Este miércoles se aprobó por el pleno del Senado mexicano la iniciativa de reforma constitucional conocida popularmente como plan B, con 87 votos a favor y 41 en contra.
La reforma originalmente plantea modificar cuatro artículos constitucionales y varios artículos de leyes generales, con el fin de reducir el dispendio en congresos estatales, órganos electorales y en el propio Senado de la República. De manera importante, proponía un cambio al artículo 35 de la Constitución, de modo que la consulta de revocación de mandato pudiera ser concurrente con las elecciones intermedias y no necesariamente, como dicta la constitución hasta ahora, se pueda solicitar sólo a partir de la conclusión del tercer año de gobierno del presidente o presidenta en turno. La aprobación de la iniciativa, sin embargo, no incluyó este punto específico y el artículo 35 quedará intocado, en su versión modificada en 2019.
El argumento esgrimido por los partidos de oposición, secundados por el Partido del Trabajo y el Partido Verde, para no modificar las fechas posibles de la consulta de revocación de mandato, es que hacerla concurrente con las elecciones intermedias redundaría en una ventaja ilegítima para el partido en el gobierno, pues la titular del Ejecutivo podría hacer campaña a favor de su permanencia en el cargo, y esto sesgaría el voto en los demás cargos de elección.
Hay que recordar que este mismo argumento fue el que se presentó en 2019, cuando la revocación de mandato entró en la Constitución y se reconoció, a partir de ahí, como el mecanismo para hacer efectivo el derecho del pueblo de México a remover a sus gobernantes en caso de perderles la confianza.
Las razones para proponer que esta consulta fuera concurrente con las elecciones federales son básicamente dos: primero, que esto supondría un ahorro en los recursos, tanto materiales como humanos, que se requieren para montar una elección a nivel nacional; y, segundo, que hacerlo también supondría un incremento en la participación ciudadana, con lo que sería más factible alcanzar 40 por ciento de participación que requiere la consulta para que su resultado se torne vinculante.
Ninguno de estos argumentos, sin embargo, tuvo más peso que el temor, de parte de los partidos de oposición y de los propios aliados de Morena, de que una elección concurrente con una consulta en la que se involucre el nombre de la Presidenta repercuta de manera positiva en el voto a favor del partido gobernante.
Si bien la atención mediática se ha centrado en el punto de la revocación de mandato, habría que analizar lo que sí aprobaron los partidos de la coalición PT-PVEM-Morena: el control del dispendio y la disminución de privilegios. Se trata de un capítulo más de la batalla en favor de la austeridad republicana, es decir, una visión de la administración de lo público que favorece la igualdad entre gobernantes y gobernados. Es importante tomar en cuenta que la austeridad, entendida de esta manera, no se reduce a medidas de ahorro, sino que implica una convicción política, que se resume bien en la máxima juarista “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.
En la concepción republicana, los asuntos de la nación son competencia de toda la ciudadanía y no un objeto esotérico al alcance de la experticia de unos cuantos. El dinero público se maneja con transparencia y reglas claras que impiden su acumulación en una casta de elegidos. Reducir y homogeneizar los costos dispares e injustificados asociados a los funcionarios electorales, los legisladores estatales y a los regidores municipales no es una cuestión sólo de ahorros, sino que deriva de un principio ético y político. En suma, lo que se juega en la aprobación de esta reforma no es una reducción de pesos y centavos, sino una postura política ante la naturaleza de lo público.
Algunos comentaristas insisten en ver “el revés” que sufrió la Presidenta al ver que su iniciativa fue aprobada con cambios mayores. Sin embargo, obvian dos batallas ganadas: primero, que a diferencia de discusiones previas, como las que ocuparon a la opinión pública en 2021 y 2022, en esta ocasión no se pone en duda que la consulta de revocación de mandato es un derecho ganado. La discrepancia de opiniones está en los detalles de su implementación y no en su reconocimiento. Segundo, que toda la discusión alrededor de las fechas de la consulta reconoce tácitamente o explícitamente la colosal aprobación de la presidenta Sheinbaum, superior actualmente al 70 por ciento. Quien, a pesar de esto se sigue viendo lo que sucedió el miércoles como un revés a la Presidenta y su proyecto, se está perdiendo el bosque por poner demasiada atención en los árboles.
