Año con año la historia se recuerda. La noche del 15 de septiembre de 2008 quedó grabada en la memoria colectiva de México como aquel día en el que la violencia del crimen organizado alcanzó una de las festividades más importantes del país: el Día de la Independencia.
Ocho personas sin vida y más de un centenar de heridos dejó un ataque con granadas de fragmentación realizado en la plaza Melchor Ocampo de Morelia donde el entonces gobernador, Leonel Godoy Rangel, encabezaba la ceremonia protocolaria desde el Palacio de Gobierno.
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A 18 años de aquel suceso, la herida no ha sanado. Por el contrario, a lo largo de más de una década, la falta de respuestas y de responsables por lo ocurrido aquella noche continúa dificultando el acceso a la justicia y a la reparación del daño de las víctimas. El panorama, obliga a no ceder ante el olvido.
¿Qué pasó el 15 de septiembre de 2008 en Morelia?
Poco después de las 11 de la noche, la algarabía de cientos de personas que se dieron cita en la capital michoacana en el marco de los festejos del Día de la Independencia se esfumó. En cuestión de segundos, el estruendo de al menos dos granadas de fragmentación en la plaza Melchor Ocampo desató el caos.
Crónicas de la época recuperadas de medios de comunicación locales refieren que el primer estallido fue percibido únicamente como un cohetón, mientras que el segundo terminó por aturdir y lesionar a gran parte de los asistentes de aquella noche.
El saldo del que fue tildado como un ataque terrorista por reporteros y analistas de seguridad fue de ocho personas sin vida y alrededor de 132 personas heridas, algunas de ellas perdieron extremidades de sus cuerpos.
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El hecho desató indignación a nivel nacional y una exigencia de justicia. El reto para la entonces administración de Felipe Calderón era dar con los responsables de aquel ataque. ¿La única pista? Los testimonios de sobrevivientes que aseguraron ver a un hombre de complexión robusta y playera negra lanzando uno de los explosivos a la plaza.
La situación era aún más complicada. México se encontraba inmerso en un interminable espiral de violencia como resultado de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno federal que fue conocida como La Guerra contra el Narcotráfico. El encare directo y feroz a organizaciones delictivas, sumado a las propias disputas entre cárteles, hizo de la ausencia de paz una constante en territorio mexicano y un reto para las pesquisas judiciales.
El montaje y la absolución de los responsables
La principal hipótesis que surgió sobre el caso apuntaba a una disputa que, en aquellos años, sotenían La Familia Michoacana y Los Zetas por el control de plazas clave en Michoacán. ¿El problema? Autoridades desconocían cuál de los dos grupos criminales en conflicto había estado detrás de aquellas granadas de fragmentación lanzadas en contra de población civil en Morelia.
Alrededor de diez días después de los hechos tres detenidos fueron presentados con bombo y platillo: Armando Javier Rojo Aguilar, José Martín Zarza Escamilla e Ignacio Moreno Aguilar. De acuerdo con información obtenida por la periodista Laura Sánchez Ley y plasmada en una entrega para DOMINGA, una llamada anónima advirtió a las autoridades el paradero de los tres hombres, quienes fueron localizados maniatados en una casa en obra negra incrustada en la sierra de Apatzingán.
Las primeras declaraciones de los tres detenidos sostenían una misma versión: aseguraron pertenecer a Los Zetas y haber aceptado participar en el atentado a cambio de 100 mil pesos. El objetivo, precisaron, era “calentarle la plaza a la Familia Michoacana”, en venganza por haberlos expulsado de algunos municipios clave en el estado.
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Pese a la confesión de los tres detenidos, su versión continuaba sin cuadrar y terminaron por cambiar su declaración meses después. Junto a sus respectivas defensas legales, los tres lograron demostrar cómo fueron privados de la libertad, amenazados y torturados para inculparse y sostener la primera versión de sus declaraciones.
Dicho tras dicho y evidencia tras evidencia, la resolución del caso culminó en una absolución y su liberación en mayo de 2015. Según detalló la periodista Laura Sánchez Ley, el abogado de uno de ellos señaló ante la prensa que todo se había tratado de una fabricación orquestada por Mario Arturo Acosta Chaparro quien en aquel entonces se desempeñaba como asesor de inteligencia del gobierno de Felipe Calderón.
¿Y la justicia para las víctimas?
La lucha contra el olvido
Hasta el momento en el que se escribe esta nota no se cuentan con reportes de detenciones o enjuiciamientos por los granadazos de Morelia. Se desconoce si alguna de las organizaciones delictivas mencionadas fue la responsable o si el ataque fue motivado por alguna otra cuestión.
Sin detenidos y sin responsables, la esperanza de las familias recae en una lucha contra el olvido. Desde aquel 2008, cada 15 de septiembre familiares y amigos de las víctimas se reunen a honrar su memoria a través de ceremonias, minutos de silencio, adornos florales y una exigencia de justicia que no se cansa.
En 2025, una crónica realizada por el periodista César Cabrera para MILENIO narró como sobrevivientes y familiares de las víctimas se reunieron a realizar una guardia de honor en la placa colocada alusiva al suceso entre veladoras y una bandera izada a media asta.
Dieciocho años después, el dolor sigue latente entre la población de Morelia cuyo 15 de septiembre cobró un significado diferente aquella noche de 2008.
ATJ
