máximo legal; que las pruebas no acreditaban el exceso de procesamiento ni el incumplimiento en materia de ruido; y que la actualización posterior de su licencia debía tomarse en cuenta.
El Tribunal Colegiado consideró infundados los argumentos. Estimó que las multas podían imponerse por separado para cada infracción; que la información aportada por la empresa no desvirtuó el exceso de procesamiento ni acreditó niveles de ruido dentro de la norma; y que la regularización posterior de los equipos no eliminaba retroactivamente una infracción constatada durante la inspección.
Por esta razón, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo.
LG