La mayoría de los países de América Latina reconocen en su legislación el derecho a la salud, pero no siempre se especifica el sujeto obligado de garantizarlo. Lo común es ver leyes secundarias con derechos condicionados y México no fue la excepción.
Con la creación del Sistema Nacional de Protección Social en Salud en 2003 y del Seguro Popular como su brazo operativo y financiero, se buscó un seguro para la población abierta que brindara protección financiera y redujera la desigualdad social. Buenos propósitos que no se hicieron realidad porque en la práctica había cajas de cobro.
Desde el origen se estableció que el acceso al Seguro Popular no sería gratuito. La Ley General de Salud (artículo 77 bis, incisos 11-28) establecía un modelo de financiamiento tripartito por medio de subsidios del gobierno federal, las entidades federativas y los propios usuarios por medio de una cuota de afiliación que sería progresiva según el nivel de ingreso de cada familia.
Las familias con ingresos inferiores a los 27 mil 558 pesos trimestrales (deciles I al IV), así como aquellas con ingresos inferiores a 48 mil 670 pesos trimestrales (deciles I al VII), pero con al menos un niño nacido al momento de la incorporación o con una mujer embarazada, quedarían exentos de pagar su afiliación. Sin embargo, el resto tendría que pagar una cuota que iba de los $2,074 hasta los $11,378 , según el nivel de ingreso de la familia. La póliza tendría una duración de tres años.
Algo más: el Seguro Popular no cubría todos los padecimientos. Los servicios cubiertos correspondían a un paquete de 294 intervenciones médicas del Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) y a siete padecimientos de gasto catastrófico para adultos. Todo lo demás –como la cobertura de los tratamientos de diálisis y hemodiálisis que alcanzaban costos promedio de 250 mil pesos anuales– sería cobrado al paciente.
El cobro se daba también en algunas consultas: en promedio $167 pesos por una consulta de medicina familiar, $280 pesos por consultas de especialidad, $2,205 por cada sesión de hemodiálisis o $2,983 pesos por una cirugía menor dentro del quirófano. Además, el Seguro Popular no cubría enfermedades del corazón para mayores de 65 años o algunas enfermedades del hígado, tumores malignos y tipos de cáncer.
Al igual que en Dinamarca, donde el sistema de salud se basa en el principio de gratuidad y todos los ciudadanos tienen derecho a recibir atención médica y hospitalaria sin costo alguno, el nuevo sistema de salud garantiza el derecho a la salud sin ninguna condición y totalmente gratuito.
El 29 de noviembre de 2019 se reformó la Ley General de Salud en México y en su artículo 77 BIS se establece que corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud: Desarrollar, coordinar, supervisar y establecer las bases conforme a las cuales las entidades federativas y, en su caso, la Federación llevarán a cabo la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.
Se ha avanzado significativamente en la implementación del nuevo modelo. Pongo un ejemplo: Colima. Desde el 22 de junio del 2022 se instaló el Centro Estatal de Hemodiálisis con 14 sillones y 14 máquinas con servicios gratuitos donde antes se cobraba una cantidad de $638 pesos por cada sesión. Es decir, cada paciente en promedio gastaba $7,656 pesos al mes y hoy no tiene que gastar de su bolsillo.
Además, en los estados donde el nuevo modelo es ya la única institución pública que brinda atención a población sin seguridad social se han cerrado las cajas donde durante tanto tiempo los hospitales cobraban los servicios de salud. De esta manera con el IMSS Bienestar la salud es un derecho, un derecho completamente gratuito.
