Novela criminal. Así titula Jorge Volpi su brillante recuento de aquella mañana de 2005 en que fabricaciones, mentiras y tortura llevaron a prisión a Israel Vallarta.
Nunca mejor nombre.
El título recuerda lo que no debemos olvidar: que en México la realidad no solo supera la ficción, la rebasa. Y la sigue superando.
Casi 20 años estuvo preso Vallarta. Salió libre no porque el proceso estuviera plagado de fallas, no porque el montaje televisivo fuera grotesco, sino por algo aún más aterrador y grave: salió libre porque no existía prueba alguna de los delitos que se le imputaron.
Y aun así, líderes de la sociedad civil, columnistas y opinadores salieron a condenar su absolución. Lo quieren preso. Preso sin sentencia.
Cual villanos novelados, pero de una serie que no es ficción, repitieron: “Es un secuestrador señalado”, “había testimonios de seis víctimas”, “lamentable su liberación”.
No reparan en que buena parte de los elementos que llevaron a su captura fueron invenciones.
Y no, no solo fue trabajo de Jorge Volpi, quien con su pluma precisa y estremecedora develó las patrañas que llevaron a Vallarta a prisión. Fueron también las investigaciones de Anne Vigna, Emmanuelle Steels, José Reveles, Yuli García, Peniley Ramírez y hasta una serie de Netflix. Todos, piedra por piedra, levantaron la montaña de evidencia que mostró que el caso contra Vallarta fue un vil espectáculo. Una vil puesta en escena para entregar culpables.
La Suprema Corte de Justicia de la época, fiel a su pedigrí de élite, liberó a la francesa Florence Cassez, pero no así al mexicano Israel Vallarta, cuyo único pecado fue no contar con las herramientas para crear una crisis diplomática. Malinchismo judicial. Y mientras tanto, su vida en vilo.
Pero no hay que confundirnos. Hoy los villanos novelados de la sociedad civil y las columnas de opinión ya no son el problema. Ellos son apenas vestigios de un poder derrumbado que vocalizan desde las antípodas las mismas cantaletas que los llevaron a su debacle.
El problema real es quienes hoy detentan el poder y siguen sin cambiar de raíz el sistema que dio vida al caso de Vallarta.
El caso Vallarta existe porque policías, peritos, ministerios públicos, jueces, magistrados y fiscales no hacen su trabajo y, en vez de ello, se recargan en la prisión preventiva para vendernos una falsa ilusión de justicia. Y porque ambos, Calderón y Obrador, ampliaron las herramientas para el uso de tal espejismo.
Irónicamente, la ilegítima prisión preventiva ha terminado siendo la fuente de legitimidad del sistema de justicia, pues sin ella quedaría expuesta, de cuerpo entero, su brutal y criminal ineficiencia. Encarcelar inocentes se ha vuelto su salvavidas. La novela criminal que no es novela.
Por eso Vallarta es uno de miles. Uno de 2 mil presos federales que tienen más de 10 años esperando sentencia. Los “Vallartas” son el resultado de un sistema de justicia donde la prisión no es castigo, sino limbo infernal.
Por eso, hoy hago una propuesta a la nueva Suprema Corte, y en especial a Hugo Aguilar, próximo ministro presidente: limiten el uso de la prisión preventiva. Liberen a toda persona que haya estado en prisión más allá del tiempo máximo que la ley establece para recibir sentencia. Sean, de verdad, la corte del pueblo que dijeron que serían. Prueben que los “Vallartas” son cosa del pasado.
Lo contenido en este texto es publicado por su autora en su carácter exclusivo como profesionista independiente y no refleja las opiniones, políticas o posiciones de otros cargos que desempeña.
