Jueces de Estados Unidos acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un día después de la tensión vivida cuando la togada Lenia Batres Guadarrama confrontó al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz.
Hoy, martes 10 de noviembre, la sesión estuvo marcada por la calma y Lenia Batres solo hizo uso de la voz para emitir sus votos. Los juzgadores del estado norteamericano de Illinois ingresaron al salón de plenos, tras decretarse un receso y observaron el funcionamiento del máximo tribunal de justicia.
Al reiniciar la sesión, Hugo Aguilar les dio la bienvenida y después le dio la palabra a la ministra Yasmín Esquivel Mossa para que expusiera su proyecto de sentencia, relacionado con una persona que fue acusada del delito de secuestro y que alegó que fue víctima de tortura.
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Propuesta de Yasmín Esquivel sobre secuestro
Al exponer el asunto, Yasmín Esquivel propuso revocar la sentencia de un Tribunal Federal que rechazó amparar al imputado.
Lo anterior, porque los magistrados no aplicaron de manera íntegra los criterios de la Corte sobre investigación de tortura y exclusión probatoria, ya que dieron por hecho que las formalidades judiciales eran suficientes para descartar que las declaraciones estuvieran condicionadas por amenazas previas.
La ministra sostuvo que el hecho de que una persona declare ante una jueza, conozca sus derechos y cuente con asistencia de un defensor no garantiza, por sí mismo, que su voluntad esté libre de coacción, cuando previamente denunció actos de intimidación.
Por ello, propuso echar atrás la sentencia y devolver el asunto al Tribunal Colegiado para que emita una nueva resolución, en la que examine si las amenazas denunciadas pudieron influir en las declaraciones judiciales que fueron utilizadas como pruebas de cargo.
“En el estudio de fondo de este asunto se propone declarar fundado el agravio, revocar la sentencia recurrida y devolver el asunto al tribunal colegiado porque no aplicó integralmente la doctrina de la entonces primera sala de la Corte, desarrollada en los amparos directos en revisión… que exige examinar si la coacción o tortura denunciada por el imputado afectó las declaraciones conservadas como prueba de cargo, aun cuando se hayan rendido posteriormente ante la autoridad judicial”, expresó.
Al respecto, el ministro Arístides Guerrero García señaló que la tortura constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos.
“Ninguna circunstancia puede justificar su utilización, mucho menos cuando se pretende obtener una declaración para acreditar la responsabilidad penal de una persona.
“Coincido con el proyecto porque establece que las formalidades judiciales por sí solas no garantizan que una declaración haya sido rendida. Es indispensable analizar si las amenazas o los actos de violencia denunciados pudieron influir en su contenido”, expresó.
El proyecto fue aprobado por unanimidad.
Aquí puedes ver la sesión
Caso de comunidad indígena llega a la Corte
En otro caso, la Corte ordenó al Congreso del estado de Morelos continuar con el trámite, durante el siguiente periodo ordinario de sesiones, para que concluya el procedimiento iniciado en diciembre de 2019 y emita una decisión definitiva sobre la creación del municipio indígena de Alpuyeca.
El asunto fue presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahfl, quien planteó amparar a la mencionada comunidad.
En 2012, Alpuyeca fue reconocida como comunidad indígena e incorporada al Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas de Morelos.
Sin embargo, años después, el 5 de diciembre de 2019, su Asamblea General aprobó la iniciativa para constituirse como municipio indígena y nombró un Consejo Promotor para presentarla ante el Congreso estatal.
Pese a que iniciaron los trabajos para analizar la propuesta, fue hasta noviembre de 2023 cuando el congreso señaló por primera vez la necesidad de realizar una consulta previa.
RM
