Policía

Ministra de la Corte propone avalar conservación de datos telefónicos y geolocalización en tiempo real

Plantea validar que concesionarios de telecomunicaciones estén obligados a conservar la información y entregarla a las instituciones de seguridad y procuración de justicia cuando se requiera.

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Una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) planteará declarar constitucional la reforma que ordena a los concesionarios de telecomunicaciones a conservar de manera obligatoria por 12 meses, los metadatos, registros de llamadas y datos de tráfico de comunicaciones de cada uno de los ciudadanos y entregarlos a las instancias de seguridad y procuración de justicia cuando así lo requieran, sin previa orden judicial.

El estatuto también obliga a los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, a atender estas peticiones, además de bloquear señales y permitir la geolocalización en tiempo real.

El 16 de julio de 2025, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el Decreto por el cual se reformó la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mismo que fue impugnado por una quejosa que promovió un amparo solicitando declarar inconstitucionales las fracciones I, II, inciso g, III, VII y VIII, del artículo 183.

La quejosa indicó que la reforma vulnera los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales, al imponer la conservación obligatoria, “masiva e indiscriminada” de metadatos, registros de llamadas y datos de tráfico de comunicaciones “sin sospecha individualizada ni autorización judicial previa”, además de que genera un efecto paralizador sobre las libertades de expresión y asociación al crear una “percepción de vigilancia permanente”.

Asimismo, dijo que se viola el derecho a la privacidad, a la protección de datos personales y al debido proceso, al permitir el acceso a los datos de geolocalización, en tiempo real, de los individuos sin autorización judicial.

Reforma no viola derechos

Mañana martes 17 de noviembre, María Estela Ríos González, ministra ponente, propondrá al Pleno de la Corte, declarar constitucionales las normas y negar el amparo.

En su proyecto explica que el artículo y las porciones normativas impugnadas prevén la obligación de los concesionarios y autorizados de conservar determinados registros y datos asociados a los procesos de comunicación.

“Dicha información se integra por datos vinculados a la prestación del servicio de telecomunicaciones y no por el contenido de las comunicaciones privadas. En consecuencia, la medida legislativa únicamente autoriza la conservación de información relacionada con el proceso comunicativo en los términos previstos por la propia ley”, menciona.

Recuerda que la ley persigue finalidades vinculadas con la seguridad pública, la procuración de justicia, y tiene mecanismos de control destinados a proteger la información de las personas usuarias.

“La disposición impugnada no obliga a las personas usuarias a generar, conservar, transmitir o entregar información a las autoridades. Por el contrario, regula el actuar de los concesionarios y autorizados dentro del ámbito de la actividad económica que desarrollan y bajo las condiciones establecidas por la ley, circunstancia que constituye un elemento adicional que debe considerarse al examinar su compatibilidad con los derechos a la privacidad y protección de datos personales”.

Combate de la delincuencia

Estela agrega que, en la exposición de motivos de la reforma se señaló que la información asociada a los servicios de telecomunicaciones constituye una herramienta necesaria para que las autoridades competentes en materia de procuración de justicia, prevención del delito y seguridad nacional ejerzan sus atribuciones y generen información útil para el combate a la delincuencia.

“En congruencia con esas finalidades constitucionales, las normas buscan dotar a las autoridades competentes de herramientas eficaces para prevenir, investigar y hacer cesar posibles delitos cometidos mediante servicios de telecomunicaciones. Si bien tales medidas inciden en los derechos a la privacidad y a la protección de datos personales, su propósito es proteger a la población frente a conductas delictivas que aprovechan las líneas telefónicas, los dispositivos móviles y otros medios de comunicación para la comisión de delitos”, apunta.

La togada puntualiza que la ley no establece mecanismos de vigilancia directa, monitoreo permanente o acceso irrestricto a las comunicaciones de las personas usuarias.

Geolocalización

En materia de geolocalización, considera que ubicar un equipo móvil en tiempo real no equivale a intervenir comunicaciones privadas.

Según el proyecto, la medida permite conocer la ubicación aproximada de un dispositivo relacionado con una investigación, pero no revela el contenido de llamadas o mensajes ni quiénes se comunicaron, con qué frecuencia o durante cuánto tiempo.

La propuesta estima que la geolocalización puede restringir temporalmente un derecho, pero no lo suprime de manera definitiva. Por ello, sostiene que la medida debe ajustarse al artículo 16 constitucional y a las leyes aplicables, con un mandamiento de autoridad competente que funde y motive la causa legal.

LG

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Rubén Mosso
  • Rubén Mosso
  • Egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Aragón, hoy FES Aragón (UNAM). Especializado en temas de juzgados y tribunales federales, además de la Suprema Corte y Fiscalía General de la República. Aficionado al cine y la música.
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